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Memorias
Alfonso Campos
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La Prensa, fundada en 1926, denunció en su portada impresa del 12 de Agosto del año 2021 que «la dictadura», en alusión al Gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, «retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad».
“Una vez más, la dictadura Ortega Murillo (la vicepresidenta Rosario Murillo) nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en la edición impresa, pero no nos callarán”, indicó el periódico de mayor circulación.
Un allanamiento orquestado
El trámite para importar insumos fue relativamente normal hasta antes de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el Gobierno. Las revueltas fueron neutralizadas con violencia, como han denunciado organismos de Derechos Humanos. Los medios de comunicación se volvieron claves para documentar la represión y el Gobierno se enfiló contra las redacciones. Confiscaron los equipos del canal 100% Noticias y Confidencial; a los dos diarios nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, les impuso un largo bloqueo aduanero. El Nuevo Diario no resistió la falta de materia prima y en septiembre de 2019, tras 40 años de circulación, cerró definitivamente.
El Gobierno trasladó todo su aparato mediático a la redacción de La Prensa para dar cobertura al allanamiento. Los reporteros oficialistas difundieron imágenes mostrando unos rollos de papel, acusando al diario de mentir sobre la escasez de materia prima.
“Circula un vídeo de los medios oficialistas donde muestran las bodegas de La Prensa y aseguran que sí hay papel para imprimir el diario y que La Prensa miente. Que alguien les ayude a distinguir el papel para un periódico y el que es de imprenta. ¡Liberen el papel!”, fustigó la periodista Dora Luz Romero, editora de la edición digital.
Los despidos, que representan el 60% de los empleados, se dan 33 días después de que la Policía nicaragüense tomara la redacción, detuviera a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, y las autoridades congelaran las cuentas bancarias del diario. “Esta situación nos obligó a tomar la dolorosa decisión de reducir nuestro personal para operar solo con la cantidad suficiente para continuar informando desde nuestro sitio web y garantizar la supervivencia de la empresa en medio de un ambiente hostil que nos ha impuesto la dictadura”, ha afirmado la junta directiva de La Prensa en un comunicado publicado en su sitio de Internet.
Tras el cierre del periódico El Nuevo Diario en septiembre de 2019 “debido a circunstancias económicas, técnicas y logísticas”, La Prensa, con más de 90 años de existencia, se mantuvo como el último diario crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, quien buscaba reelegirse nuevamente en los comicios del 7 de noviembre del año 2021.
El cierre de la Revista “Confidencial”
La policía asalta por tercera vez la redacción de la revista “Confidencial”. Reporteros de agencias internacionales que cubrían el hecho fueron arrestados.
El Diario asegura que los 17 meses de retención de las materias primas lo afectaron también económicamente debido al elevado costo que conllevó la circulación durante esos meses y a la reducción de la cantidad de hojas en circulación, “lo que provocó fuertes pérdidas económicas a esta empresa” informó el Diario.
Para desbloquear la materia prima de ese primer lote tuvo que intervenir el Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, así como varios organismos internacionales.
La SIP repudió la confiscación y el cierre de la revista Confidencial
Se trata del más reciente golpe del régimen contra la prensa independiente de Nicaragua, tras el segundo allanamiento a la redacción de la revista Confidencial y la orden de captura de su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica.
El periodista Chamorro ha denunciado en un programa de radio que al momento del allanamiento estaba en la redacción un camarógrafo del medio, Leonel Gutiérrez, quien fue apresado por la policía. Gutiérrez fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, que han sido denunciadas como centros de tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí permaneció durante seis horas y luego fue trasladado por los oficiales hasta su casa, según medios locales.
Chamorro ha señalado directamente al presidente Ortega de esta nueva acción contra la revista Confidencial, un medio de periodismo de investigación que ha estado en la mira del Gobierno desde que Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007.
La primera acción contra el equipo periodístico de Confidencial se registró en 2008, cuando la policía allanó la redacción, acusando a Chamorro de triangular ilícitamente fondos y de lavado de dinero. El asalto más violento se produjo en diciembre de 2018, cuando fue confiscada la redacción de la revista.
Varios reporteros denunciaron en redes sociales que la policía también apresó a periodistas que cubrían el hecho, entre ellos corresponsales de agencias internacionales. En la zona también estaba el colaborador de EL PAÍS en Managua, Wilfredo Miranda, que en Twitter narró así el asalto: “La policía se lleva presos a mis colegas de prensa internacional, de EFE Noticias y yo escapé de ser apresado. Con total violencia nos arrinconaron y arrebataron celulares. Mi colega René Lucía fue perseguida y agredida. Cómo éramos varios periodistas, no pudieron apresar a todos porque nos dispersamos. Un policía de civil dirigía a los antimotines”.
