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La pandemia de COVID-19 es una conmoción inédita, de duración incierta y consecuencias catastróficas que, si no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe. Aunque la crisis requiere una acción rápida y decisiva de parte de los gobiernos, las respuestas políticas en nuestra región han sido desiguales. En varios casos se ha reaccionado rápidamente, haciendo de la protección de la salud pública el objetivo principal. Lamentablemente, algunos gobiernos han tendido a minimizar los riesgos de la pandemia, informando mal a los ciudadanos y haciendo caso omiso tanto de la evidencia científica como del consejo de sus propios expertos. En lugar de movilizar todas las capacidades a su disposición, algunos líderes han apostado por una política populista y divisiva en medio de la tragedia. Los latinoamericanos merecemos más que eso.
La supresión de la epidemia para minimizar su morbilidad y mortalidad debe ser nuestra prioridad principal. América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva, como hoteles y centros de convenciones, y aumentar drásticamente la capacidad de testeo.
A la disminución de los volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las remesas, y grandes salidas de capital, en las economías latinoamericanas se suma ahora la interrupción masiva de la producción nacional. La fuerte caída de la oferta, combinada con una caída generalizada de la demanda, puede desencadenar una espiral contractiva. En este marco, es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no pueden acceder a subsidios de empleo o al seguro de desempleo.
Para preservar los empleos y los ingresos de los trabajadores, también es esencial ayudar a las empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la recuperación posterior. Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto correrían el riesgo de colapsar.
Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados no serán suficientes. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios temporales en la regulación, para incentivar y sostener el crédito bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de liderazgo en este frente.
El estímulo fiscal también será crucial en la fase de recuperación, momento en el que los gobiernos deberán impulsar el empleo y la actividad económica sin exacerbar los riesgos sanitarios. Las políticas diferirán entre países, pero necesitarán recursos extraordinarios durante esa fase.
Todo esto plantea un desafío excepcional: si bien las necesidades fiscales son ahora mucho mayores que durante la crisis financiera global de 2008-2009, los recursos fiscales en las economías latinoamericanas son hoy más limitados. Los costos del estímulo deberán compensarse con ajustes presupuestarios en áreas de menor prioridad. El compromiso de nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo con la corrección del incremento del déficit fiscal dentro de un período de tiempo razonable servirá para mitigar el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia que amenaza a varios de nuestros países.
Los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud, contrario a la temeraria decisión del gobierno de Estados Unidos. Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de la salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna y cura, que serán la solución definitiva para la pandemia de Covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de testeos y con acceso libre a la tecnología para producirlos. En el ámbito financiero, los reguladores, las agencias de calificación crediticia y las instituciones de normas contables deben adaptar sus criterios para hacer frente a circunstancias sistémicas excepcionalmente adversas.
El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable, especialmente para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto las empresas privadas como los gobiernos elevan sus déficits, ocurrirá lo mismo con la cuenta corriente de los países. A esto se suma las salidas de capitales de los mercados emergentes, que ya ha sido la más grande en la historia, y la depreciación cambiaria resultante, potencialmente desestabilizadora. Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma de hacer frente a esta combinación inédita de shocks adversos.
El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro, a través de una crisis de duración incierta. El FMI necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión de un billón de Derechos Especiales de Giro (DEG). Y si bien estos DEG se asignan a los países miembros de acuerdo con sus respectivas cuotas, se podría facilitar una asignación no proporcional a través de un fondo que acelere el apoyo fiscal a los gobiernos más necesitados. Además, la duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) daría al Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina. Finalmente, dado que los programas con alto acceso son lentos de aprobación para las actuales urgencias, el FMI debería aumentar significativamente el acceso a sus facilidades de desembolsos rápidos y condicionalidad leve, o crear una nueva para la pandemia.
Los bancos centrales que emiten monedas de reserva pueden contribuir a reducir la iliquidez cambiaria global, ampliando sus swaps de moneda con otros bancos centrales. Esto puede hacerse de manera directa entre bancos o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez. A nivel nacional, los bancos centrales deben utilizar todos los instrumentos a su alcance, innovando cuando sea necesario, para inyectar liquidez a los mercados financieros y a la economía.
Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región para apoyo presupuestario con condicionalidad muy reducida, aprovechando la gran liquidez de los mercados globales de capital. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los mercados, la suspensión del servicio de deuda podría complementar estos préstamos oficiales. Los BMD también deberían proporcionar a los países directrices sobre las diversas áreas de políticas involucradas en la respuesta a la crisis, incluyendo sus propias estimaciones de las tasas de morbilidad y mortalidad del COVID-19, especialmente en casos donde los gobiernos están minimizando la amenaza para la salud. En la lucha contra la pandemia, no hay tiempo que perder.
El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la transparencia y la razón, no el populismo o la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis no puede ser excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con tanto esfuerzo; por el contrario, es la oportunidad para demostrar que la democracia está en condiciones de responder a desafíos extremos, cumpliendo con justicia con sus ciudadanos.
Firmado
Fernando Henrique Cardoso*, Presidente de Brasil (1995-2002).
Ricardo Lagos*, Presidente de Chile (2000-2006).
Juan Manuel Santos*, Presidente de Colombia (2010-2018).
Ernesto Zedillo Ponce de León*, Presidente de México (1994-2000); Yale University.
Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Colombia (2012-2018); Center on Global Energy Policy, SIPA, Columbia University.
Roberto Chang, Profesor Distinguido de Economía, Rutgers University, USA.
José De Gregorio, Ministro de Economía, Minería y Energía de Chile (2000-2001); Presidente del Banco Central de Chile (2007-2011); Decano, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Central de Brasil (2016-2019); Director y fundador, Centro de Debates de Politicas Publicas (CDPP).
Ricardo Hausmann, Ministro de Planeamiento Venezuela (1992-1993); Profesor, Kennedy School of Government, Harvard University.
Eduardo Levy Yeyati, Decano, Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella.
Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de Argentina (2015-2018); Profesor Plenario, Universidad de San Andrés.
Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda de Chile (2015-2017); Escuela de Gobierno, Universidad Catolica de Chile.
Andrés Velasco, Ministro de Hacienda de Chile (2006-2010); Decano, School of Public Policy, London School of Economics.
*Miembro de The Elders.
