La economía centrada en el bienestar de la gente

Una propuesta ciudadana

Ricardo Castro Calvo (*)

Ricardo Castro

Como ciudadanos preocupados por el bienestar de nuestra sociedad, proponemos una serie de medidas que aspiramos que el gobierno implemente para construir una economía que esté al servicio de la gente.
El verdadero progreso de una nación se mide por el bienestar de su población, no simplemente por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o las ganancias corporativas.

Nuestro objetivo es crear consciencia para que el gobierno modifique su estrategia y procure una economía inclusiva, resiliente y sostenible que priorice el bienestar humano en todas sus formas.

Salud universal y de calidad

Proponemos fortalecer nuestro sistema de salud universal, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para que, garantice el efectivo acceso a todos los servicios de salud. Servicios de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Nuestro sistema debe ser financiado mediante una política fiscal progresiva, asegurando que quienes tienen más contribuyan de manera justa.

Es fundamental fomentar políticas de prevención y promoción de la salud, por medio de las clínicas regionales y los EBAIS, abordando desde la nutrición y el ejercicio hasta la salud mental. Es necesario invertir en programas comunitarios que promuevan estilos de vida saludables y prevengan enfermedades crónicas.

Ampliar la base de oferta y el control de precios de los medicamentos. Esto a cargo de la CCSS.

Educación inclusiva y de calidad

Pedimos que todos los niveles de educación, desde preescolar hasta la universidad, sean accesibles y gratuitos para todos. Esto incluye el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la mejora continua de la calidad de la enseñanza.

Es crucial fomentar la educación vocacional y técnica para que los jóvenes puedan acceder a empleos bien remunerados y con futuro. Los currículos deben adaptarse a las necesidades del mercado laboral, promoviendo la innovación, el emprendimiento y el cooperativismo. El inglés como segundo idioma debe ser impartido por profesores capacitados y otros traídos temporalmente del exterior, de países de habla inglesa como primer idioma, para generar una respuesta inmediata.

Es urgente utilizar la tecnología con apoyo del ministerio de Ciencia y Tecnología y virtualidad que se puede ofrecer a través de los canales de televisión y redes sociales a cargo de las universidades públicas, especialmente, la Universidad Estatal a Distancia, para atender los rezagos ocurridos por la pandemia del Covid-19.

La investigación debe ocupar un porcentaje significativo, en los presupuestos de las universidades públicas, para lo cual, se destinarán recursos frescos del presupuesto nacional y de ente internacionales que tienen como misión el fomento de proyectos y productos capaces de lograr el interés nacional e internacional.

Vivienda digna y accesible

Es esencial desarrollar programas de vivienda asequible que aseguren que todas las familias puedan tener un hogar digno. Énfasis en las personas jóvenes que recién inician su vida independiente y sus primeros trabajos. Esto implica la construcción de viviendas sociales y el subsidio a la compra o alquiler de viviendas.

Se deben implementar y priorizar proyectos de regeneración urbana que mejoren las condiciones de vida en las áreas más desfavorecidas, creando espacios seguros, verdes y habitables.

Es necesario dar un salto administrativo, para reformar el sistema nacional de vivienda y reagrupar con un sentido lógico, el Banco de la Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) e involucrar las mutuales y cooperativas de vivienda, en programas de cobertura amplia y no sólo individual.

Trabajo decente y justo

Es importante promover la creación de empleos dignos y bien remunerados a través de políticas que incentiven la economía local, el apoyo a pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversiones sostenibles. El turismo y la agricultura verde deben ser prioridad nacional. Se debe garantizar que todos los trabajadores tengan derechos laborales básicos, incluyendo salarios justos, seguridad en el trabajo y la posibilidad de sindicalizarse, cooperativizarse o asociarse.

Protección social integral

Proponemos fortalecer la red de seguridad social que proteja a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, como el desempleo, niñez, la vejez, la enfermedad o la discapacidad. La red de cuido que facilite el ingreso de las mujeres a la vida laboral sin tener que abstenerse por razones de vigilo de los suyos. Esto incluye pensiones dignas y subsidios adecuados.

Implementar programas de apoyo a las familias y la infancia, asegurando que todos los niños tengan acceso a servicios de cuidado y alimentación y que las familias reciban el apoyo necesario para criar a sus hijos en un entorno seguro y saludable.

Participación ciudadana y gobernanza inclusiva

Es necesario fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones, asegurando que las políticas públicas reflejen las necesidades y deseos de las comunidades. Se deben crear plataformas de participación ciudadana y fortalecer los mecanismos de consulta y diálogo.

Es esencial garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones gubernamentales, promoviendo una gestión pública eficiente y ética.

Centrar la economía en el bienestar de la gente no solo mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que también construye una sociedad más justa, equitativa y resiliente.

Una economía orientada al bienestar es no solo deseable, sino necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI y asegurar un futuro próspero para los costarricenses.

Esta propuesta promueve una economía centrada en la gente, priorizando la calidad de vida y la equidad.
A través de políticas de salud, educación, vivienda, trabajo y protección social, junto con una gobernanza inclusiva, se asegura que cada ciudadano tenga las oportunidades y los recursos necesarios para vivir una vida plena y satisfactoria.

San José, 16 de julio de 2024.

(*) el autor es licenciado en derecho y doctorando en gestión pública y ciencias empresariales.

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