Adriana Núñez Artiles
Desde hace décadas, Costa Rica ha tenido que soportar punzantes heridas cuyas secuelas aún se perciben. Y entre ellas, una de las más profundas es la de las constantes violaciones cometidas por ciudadanos inescrupulosos contra el régimen democrático y el sistema de leyes que nos rige. A ello se suma un programa educativo que ha desdeñado la enseñanza de principios y valores fundamentales que -bien arraigados desde la infancia- contribuyen a forjar el carácter y dan guía para la vida.Especialmente en las últimas administraciones políticas hemos visto como pasan a ínfimos lugares conceptos referentes a la moral, la espiritualidad o a la familia -estructura básica de la sociedad- en detrimento de los cimientos más sólidos que en el pasado nos sostuvieron en pie.
Y ahora, inundados los medios de comunicación de malas noticias, nos llegan los horrorosos datos de personas inescrupulosas que han conformado un entramado de corrupción jamás visto, que casi al término de la presente administración política, nos provoca no solo náuseas sino también enojo, porque a la vista -incluso de la prensa- han estado las actuaciones soberbias, inmorales, manipuladoras y descaradas que desde hace años vienen mostrando no solo funcionarios de poca monta de este gobierno y del anterior, sino también jerarcas de distintas carteras -algunos de los cuales siguen en su sitio- quienes como mínimo, se hacen de la vista gorda de lo que acontece a su alrededor y continúan como si tal cosa. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley…
El Partido Acción Ciudadana llegó a la vida política costarricense con una actitud beligerante plagada de ataques y denuncias contra instituciones y personalidades. Incluso en 2006, cuando representantes de la Universidad de Salamanca, España, hicieron un estudio sobre las distintas fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, concluyeron que el mensaje discursivo del PAC iba dirigido -inequívocamente- en contra de la institucionalidad costarricense. Muy moralistas y vociferantes, para ellos todo era malo.
Siendo asesora en el Congreso de la República, viví en carne propia los ataques furibundos de personajes sórdidos contratados por esa agrupación para atacar verbalmente y hasta a golpes y empujones, a quienes pensábamos distinto y tratábamos de ejecutar nuestras labores de la mejor manera posible. Muchos de ellos actuaron siempre con encono y saña, mientras representantes de ciertos medios, acreditados en la barra de prensa -pese a no ser periodistas profesionales- alimentaban el compadrazgo y la juerga con esos oscuros individuos, acuerpados por diputados de dicho grupo y de alguna otra fracción afín.
Ahora, tras dos años de pesquisas, el Organismo de Investigación Judicial desenmascara la podredumbre que se ha entronizado en ciertos niveles en instituciones públicas, pero también en empresas privadas.
Muchos se rasgarán las vestiduras, aunque un poco tarde. Y no es el PAC el único culpable del caos en que han sumido al país. Igualmente culpables son quienes, desde diversas instancias y desde hace décadas, se han dejado vencer por la mezquindad, la desidia, la avaricia y han vendido su conciencia por unos pocos pesos que no cubren el dolor que el corazón de la Patria está sufriendo.
Quiero hoy repasar los cinco principios éticos fundamentales, inmutables, que debemos inculcar a nuestros hijos para que, a futuro, sepan pararse firmes en el camino, seguros de su integridad, dignamente, y luchar, como muchas de las generaciones de antaño, para defender y adecentar la tierra que los vio nacer, a la que amo como si fuese mía, pues en ella -el único hogar que reconozco- han crecido mis hijos y nieta.
Principios inmutables: respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad.
Aprovecho también, para citar un par de párrafos de nuestra Constitución Política de 1949, que rezan:
Artículo 98- Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional.
Sin embargo, se prohíbe la formación o el funcionamiento de partidos que, por sus programas ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.
Artículo 194- El juramento que deben prestar los funcionarios públicos según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución es el siguiente:
¨ ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de nuestro destino? Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden”.
La Patria -herida mortalmente- lo está demandando ahora.
* Foto tomada del portal público de Internet con fines ilustrativos.