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Desde hace décadas, la comunidad internacional ha promovido la solución de dos Estados como la vía para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La propuesta supone la coexistencia pacífica de un Estado israelí y un Estado palestino independiente, basado en las fronteras de 1967. Sin embargo, la realidad sobre el terreno y los desarrollos políticos recientes han hecho que esta solución sea cada vez más teórica y prácticamente inalcanzable.
La solución de dos Estados fue formalmente respaldada por resoluciones de la ONU, como la Resolución 181 de 1947 y la Resolución 242 de 1967, que abogaban por la retirada de Israel de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino. Inicialmente concebida como un marco negociador, esta opción ha perdido fuerza debido a la falta de implementación efectiva y a la creciente consolidación de hechos consumados en el territorio.
Uno de los principales obstáculos es la expansión sistemática de asentamientos israelíes en Cisjordania. Estos asentamientos, ilegales según el derecho internacional, fragmentan el territorio palestino, dificultan la conectividad entre comunidades y erosionan la viabilidad de un Estado contiguo. Carreteras controladas, barreras y zonas de acceso restringido convierten al mapa de Cisjordania en un rompecabezas que imposibilita una administración palestina coherente y soberana.
Jerusalén Oriental, que los palestinos consideran la capital de su futuro Estado, ha sido objeto de anexión de facto por Israel, con la construcción de barrios israelíes y la imposición de un control administrativo y militar absoluto. Esta situación no solo complica cualquier negociación territorial, sino que también plantea desafíos jurídicos: la comunidad internacional sigue reconociendo Jerusalén Oriental como territorio ocupado, pero el control efectivo israelí ha modificado profundamente la realidad demográfica y urbana.
La división interna del liderazgo palestino entre Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza ha debilitado la capacidad de negociar y administrar un Estado viable. Al mismo tiempo, Israel mantiene el control militar y civil sobre áreas estratégicas, incluyendo recursos hídricos, rutas de transporte y fronteras. Esta dualidad de control convierte la autoridad palestina en una administración limitada, sin soberanía real sobre su territorio.
Si bien la ONU y diversos actores internacionales han intentado mediar, la diplomacia ha fracasado repetidamente. El reconocimiento de Israel por potencias globales y la incapacidad de imponer sanciones significativas frente a la expansión de asentamientos han reducido la presión sobre Tel Aviv. La solución de dos Estados depende, en última instancia, de la voluntad de Israel y del compromiso real de la comunidad internacional, elementos que actualmente muestran limitaciones claras.
La población palestina dentro de Cisjordania y Gaza supera los 5 millones de personas, mientras que los asentamientos israelíes continúan creciendo. La coexistencia bajo estas condiciones genera lo que varios observadores califican como un régimen de apartheid: desigualdades legales, limitaciones de movimiento y discriminación sistemática que imposibilitan una plena soberanía palestina.
La acumulación de asentamientos, la anexión de facto de Jerusalén Oriental, la fragmentación territorial y la debilidad de las instituciones palestinas hacen que la solución de dos Estados sea hoy prácticamente inviable. El escenario futuro podría derivar en una reconsideración del modelo, ya sea hacia un Estado binacional con derechos civiles iguales o hacia alternativas de autonomía limitada bajo supervisión internacional. Lo cierto es que, mientras persistan estas realidades, la promesa de dos Estados independientes seguirá siendo una aspiración más teórica que práctica.
