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Rubén Hernández Valle
Sin embargo, no dijo expresamente en que consistirá ese cambio, pues los que siempre han pregonado no son susceptibles de realizarse porque nuestro Constituyente fue muy sabio y estableció una cantidad importante de recaudos para evitar que mayorías transitorias antisistema, pudieran desmantelar nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
La II República nació en 1948 y curiosamente la I fue fundada en 1848, es decir, 100 años antes. Posiblemente, habrá que esperar hasta el 2048 para la fundación de la III.
La II República introdujo el Estado Social y Democrático de Derecho, aunque la parte social había empezado con la reforma constitucional de 1943. La Constitución de 1949 la consolidó y la fortaleció notablemente, universalizándola.
¿Cuáles fueron esos cambios institucionales, económicos, políticos que se introdujeron en 1949?
En primer lugar, se rescató, esperamos que para siempre, la libertad de sufragio con la creación de un tribunal electoral que es modelo mundial y ha servido de inspiración a numerosas naciones democráticas de América Latina.
Sabiamente se racionalizó el Poder Ejecutivo, el cual, en la Constitución de 1871, concentraba excesivos poderes, hasta en materia electoral. A partir de 1949 tenemos un Poder Ejecutivo limitado no sólo por sus propias funciones, sino también por la existencia de instituciones descentralizadas que se encargan de realizar las labores técnicas del Estado, por la autonomía política que gozan las Municipalidades, otrora apéndices del Poder Ejecutivo, por la creación de la Contraloría General de la República, como órgano independiente y contralor de la Hacienda Pública, la creación de la jurisdicción contencioso- administrativa para velar por la legalidad de la actividad administrativa, el fortalecimiento del catálogo de derechos civiles, políticos, sociales y culturales en favor de los habitantes de la República.
Además, se crearon los mecanismos de control político a cargo de la Asamblea Legislativa que anteriormente no existían. Y como cereza al pastel, se derogó el ejército como institución permanente.
Este tramado constitucional ha permitido la creación, a lo largo de 70 años, del ICE, INVU, AYA, IMAS, las redes de cuido, los Ebais, el TEC, la UNA, la UNED, el bono de la vivienda, el Banco Central dotado de autonomía, entre otros muchos logros institucionales, sociales y económicos. Gracias a esta concepción del Estado, el país ha progresado y sus habitantes tienen hoy uno de los promedios de vida más largos del mundo (82 años), cuando en 1950 era de solo 50 años.
Posteriormente, la Sala Constitucional vino a coronar el Estado de Derecho en 1989.
La futura Presidente y su gobierno, aunque quisieran, no podrían modificar las líneas basilares de nuestro Estado actual. Veamos: no podrán convocar a una Asamblea Constituyente por medio de un referendo para establecer la reelección presidencial sucesiva, como ocurre con su admirado modelo salvadoreño, además de que, si lo hicieran, la citada reforma constitucional no podría entrar en vigor pues ya la CIDH dijo que era inconvencional.
Tampoco podían convocar referendos para modificar la Constitución, pues para ello requerirían 38 votos. Por la misma razón, tampoco podín reformar la Constitución parcialmente a su antojo.
Asimismo, les será imposible modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia, pues para hacerlo, cuando los Magistrados les venza su respectivo período de nombramiento y soliciten su reelección, se requerirían 38 votos de la Asamblea para que aquella no opere automáticamente. Las dos veces que se intentó hacerlo, las respectivas iniciativas fracasaron.
Si no podrán controlar la Corte Plena, tampoco podrán incidir sobre la escogencia de los Magistrados del TSE, ni de los nombramientos del Fiscal General ni del Director de la OIJ. Tampoco podrán destituir anticipadamente a la Contralora General de la República. Tendrán que esperar el vencimiento de su período para nombrar a su sustituto, al igual que en la Defensoría de los Habitantes.
Por tanto, el modelo de III República que promueve el partido gobernante, que hunde sus raíces en el vigente en El Salvador, no es posible en nuestro país en esos momentos, pues sabiamente el Constituyente de 1949 estableció mecanismos de control político y jurídico que impiden desmantelar el Estado Social y Democrático de Derecho que consagró. Por tanto, la bukelización del país se archivará, esperamos que para siempre.
Las garantías individuales tampoco podrán ser suspendidas pues para ello requerirían de 38 votos en la Asamblea y no los tienen. Además, la suspensión de las garantías en determinados “barrios peligrosos “sería un absurdo lógico e injusto porque por tratar de controlar a 100 delincuentes peligrosos restringirían los derechos constitucionales de los restantes habitantes del barrio, los cuales no podrían ir a trabajar y ni siquiera salir de la casa. Habrase visto tontería más absurda.
Con los 31 diputados que eligieron, el partido gobernante sólo podrá nombrar el Directorio Legislativo y aprobar leyes ordinarias. Posiblemente, si por esta vía pretendieran modificar competencias constitucionales otorgadas a entes de control, como trataron de hacerlo con la CGR en el proyecto de Ley Jaguar, la Sala Constitucional los pararía en seco por medio de consultas legislativas de constitucionalidad, que estoy seguro que los partidos de oposición ejercerán en defensa de la II República, sus principios y valores, cuando fuere necesario.
Por tanto, la fundación de la III República es una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años. Lo que sí tendremos será una República de tercera clase
