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11 de diciembre, 2025
Corresponsal de IPS
GINEBRA – Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, según un informe divulgado por la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas este jueves 11.
“Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, mantenido durante más de una década,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
El informe fue elaborado bajo la supervisión de los tres miembros expertos de la Misión, que actuó por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patrícia Tappatá Valdez. Estos dos últimos concluyeron sus mandatos el 31 de octubre de 2025.
Según el informe, funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, en operativos de control de protestas y en acciones de persecución política selectiva.
La persistencia de esos abusos se vio facilitada por un entorno prolongado de impunidad, según el informe divulgado en esta ciudad suiza y que incluye un análisis detallado de las estructuras internas, jerárquicas y operativas de la GNB.
La GNB, creada en 1937 e inspirada en la Guardia Civil española, fue encuadrada dentro del conjunto de la Fuerza Armada y puede desempeñar funciones de gendarmería, de defensa civil o de infantería ligera de reserva.
El documento detalla cómo la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
La cadena de mando altamente centralizada -bajo la dirección del presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada- ha facilitado la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas, considera el informe.
En los picos de protesta de 2014, 2017, 2019 y 2024, “la GNB ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas letales y menos letales disparadas de forma indebida”, dice el texto.
La Misión “tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB dispararon armas de fuego de manera indiscriminada, disparando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. Además, recibió información de la existencia de una práctica de modificar proyectiles para causar mayor daño”.
Asimismo, documentó detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria.
“Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado -incluyendo agresiones y violaciones- no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas,” señaló Valiñas.
La Misión constató que la GNB fue un actor en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y “según datos de la sociedad civil, ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020”.
La GNB también desempeñó un papel clave en la “Operación Tun Tun” (golpes en la puerta) tras las elecciones de 2024, para la captura y criminalización de personas opositoras mediante acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
El informe identifica “un patrón de impunidad estructural sostenido” por fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano, lo que manifiesta “su incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la GNB”.
Según Provea, una de las más antiguas organizaciones venezolanas de derechos humanos, en 2024 funcionarios de seguridad del Estado incurrieron en 522 violaciones del derecho a la vida, y 29 % de esos asesinatos fueron cometidos por efectivos de la Guardia Nacional.
La Misión estima que “existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma”, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando.
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que en 1998 dio vida a la Corte Penal Internacional, que juzga a los individuos acusados de cometer crimenes atroces y de lesa humanidad, con el objetivo de acabar con la impunidad de esos autores y dar justicia a las víctimas.
A-E/HM
