Gabriela Vargas Vargas
Hace unos días, un medio de comunicación nacional(1) dio cuenta de la situación de hambre que se vive en Alto Telire, una comunidad indígena del cantón de Talamanca donde viven alrededor de 545 personas según datos del X Censo Nacional de Población (2011) y cuyas particularidades geográficas y sociales la han colocado al final de la memoria institucional de este país.
En esa noticia además, un funcionario público del Tribunal Supremo de Elecciones denunciaba la muerte de una niña de 27 días de nacida producto del no acceso a alimentos y medicinas, señalando además que las personas en esa comunidad indígena no tienen alimentos y están en condición de hambre.
La Talamanca de la de desigualdad social.
Según datos del INEC (2013)(2), elaborados a partir del X Censo Nacional de Población (2011) y el VI Censo Nacional de Vivienda (2011), existen al menos 94 hogares en la comunidad de Telire, de ellos, el 100% posee 1 o más Necesidades Básicas Insatisfechas mientras el 36,2% posee 4 Necesidades Básicas Insatisfechas.
Además, esos hogares se componen en más del 50% por personas menores de catorce años y con una relación de dependencia económica de 312.9; el porcentaje de mujeres adolescentes en unión de hecho alcanza el terrible porcentaje del 21,6% quintuplicando el indicador nacional, y la escolaridad promedio es de apenas 1,5 años en comparación con los 8,7 años del indicador nacional.
Respecto a la tierra y la producción, a pesar de que prácticamente la mitad de los hogares posee una finca o parcela agropecuaria (46,8%) apenas el 17% de quienes tienen tierra realizó algún tipo de cultivo en el último año, lo que podría explicar por qué el funcionario del TSE encontró que la mayoría de familias sobreviven comiendo solamente banano.
Dicho de otro modo, ésta es una zona caracterizada por la pobreza, el no acceso a vivienda digna y condiciones mínimas de salud, la falta de alimentos (ya sea a través de la compra o de la producción propia), el bajo acceso a la educación y una visible desigualdad de género, lo que nos hace preguntarnos: ¿dónde han estado las Instituciones Públicas y los programas de gobierno todo este tiempo? Porque, tras cinco años desde el último censo de población, el panorama parece ser el mismo o incluso peor.
De hecho, si se comparan los datos totales para el cantón de Talamanca respecto a la medición de pobreza por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas(3), entre los años 2000 y el 2011 hubo un aumento de 465 hogares con carencias críticas; es decir, la pobreza no solo no se detuvo, sino que creció.
Bajo este panorama, Talamanca es el cantón más rico en diversidad cultural, lingüística y natural; pero al mismo tiempo es el cantón más excluido y empobrecido.
¿De quién es la responsabilidad?
El mismo día de la noticia, la Vice Ministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga señaló, según otro medio de comunicación(4), que “el caso de Alto Telire es un caso de salud y acceso a la política social”, como si la culpa por padecer hambre o por no tener suficientes medicinas fuera de las y los pobladores de la zona “por no acceder” a esa política social; o de la “política social” como un ente individual que actúa o deja de actuar por sí mismo, incluyendo a unos y excluyendo a otros.
Habría que recordarle a la Vice Ministra quiénes son los que diseñan, construyen y ejecutan la política social en este país, y los alcances y responsabilidades del Estado en materia de Derechos Humanos, en este caso, del Derecho Humano a la Alimentación. No es un problema de acceso a la política social, es un problema del ejercicio de las Instituciones Públicas que abandonaron (y siguen abandonando) la atención en esta zona.
Dicho de otro modo, la política existe, el IMAS, el INAMU, el MAG, el CNP, la CCSS, todas esas Instituciones Públicas conocen perfectamente su rectoría, sus competencias y sus políticas de atención. La pregunta correcta es ¿llegan a todas las personas en todos los lugares en todo momento?…
¿Por qué las personas de Alto Telire no producen alimentos como frijoles, maíz, tubérculos o legumbres para el auto consumo?, ¿por qué no tienen animales en condiciones saludables para la reproducción y para el consumo humano?, ¿siendo la Tierra un aspecto tan fundamental en la cosmovisión Bribrí – Cabécar, por qué no es el 100% de las personas quienes tienen un pedazo de tierra?