Actualmente seis periodistas y directivos de prensa están cumpliendo condenas en Nicaragua, entre ellos Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que cumple una sentencia de 9 años.
Igualmente, Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y miembro del directorio de La Prensa (8 años); Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio de La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (9); Miguel Mora, fundador, propietario y ex director de 100 % Noticias (13); Miguel Mendoza, periodista deportivo (9), y Jaime Arellano, comentarista político (13 años).
Otros tres periódicos nicaragüenses cerrados
Pero el caso de ‘La Prensa’ y “Confidencial” no es el único. El 27 de septiembre de 2019, “El Nuevo Diario”, con 39 años de existencia, anunció su cierre definitivo debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas que enfrentó desde 2018. «Por ese bloqueo que nos ha hecho el Gobierno, llegará el momento en que quizá no podamos imprimir periódicos», declaró entonces Douglas Carcache, director editorial.
“El Nuevo Diario”, propiedad de un banquero local, cerró junto al “Diario Metro” y “QHubo”, otros dos medios de comunicación de menor circulación que pertenecían a ND Medios, afectado también por la situación en el país centroamericano.
Nicaragua vive una crisis social, política y económica con raíces en el año 2018, cuando estallaron multitudinarias protestas antigubernamentales. Su posterior represión dejó un saldo de 326 muertes que aún no han sido esclarecidas, así como el exilio de más de 100.000 personas por motivos políticos y económicos, según organismos internacionales.
Daniel Ortega, que se reeligió en las elecciones de noviembre del 2021 para un cuarto mandato consecutivo, ha enviado a prisión a 32 opositores, entre ellos a siete aspirantes presidenciales a quienes acusa de «lavado de dinero» y de «traición a la patria».
Cierre del Diario Trinchera de la Noticia
La Sociedad Interamericana de Prensa se refirió a la situación del portal “Trinchera de la Noticia”. La Policía Nacional ocupó el local y retuvo todos sus bienes, según denunció la directora del sitio, María Alicia Talavera.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la confiscación del portal nicaragüense “Trinchera de la Noticia” y señaló que se trata del cuarto medio oficialmente clausurado en ese país como consecuencia de las “acciones hostiles del gobierno de Nicaragua”.
La SIP, con sede en Miami, subrayó que esta arremetida contra la prensa independiente es una “represalia por sus críticas al régimen”.
Una resolución del Poder Judicial disolvió la sociedad de Trinchera de la Noticia y la Policía Nacional ocupó el local y confiscó todos sus bienes, según denunció la directora del sitio, María Alicia Talavera.
El medio fue sancionado “por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta”, según la resolución.
“Se trata del mismo procedimiento amañado, amparado en un sistema judicial sin independencia y sumiso al poder político, utilizado para cerrar el canal 100 % Noticias, el diario La Prensa y Confidencial, y condenar a seis periodistas”, indicó Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
“Reafirmamos lo expresado en la Declaración sobre Nicaragua en la que 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa nos comprometimos a luchar de forma conjunta a favor de la vigencia de las libertades de expresión y de prensa en el país y contra la dictadura de Nicaragua”, aseveró por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información de la SIP.
Entre otras acciones, la declaración de la SIP pide a los organismos multilaterales condicionar el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos, e insta a devolver las instalaciones a los medios confiscados.
La SIP también reclama la reapertura de los medios clausurados, que se permita el regreso de los periodistas desde el exilio y se ofrezcan garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
Desde el estallido social de 2018 contra el régimen, más de 120 periodistas partieron al exilio y más de 20 medios locales han cerrado.
Según la SIP, los que continúan funcionando han denunciado persecución, presiones económicas y cibernéticas; entre estos, los canales 10 y 12, Radio Corporación, Radio La Costeñísima y los portales Actualidad con Dino Andino y Nicaragua Investiga.
Periodismo en crisis en Nicaragua
Apenas un mes después del retorno de Ortega, la vocera del gobierno y esposa del mandatario, Rosario Murillo, estableció la llamada “Estrategia de Comunicación”.
Para lograr esa pureza, dijo, informarían únicamente por los medios autorizados por el gobierno sandinista. Desde entonces, se prohibió el acceso de la prensa independiente a conferencias de instituciones estatales e incluso a los eventos de los poderes del Estado.
Por otro lado, el oficialismo ha dicho que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, no obstante, ha advertido que “no se puede desde un medio difamar a quien sea”.
