La gestión pública y la reforma del Estado

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Durante las últimas décadas se vienen analizando y realizando estudios del planteamiento de una gran reforma del Estado; esto con el fin de lograr una mejor y eficaz gestión pública en las distintas instituciones; así como reformar la Ley General de la Administración Pública. Se ha informado que existen más de 330 instituciones públicas que conforman el aparato estatal. Es necesario uniformar las tipologías de la organización administrativa, lo que implica una reestructuración integral y que los servicios públicos realmente rindan sus objetivos; ya que en muchos casos hasta existe duplicación de funciones de una u otra manera. También deben abordarse temas fundamentales como son: la ética en la gestión pública; la contratación administrativa, la reforma a una serie de leyes discordantes o que se contraponen y que atentan contra una eficiente administración.

El Dr. Johannes Messner expresa el Estado significa: “La comunidad de un pueblo asentado sobre un determinado territorio, dotado del más alto poder de dominio, para la fundamentación completa de su bienestar general…Conjunto de organismos y autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la sociedad civil y la promoción de su bien común.” “De esta manera, tenemos que el Estado tiene una naturaleza social y humana, y que su razón de ser es la búsqueda del bienestar de la colectividad, por lo que se aparta de cualquier tarea y comportamiento que lleve al poder absoluto, arbitrario e ilegítimo.” (Informe sobre el Análisis de la propuesta del Gobierno para la Reforma del Estado. UCR.C.R. Serrano Rodríguez. Pág. 3).

En la Asamblea Legislativa el avance sobre reforma estatal ha sido muy lento; prácticamente son chispazos donde se realizan algunas reformas parciales a leyes e instituciones públicas que realizan la gestión pública; pero no se observa el interés de una reforma integral; que considero de suma urgencia y necesidad para el bienestar de la ciudadanía y la sociedad en general. Los cuestionamientos de incompetencia son constantes y recurrentes en muchas áreas del quehacer público; el despilfarro de los recursos públicos, la corrupción, etc.; y otras críticas de que en muchos casos han perdido el rumbo; preocupan a muchos ciudadanos y usuarios. Por eso el constante denigro a los funcionarios públicos; y la burocracia en general; por ser considerada ineficaz e ineficiente y otros calificativos; que hasta se pueden percibir de injustos.

Uno de los problemas que han salido a la luz pública en los últimos meses; con la aprobación de la Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; es que el Estado no es visto como uno sólo; sino más como constituido por diversas Repúblicas independientes alegando que poseen una “autonomía administrativa y financiera”; cuando en realidad los recursos público son de todo el pueblo costarricense; ya que el Estado debe estar al servicio de la búsqueda constante del bienestar de todo el país. El asunto es poner de acuerdo a todos los actores que pueden tener ideologías, expectativas, metodologías y hasta diagnósticos diversos; esto impone de principio una complejidad a la hora de abordar los problemas y soluciones entre esos mismos actores. El desarrollo social y económico implica proponer, planificar y ejecutar los programas de manera eficiente.

Recordemos que tenemos un sistema presidencialista y no parlamentario; sin embargo el “Multipartidismo” que vino para quedarse y se ve muy reflejado tanto en la Asamblea Legislativa como en el Régimen Municipal; donde los distintos partidos políticos representados deben ponerse de acuerdo para votar y aprobar las políticas públicas que se enrumben al verdadero desarrollo social y económico tanto del país en general como en los territorios respectivos (caso de las Municipalidades en sus respectivos cantones) El liberalismo mediante la representatividad toman los acuerdos por las grandes mayorías; así funciona en una democracia como la costarricense. Por eso; es fundamental defender la institucionalidad y legitimidad de los Órganos del Estado.

Algunos han afirmado que solo mediante una Reforma integral para una nueva Constitución Política es posible ordenar el Estado y sus poderes; que podría ser la única vía legal; no obstante sus detractores señalan que no es necesario una nueva Constitución (por cierto salió una resolución de la Sala Constitucional donde paraliza e impide la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Además señalan que la vía del Referéndum no se puede aplicar; y eso que el Tribunal Supremo de Elecciones había permitido dicha posibilidad conforme a la Ley, todo ahora se viene al suelo). Esto implica que todo el tema de la reforma del Estado volvería a la Asamblea Legislativa y ya sabemos que es complicado y las reformas parciales caminan a paso lento; pero es el costo de la democracia y nuestro Estado de Derecho; así como el respeto a la división de los Poderes de la República.

Con fundamento en lo anterior hoy más que nunca coincido en que: “Todo Estado es una organización gestada social e históricamente, sin embargo, la reforma del Estado ha sido concebida como la posibilidad de modificar la forma como organiza y estructura su actividad para hacer de él un ente eficiente y eficaz. La visión instrumental y técnica es la concepción predominante como son presentados los procesos reformadores del Estado y la administración pública, aun cuando el Estado como una relación social y política se ha venido transformando sin haber tenido de cambiar la normatividad jurídica. Pero, es con la normatividad como se pretende formalizar y perennizar los cambios efectuados en el quehacer público y estatal” (Op.cit. Págs 101 y 102).

Una decidida reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, podría colaborar en mucho en lograr una eficiente gestión pública, y toda la gama de los servicios y función institucional; dando las garantías ciudadanas y tener como supremo el interés general y las necesidades de los usuarios beneficiarios o administrados. Respetando estos principios constitucionales hacen del país un normado respeto al debido proceso; teniendo de manera clara las competencias de cada uno de los actores dentro de la sociedad. Solo así es posible el desarrollo social y económico; y que los recursos se reinviertan en obras e infraestructura y se otorguen de manera eficiente los servicios estatales.

En febrero del 2020; se eligen las nuevas autoridades municipales; dentro del marco de un Régimen Municipal que prácticamente en la Constitución Política tiene mucho de ejercicio de un Poder Público fundamental; la descentralización y el objetivo de garantizar el otorgamiento de mejores intereses y servicios locales como lo expresa el Código Municipal; es en aras de garantizar el bienestar de los ciudadanos y de avanzar hacia un desarrollo cantonal que procure una sostenibilidad y una calidad de vida para todos.