Y si reflexionamos un poco más ¿cuándo fue la última vez que el MAG el CNP o el INDER ingresó a la zona y cuáles proyectos de seguridad alimentaria y nutricional han ejecutado?, ¿han fortalecido la producción y custodia de las semillas autóctonas?, ¿qué estrategias ha implementado el MEP para lograr que los docentes deseen ser nombrados en escuelas como las de éste lugar?, ¿tienen todos los niños, niñas y adolescentes el 100% del material escolar requerido y adaptado a sus particularidades lingüísticas y culturales?, ¿por qué la CCSS da atención uno o dos días por semana (como si se pudiera elegir qué día resfriarse o a qué hora infartarse)?
Es decir, vivir en Alto Telire (o en Isla Chira, o en Laurel de Corredores, o en la Barra del Colorado) no disminuye la condición de dignidad humana de las personas, ni las coloca por debajo de otras que vivan, por ejemplo, en Belén, Santa Ana o Escazú. La dignidad humana es intrínseca a todas las personas, sus Derechos Humanos son universales, innatos, inherentes, inviolables e impostergables; por lo tanto la responsabilidad del Estado por su cumplimiento es AHORA.
No cabe duda que trasladar equipo técnico y personal para realizar atención de salud, escolar, nutricional o técnica es costoso en términos económicos, por lo complicado del acceso geográfico y la movilidad; pero este aspecto no representa una excusa legal válida para no realizar la atención, y si consideramos los miles de millones de superávit que tienen algunas instituciones públicas o los millones que se pagan en gastos superfluos que el Estado podría reducir, tampoco representa una excusa ética.
Jamás será ético que el Estado gaste millones de colones en cosas superficiales mientras existen hombres, mujeres, niños o niñas con hambre en Costa Rica.
Violencia simbólica: lo que no dicen los indicadores.
Lo más preocupante es pensar que la situación que hoy ocupa el ojo de la opinión pública no es nueva. En Costa Rica, muchísimas personas sobreviven con una o dos comidas al día, sin atención de salud, excluidos del sistema educativo o del sector laboral formal. En el caso de las mujeres, además de todo lo anterior, se le suman dobles y triples jornadas de trabajos domésticos y de cuido que nadie les pagará (ni reconocerá).
El problema es que, allí donde el Estado no resuelve, donde lo que debería ser importante se vuelve marginal, comienzan a aparecer otros actores que sí resuelven y que son poco a poco legitimados en el inconsciente colectivo. No es extraño entonces que, por ejemplo en Telire, pobladores comiencen a cultivar o proteger cultivos de marihuana a cambio de alimentos, medicinas o dinero, muy poco, pero dinero al fin y al cabo, tal y como han mostrado numerosas noticias.
Lo insólito es que el Estado sí dispone de recursos para movilizar los cuerpos de seguridad y allanar los campos de cultivo (represión), pero no dispone de los recursos para movilizar personal médico y técnico que atienda a la población (prevención). Entonces, nada cambia y la realidad en lugares como Alto Telire se transfigura en una suerte de círculo de marginalidad, que no está en los indicadores pero que se sostiene en lo simbólico, en lo cual, el Estado tiene muchísimo que ver.
Y así, pese al buen corazón de muchas personas que se han organizado para recoger alimentos y enviarlos a Alto Telire, y el jalón de orejas que dio la Defensora de las y los Habitantes a algunas Instituciones, la realidad cambiará poco, a menos que cambie el paradigma que la sostiene.
Notas:
1. La Nación, 1 de marzo del 2016.
2. Territorios indígenas: principales indicadores demográficos y socioeconómicos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2013.
3. Elaboración propia con datos de los Censo Nacional de Población del 2000 y el 2011, INEC.
4. El Mundo CR, 1 de marzo del 2016.