La Planificación Institucional (I)

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

En estos meses del año, por imperativo legal, nuestras instituciones públicas inician un proceso de análisis de sus presupuestos; todo lo referente a los ingresos y egresos de los recursos económicos; la forma de trabajar, los bienes y servicios, el recurso humano y toda la planificación y programación fundamental para la buena marcha y desarrollo futuro (en este caso por lo menos para el año siguiente: el 2017). De ahí que es importante tener claro e implementar una verdadera planificación por objetivos dentro de la estructura institucional llámese un Ministerio, Institución autónoma o semiautónoma y Municipalidades como el gobierno local de su cantón circunscrito. Las empresas e instituciones privadas y cooperativas también llevan a cabo un proceso de planificación.

Se señala que el concepto de planificación en América Latina fue introducido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con el fin de hacer buen uso de los recursos escasos y así promover el desarrollo de los países. Esta comisión es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, creado en 1948 a instancia del Consejo Económico y Social de la ONU y establecido en Santiago de Chile. En su tiempo, “los principales problemas que enfrentaban los países latinoamericanos podrían resumirse en lo siguiente: una significativa baja en el ritmo de crecimiento económico que condujo a muchos de estos países hacia el estancamiento económico y social; un insuficiente nivel de producción, un limitado nivel de inversión y escasez de recursos externos y, finalmente, una aceleración del crecimiento demográfico y reducción sustancial del ingreso percápita de los habitantes.

Sobre tales problemas la CEPAL propugnaba por la necesidad de lograr un reordenamiento del proceso de sustitución de importaciones de los países latinoamericanos, como medio alternativo para abrir paso al desarrollo industrial y a la generación de empleo, de tal manera que le permitiera a estos países mejorar su economía, especialmente en lo referente a la balanza de pagos del sector externo y a su situación social. De esta manera, y gracias a la influencia de la CEPAL en América Latina, la idea de planificar la acción del Estado había cobrado más relevancia en los medios técnicos y de gobierno, y ya para el año 1960 se da un primer paso importante cuando en Nicaragua se firma el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el cual el Gobierno de Costa Rica se adhiere en 1963 con la creación de la Oficina de Planificación Nacional, en cuyo nacimiento había influido también el Comité Interamericano de Alianza para el Progreso (CIAP).” (Planificación y Programación. Carlos Hernández Orozco. Págs. 21 y 22)

Ya desde la década de 1950 del siglo pasado, el diputado constituyente de 1949 y exrector de la UCR, Rodrigo Facio Brenes, impulsaba un sistema de planificación para Costa Rica; lejano de los dogmas ideológicos seguidos en ese entonces por la izquierda o la derecha; por ejemplo: “rechazará la receta soviética de rápida acumulación de capital a base de un sistema colectivista en lo económico y de inmisericorde dictadura en lo político.” Y “rechazará también la receta liberal clásica y ortodoxa, porque ya la probo y el resultado fue que se quedó a la zaga del desarrollo económico mundial.” (Revista de Ciencias Sociales de la UCR N°4-1959). En la actualidad, en nuestro país muchas veces se ha afirmado que no existe planificación real; que se vive de ocurrencias y que cada gobierno llega con su programa cuatrienal a establecer lo que consideran sus políticas públicas.

Uno de los problemas mayores es la falta de políticas de Estado, que logren enrumbar el desarrollo institucional y general del país. Es interesante lo que planteaba Rodrigo Facio de establecer un organismo central de planificación, con representación de los más significativos organismos públicos y privados relacionados con el proceso de producción, con capacidad técnica para formular planes económicos, y de capacidad jurídica para presentarlos a los organismos encargados por el ordenamiento legal de tomar las decisiones y ejecutarlas. En la actualidad, observamos que esta capacidad se perdió y que el gobierno de turno no tiene la potestad de convocatoria ni mucho menos de dirigir de forma contundente una real planificación.

Al principio la Oficina de Planificación adscrita a la Casa Presidencial; en coordinación con el Presidente de la República, tenía mayor peso; posteriormente cuando crearon el burocratizado Ministerio de Planificación y Política Económica se igualo con el resto de los ministerios y creo que fue un factor de pérdida de ese peso que tuvo al principio. La maraña institucional en que está actualmente asentado el Estado costarricense; se hace muy difícil programar las metas y menos a llevar a cabo una buena planificación. Cada quien tiene su propio feudo y no coordina nada y cree hacer a su leal saber y entender. Incluso con la entrada de las juntas directivas; cada rector o jerarca institucional tiene que pedirle permiso a todo el mundo para decidir y ejecutar una política pública.

El jurista Agustín Gordillo afirmaba que: “la planificación está destinada a producir efectos no sólo sobre la propia actividad del Estado, sino también sobre toda la economía del país y, por lo tanto, sobre toda la actividad de los administrados.” Esto es lo que está urgido el país; los ciudadanos y administrados ahora son más exigentes en que las obras se realicen en beneficio de todos y de sus comunidades. Los retos, planes y desafíos deben ir enmarcados hacia el objetivo final de lograr el bienestar de todos los ciudadanos, o de por lo menos la inmensa mayoría en un determinado territorio (ya sea barrio, distrito, cantón o provincia). Si no existe un ordenamiento en los procedimientos y planes delimitados, los resultados serían insuficientes y hasta se producen gastos de recursos de manera innecesaria. Se dice que se debe actuar de forma racional para obtener los resultados futuros (me parece que si se va a realizar una obra debe tenerse claro los costos económicos, el recurso humano, analizar las distintas alternativas, y la capacidad de acción y ejecución de los detentadores del poder.

Me parece que en nuestro país hemos pasado de una planificación centralizada; donde antes la Oficina de Planificación tomaba las decisiones en conjunto con el Presidente de la República; a una supuestas planificación en muchos casos más concertada o democrática; donde para tomar una decisión hay que conversar con los distintos actores productivos por ejemplo en materia agrícola o de transportes (se me viene a la mente toda la coordinación que se venía dando con las empresas de transporte colectivo para lograr la sectorización). Al final este plan o política pública no se ha puesto en práctica a nivel general etc.) Entonces, si mediante el Referéndum se decide la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; para redactar una nueva Constitución Política que renueva la actual de 1949; el tema de un Sistema Nacional de Planificación preciso debe ser de debate profundo y quedar de forma más clara; porque considero de suma importancia para lograr el desarrollo del país en todos los ámbitos (institucional, social, económico, de obras e infraestructura).

Hasta aquí con esta primera parte introductoria; de un tema fundamental; como es la planificación en Costa Rica; y que se hace necesario seguir conversando de ello. La ciudadanía percibe que no existe; que no hay claras políticas públicas; incluso de no se sabe el verdadero rumbo del gobierno de turno o de sus instituciones públicas. Por el momento en estos meses cada institución pública está inmersa en el análisis, implementación y aprobación de sus presupuestos ordinarios internos (instrumentos de planificación, conjunto armónico de programas y proyectos a realizar en un futuro inmediato. Programación financiera y detallada de un plan general. Op.cit. 220)