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José David Segura
Si bien es cierto algunas exenciones merecen una revisión que permita identificar si con las mismas se está realizando el objetivo que llevó a su creación, en otros casos como las zonas francas, la conveniencia de tales beneficios se puede palpar muy fácilmente con el aporte que estas empresas hacen a la economía nacional, que a su vez se ve reflejado en una mejora sustancial en la calidad de vida de miles de personas.
Ahora bien, estas empresas y todas aquellas que aplican beneficios fiscales, no tienen una especie de inmunidad fiscal. Por el contrario, están sujetas a múltiples controles que verifican el adecuado uso de las exenciones que el Estado les otorga.
En el caso de las empresas de zona franca, se encuentra la supervisión que realiza PROCOMER. Esta institución tiene un papel fundamental, ya que las empresas beneficiarias deben presentar un informe anual de operaciones, en el que incorporan información relevante con respecto a sus actividades. Asimismo, PROCOMER audita periódicamente a las empresas y revisa el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas frente al Gobierno, que dieron soporte al otorgamiento del Régimen.
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda es el encargado de velar por el control fiscal de las zonas francas, por lo que las diferentes instancias de ese Ministerio tienen facultades para revisar a las empresas con el objetivo de fiscalizar el uso de los incentivos fiscales.
En el caso de la Dirección General de Aduanas, esta puede realizar revisiones y auditorías para identificar el uso y destino que las empresas dan a los bienes que importan sin el pago de tributos, y en caso de que se identifique el uso indebido de estos, la Dirección puede requerir la cancelación de los tributos exonerados más los intereses respectivos, y aplicar las sanciones que define la Ley General de Aduanas.
La Dirección General de Tributación puede fiscalizar las exenciones de aquellos tributos que están a su cargo, como lo son el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre el Valor Agregado en las compras locales, así como el Impuesto al Salario de los colaboradores de las empresas.
Finalmente, la Dirección General de Hacienda tiene facultades para revisar el uso de los beneficios fiscales que haya autorizado, de forma que en ciertos casos que requieren autorización, esta autoridad podrá verificar el adecuado uso de los beneficios aprobados por su parte.
Valga mencionar que mediante la resolución RES-DGH-053-2020 la Dirección General de Hacienda estableció una serie de criterios de selección para realizar procesos de fiscalización a contribuyentes que gocen de beneficios fiscales. Dentro de los supuestos se incorporan una variedad considerable de operaciones y situaciones que pueden ser realizadas por las empresas del Régimen de Zonas Francas.
Adicionalmente, dentro del plan anual de fiscalización de la Dirección General de Tributación para el periodo fiscal 2021 se incluyen a las empresas que se incluyan dentro del artículo 3 de la Ley de Renta, que incorpora a las empresas de zona franca y a las cooperativas, entre otras.
Aunado a lo anterior, PROCOMER como ente supervisor puede remitir información al Ministerio de Hacienda, cuando una empresa de Zona Franca incumpla sus obligaciones fiscales.
Por lo tanto, las empresas del régimen de zonas francas y cualquier otra que aplique beneficios fiscales, pueden ser fiscalizadas en cualquier momento, de manera que los adecuados controles financieros y físicos son de vital importancia, con el fin de demostrar en todo momento el uso y destino que se da a los bienes y servicios adquiridos exentos.
Adicionalmente, para determinar los ingresos exentos, la vinculación con las operaciones autorizadas representa un reto para las empresas, ya que en caso de que no se pueda demostrar tal relación, podrían quedar excluidos de las exenciones otorgadas por el Gobierno.
– Miembro del Comité de Asuntos Legales y Fiscales de Azofras y Gerente de Impuestos de KPMG
