Jóvenes y desempleo

Andrea Muñoz Argüello

Hace unos días, leyendo en redes sociales las publicaciones de ofertas laborales me sentí muy preocupada de los requisitos que se solicitan para acceder a cargos técnicos y en algunos casos profesionales, que requieren las empresas o instituciones del sector público para completar sus equipos de trabajo.

Entre las publicaciones, la de un colegio profesional en la que se indicaba “técnico o bachiller profesional” y con 2 años de experiencia” para asumir como “encargado”, o de un centro médico privado “profesional bachiller, indicar aspiración salarial”, o de un puesto temporal en una empresa de distribución de energía “bachiller profesional con 2 años de experiencia, preferiblemente con conocimiento en…. (etc)”.

Y así podría seguir con el detalle de las publicaciones, que de una u otra forma establecen requisitos y talentos profesionales de diferentes perfiles académicos. Lo cierto es, que la situación de la económica nacional, impactada severamente por la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas adoptadas a nivel mundial y local para contener esta pandemia deben hacernos llamar a la reflexión, la prudencia y a la meditación de los atestados que se solicitan, así como la experiencia profesional acumulada, principalmente pensando en las personas jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

Parece que la normativa de la Ley general de la persona joven, N.º 8261, respecto de los derechos de las personas jóvenes y su derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y una remuneración justa, sigue siendo una aspiración que como Estado anhelamos.

De acuerdo con las estadísticas del INEC, para setiembre del 2020, el incremento en la pobreza coincide con un fuerte aumento del desempleo, el cual creció en 10,6 puntos porcentuales, respecto al III trimestre del 2019, alcanzando el 22,0%, lo cual, genera gran desigualdad y una mayor incertidumbre para la población de personas jóvenes que no logra acceder a un trabajo digno y de calidad. Las nuevas generaciones puedan aportar a la recuperación del país, tienen entusiasmo, se han formado y se requiere su aporte, pero para ello necesitamos un acuerdo nacional de parte de los empleadores para garantizar la posibilidad de incorporar a la fuerza de trabajo a las personas jóvenes.

Esa concordancia entre la oferta y demanda debe ser consecuente con los perfiles laborales de los puestos de trabajo, haciendo que las búsquedas se adecuen para que las personas jóvenes puedan adquirir experiencia profesional y crecer con la institucionalidad de este país, haciendo que el relevo generacional fortalezca la evolución del mercado laboral, el desarrollo empresarial y la reactivación e impulso del sector productivo.

Costa Rica reconoce como derecho fundamental la participación de las personas jóvenes en diversas maneras en la sociedad, tener un trabajo digno es uno de ellos, así como un salario justo de conformidad al salario mínimo de acuerdo a la ocupación fijado vía Decreto Ejecutivo, por el Ministerio de Trabajo y los que le confieren los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema, porque como país no podemos incitar vectores de la informalidad y, por ende nos corresponde como sociedad emprender acciones propositivas para que se ejecuten las leyes y las políticas públicas para los jóvenes.

– Abogada y notaria