En ese sentido aprobó una Ley de Ciberdelitos, la cual impone cárcel a quien el gobierno considere que “emita noticias falsas o que causen angustia o zozobra en la población”.
La Fundación Violeta Chamorro, que defiende la libertad de prensa en el país centroamericano, ha documentado 1.378 agresiones contra periodistas y medios desde abril del año pasado y hasta el pasado julio. «Son tiempos difíciles para el periodismo independiente», dice desde Managua, Guillermo Medrano, coordinador del área de derechos humanos del organismo. «No esperábamos tanta represión contra los medios de comunicación. Para este Gobierno son testigos incómodos: busca no solo censurarlos, sino clausurarlos a cualquier costo».
Mientras cierran la prensa independiente la familia Ortega Murillo invierte en medios de prensa
A partir de la derrota, en la década de los 90, los Ortega Murillo dejaron de depender económicamente del partido FSLN y empezaron a construir su patrimonio. Rafael, el hijo mayor de la pareja presidencial, surgió como la figura “encargada de mover y administrar el dinero”.
Según una investigación del periódico digital nicaragüense Confidencial, con información de los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y del Registro Mercantil El conglomerado empresarial de la familia presidencial es manejado por un círculo estrecho de 18 ejecutivos y cinco abogados, parientes o cercanos la familia presidencial.
El conglomerado de empresas de la familia Ortega Murillo abarca los sectores de petróleo y energía, comunicaciones, bienes raíces, publicidad, servicios y fundaciones, que generalmente funcionan como monopolio o tienen al Estado como su principal cliente. Varias de estas empresas y sus ejecutivos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Quizás el rubro más visible hasta ahora sea el de las comunicaciones, por la presencia de los hijos de la pareja presidencial al frente de empresas como Canal 4, 8, 13 y en radioemisoras como la Sandino y Variedades, entre otras.
Juan Carlos Ortega, otro hijo de Ortega Murillo, es director del canal TN8 y también sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. En este canal, fue adquirido en 2010 con 9.7 millones de dólares provenientes de la cooperación estatal venezolana invertida en Albanisa.
En el esquema financiero resulta esencial la participación de Yadira Leets Marín, la exesposa de Rafael Ortega Murillo. En 2015, Yadira Leets Marín era la presidenta de CODISA, una sociedad integrada por las radios Sandino, La Tuani, Futura, Clásica y Viva FM. Por otro lado, Rafael figuraba transitoriamente como accionista mayoritario de Radio Ya en 2015, gerente de Viva FM en 2010 y accionista mayoritario de la sociedad Radio Stereo Variedades hasta septiembre de 2018. Rafael Ortega Murillo opera como un fuerte empresario radial, mientras sus hermanos dirigen los canales de televisión abierta (4, 8, y 13).
¿El Canal 6, es estatal o está controlado por la familia Ortega Murillo?
El manejo opaco de los bienes estatales se confirma en el Canal 6, identificado como una televisora del Estado que apuesta por la educación. Sin embargo, la investigación del diario Confidencial confirma que el canal estatal opera bajo la sociedad anónima Negocios Publicitarios Internacionales, S. A. (NEPISA), controlada por dos allegados a la familia presidencial: el abogado Enríquez Moncada y Eduardo Morales Cuadra.
Un convenio de colaboración entre Canal 6 y Canal 44, de la Universidad de Guadalajara de México, reveló que NEPISA actuaba como representante de Canal 6, La Presidencia nunca ha explicado la relación de Canal 6 con NEPISA, aunque un decreto ejecutivo indica que la televisora estatal se encuentra bajo su responsabilidad desde 2012.
Tamara de los Angeles Escobar Velásquez firmó el convenio por NEPISA. Ella figuraba hasta 2019 como dueña de la mitad de las acciones de esta sociedad y es también gerente de Viva Nicaragua Canal 13, otro de los canales dirigidos por hijos de la familia presidencial.
Carlos Enrique “Tino” Ortega codirige Canal 4, junto con su hermano Daniel Edmundo, aunque no figura tampoco entre los actuales socios, pero lo fue en el pasado y figuró como apoderado administrativo hasta mediados de 2018.
Maurice, Luciana y Camila son los directores de Canal 13, financiado con fondos estatales, aunque sus nombres no aparecen en las escrituras de la red empresarial.
Fuentes consultadas: Revista Confidencial, EL PAIS, BBC News
– Alfonso Campos es el creador del sitio en la Web de memorias.cr un espacio dedicado al análisis de la Historia
