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Oscar Arévalo Solórzano
Recientemente el presidente de la República, mal aconsejado por un aventurero político al que llaman candidato serial, ha propuesto una quimera a lo Bukele, para, según ellos, saltarse con garrocha las funciones del Primer Poder de la República y de los órganos de control.
Mucha gente buena se ha “ido en la finta”. Claro, ¿Quién podría estar en contra de la democracia y la participación ciudadana? Incluso un viejo político como Ottón Solís, que no es la primera ocasión que le ríe las gracias al populismo criollo, salió dando su apoyo a la idea.
Pero primero sentemos algunas bases para que la demagogia populista de los excandidatos fracasados, no nos enrede.
Primero, Costa Rica no tiene el sistema suizo. Su institucionalidad, producto de su propia historia, es muy diferente al suizo. Su Constitución y organización republicana, totalmente distintas. Nutridas de distintas fuentes históricas y doctrinales.
De hecho, Suiza es un fenómeno sui-géneris en Europa y en el mundo en general.
Segundo. El referéndum es un recurso extraordinario, reservado para los grandes temas. Un ejemplo paradigmático fue el llamado Brexit. Cuando los británicos votan, si el Reino Unido debe de salir del mercado europeo o no.
Por eso, si se ve con detenimiento, nuestra ley de referéndum está redactada, como si el legislador pensara que se iba a consultar un tema a la vez. Sólo extraordinariamente se acumularían los temas si hubiese choque de peticiones por grupos distintos. Claro que tampoco tiene una prohibición expresa para hacerse. Pero, no estuvo pensado inicialmente de esa forma.
Tercero. La Constitución Política tiene un diseño, según el cual, cada poder de la república tiene una función específica, y existe la separación funcional de estas funciones para un juego de control, de pesos y contrapesos. Según las definiciones clásicas de democracia, cuyas concepciones generales aún no han resultado superadas. Ni se ha encontrado una formula de gobierno mejor a este diseño. Al menos en Occidente.
Dado lo anterior es claro que nuestra Constitución asigna una serie de funciones esenciales a nuestro Poder Legislativo. Entre ellas, la correcta promulgación de las leyes y el control político. Ambas fundamentales en el equilibrio democrático. En la Asamblea Legislativa, se analizan los proyectos de ley, no sólo desde un punto de vista político, sino además técnico, asegurándose de su correcta redacción desde el punto de vista técnico, (según la materia) y jurídico. Así como su armonización con el resto del sistema jurídico, que, no deja de ser complejo.
Pese al desprestigio, los chistes o la desinformación, en el Parlamento se estudian los proyectos de ley, (se tiene un departamento especializado conocido como Departamento de Servicios Técnicos que, se encarga de su análisis puramente técnico, lejos de consideraciones político-ideológicas. Los asesores legislativos políticos de los legisladores hacen también las consideraciones técnico-políticas y en las comisiones se hace un zarandeo y se somete a prueba cada proyecto, con audiencias a la sociedad civil, a entes del Estado y con consultas a órganos técnicos externos a la Asamblea. Y aún así, a veces pueden ocurrir errores, como ha ocurrido.
Por otro lado, está la función de “control político”, que no sólo se ejercita sobre las acciones de Gobierno, sino además sobre sus iniciativas de ley. Ese es el balance que ha permitido a nuestra democracia mantenerse sólida por tantos años.
Estas son funciones esenciales.
En cambio, el referéndum y las consultas directas, en un sistema como el nuestro, -que no es el suizo- es un mecanismo extraordinario. Que debe de usarse para «grandes» temas. Temas definitorios. No para tratar de «brincarse» con garrocha la institucionalidad: Asamblea, Sala Constitucional, y los órganos de control como la Contraloría, etc… Yo pienso que lo primero es comprender eso.
Pretende utilizar el referéndum cual sombrero de prestidigitador, para evitar el examen cuidadoso de los temas, de su legalidad, de su constitucionalidad y de su probidad técnica, puede resultar muy peligroso y un uso abusivo y desviado de la función del Instituto jurídico democrático del referéndum. Esto podría atentar contra el buen concepto de democracia. Y es importante alertar sobre esto. Recalco, utilizar el referéndum para hacer desaparecer los controles sobre proyectos de ley en los que están en juego mucho dinero público, asuntos técnicos muy complejos y especializados, es un uso que va más allá de los fines de este instituto jurídico.
Así pues, el primer referéndum debería darse en la opinión pública. Y la pregunta debería ser: ¿Estamos de acuerdo en “charralear” la figura del referéndum? ¿Con que cada gobierno de turno lo utilice para brincarse los controles democráticos y el juego de pesos y contrapesos? Y con ello iniciar el deterior de nuestro equilibrio constitucional. ¿Estamos de acuerdo en la charralización de nuestra democracia para que los “vivillos” se brinquen los controles institucionales? Ese es el debate.
En democracia, los procedimientos son garantías y son tan importantes como el derecho de fondo. Dejarse enredar por una idea populista de democracia, no es lo más saludable para nuestro país que, por años ha gozado de paz social, gracias al respeto del buen derecho.
Abogado
