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Fernando Zumbado
Factores de orden externo e interno convergen en la formación del Sistema. En el orden externo, el llamado de Naciones Unidas para la gestión de la Agenda Habitat, cuyo propósito máximo era elevar la vivienda a un tema de prioridad social y políticamente.
Costa Rica tiene una activa participación, de hecho, en el Sector y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se recogen los dos grandes objetivos de la Agenda. En el orden interno, el agotamiento del INVU y sus estrategias para confrontar las crecientes necesidades sociales de vivienda y agravadas por la crisis de los setenta. Frente a ello se construye un amplio consenso social, que se traduce en un compromiso de la Administración Arias para construir 80 mil viviendas, cuya gestión demanda nuevos enfoques y nuevas fuentes de recursos. Pero además, se considera la vivienda un poderoso instrumento para la recuperación económica.
Este consenso social se recoge en la Asamblea Legislativa. La ley de creación del sistema partió de la iniciativa del ejecutivo, por medio del Ministerio De Vivienda Y Asentamientos Humanos y con la activa participación de la Asamblea Legislativa, donde el conocimiento y aporte de don Alberto Fait y don Rodolfo Méndez, entonces diputados, fue fundamental.
Desde el Ministerio se definían las políticas, las prioridades y los recursos financieros se administraban desde el Banco Hipotecario como entidad de segundo piso. Es decir el Banco no trataría directamente con las familias sino a través de las numerosas ventanillas de las entidades autorizadas. En un inicio las mutuales de ahorro y préstamo fueron claves y lo siguen siendo en la atención a la demanda por vivienda. El impacto más importante de las entidades autorizadas, fue la creación un amplia red de ventanillas con capacidad de atención de la demanda social de vivienda. Con ello, se rompe el centralismo del INVU.
En aquel año, 1986, se dieron invasiones de terreno sin precedentes , para hacerle frente a la situación se declaró emergencia nacional , se canalizaron recursos a través de la Comisión de emergencias y se ejecutaron muchas de las obras por medio de una comisión creada con ese propósito, La Comisión Especial de Vivienda. Posteriormente esa vía se cerró al presentarse un recurso que resultó en un pronunciamiento de la justicia , indicando que la ley de emergencias sólo permite declaratorias por eventos que tengan procedencia natural, como terremotos , huracanes , etc.
Viendo hoy la situación de los asentamientos en precario y las condiciones en las que crecen muchos de nuestros jóvenes, se justifica replantear los mecanismos con que cuenta el estado para hacer frente a esta realidad. Es una emergencia, y una modificación a la ley de emergencias que permita mayor flexibilidad, agilidad ante esta situación está más que justificada.
Merece señalar como un error actuar como si los precarios son responsabilidad exclusiva de los entes de vivienda. Para ser eficaces se requiere de una labor integral del estado que incluya las entidades claves que den oportunidades a las familias para salir adelante, educación, salud , seguridad y un largo etcétera. Hay que tener presente el peso de la migración en estos barrios.
Este programa debería concebirse como mejoramiento de barrios, con participación de las municipalidades y las comunidades. Involucrando a organizaciones de la sociedad civil, algunas ya activas en algunas localidades . Se debe de tratar con sentido de urgencia. Recientemente el Colegio de Ciencias Económicas hizo un estudio muy revelador sobre la falta de oportunidades de los jóvenes, y su creciente número que habita en precarios.
Sobre oportunidades de empleo los datos indican que los jóvenes entre los 18 y 24 años que buscan trabajo el desempleo es del 30.6%. Más alto entre las mujeres que entre los hombres.
El gobierno ha presentado un proyecto de ley que resultaría en la fusión de tres entidades ,el INVU, el Ministerio y el BANHVI.
Unir el ministerio y el INVU ha sido una idea que ronda ya por años. Y parece haber sido la idea original de las autoridades de vivienda. La inclusión del Banco surge de última hora y no parece ser lo más conveniente.
Muy rápidamente voy a mencionar cinco aspectos que hacen dudar de la viabilidad política de esta idea.
Hay graves problemas de inconstitucionalidad. Los análisis legales de diversos entes indican la imposibilidad de un ministerio de asumir los roles propios de una entidad autónoma. En particular, un ministerio no puede asumir la intermediación financiera propia de una entidad bancaria.
Se deroga la Ley del Sistema, la Ley Orgánica del INVU y otras, con la pretensión de trasladar sus funciones al nuevo Ministerio vía reglamento, sin que la nueva ley delimite aspectos como subsidio, beneficiarios, la administración de fondos como el FONAVI, el FOSUVI y el Fondo de Ahorro y Préstamo del INVU.
Al derogarse la Ley del Sistema se deja sin marco jurídico a las mutuales, virtualmente su cierre.
Finalmente, desde el punto de vista político, lo que el proyecto evidencia es la intención de una fuerte centralización de poder en la figura del Ministro y por extensión, en la Presidencia de la República. Esto supone un grave riesgo para institucionalidad democrática del país.
Dos aspectos finales. No dudamos en señalar que el proyecto señalado debe ser rechazado. Pero igualmente, somos conscientes de la necesidad de la actualización de los marcos jurídicos y estrategias para la atención de la demanda social de vivienda. Esto supone la tarea construir consensos, lo que supone, la necesidad de la convocatoria de todos los sectores y actores sociales que participan en estos temas.
– Exministro de Vivienda
