¿Fin de la excepcionalidad de Costa Rica?

En la región centroamericana, el país siempre marcó una diferencia respecto a la estabilidad democrática, que ahora podría comenzar a quebrarse.

Por Elvira Cuadra Lira

Los centroamericanos siempre hemos visto con admiración a Costa Rica y su estabilidad democrática. Cuando la región se debatía por los conflictos armados internos y los autoritarismos del siglo XX, el país fue una referencia inevitable. Marcó la pauta para abrir una nueva época que, se pensaba, sería de paz, democracia y desarrollo.

A punto de iniciar el segundo cuarto del siglo XXI, Centroamérica es nuevamente una región asolada por los autoritarismos, la inseguridad y la violencia, las desigualdades y un éxodo de población que busca mejores oportunidades en otros países. En ese escenario, Costa Rica parece contagiada por esas tendencias. Las señales son cada vez más preocupantes, especialmente para los propios costarricenses que ya han comenzado a alertar sobre el declive de la histórica “excepcionalidad” del país.

Bienestar y los derechos erosionados

Los derechos sociales y el bienestar que Costa Rica construyó durante décadas en el siglo XX cubrían de forma amplia a una mayoría de población. Eran reconocidos como los más avanzados de Latinoamérica. Pero ese bienestar y desarrollo no han transitado indemnes durante el primer cuarto del siglo XXI. Más bien se han erosionado y afectan fuertemente a la población, especialmente aquella que se ubica en los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

Considerado un país de renta media alta y con indicadores bastante favorables de desarrollo humano, Costa Rica enfrenta desde hace varias décadas un desafío mayor. Se relaciona con una crisis fiscal y fenómenos como el empobrecimiento de las clases medias, cambios demográficos significativos como el incremento y envejecimiento de la población, así como el incremento del sector urbano y una transformación de la estructura productiva, ahora orientada hacia los servicios, particularmente los especializados.

Gerencia por emergencia

Por otra parte, diversos análisis señalan que las políticas públicas se han enfocado más en atender la crisis fiscal que los desafíos del desarrollo a largo plazo. Algunos de los efectos que más resiente la población por la combinación de estos factores son el incremento de las disparidades en los ingresos, disminución del empleo, incremento de la informalidad y la disminución de los derechos sociales. Todos se agravaron después de la pandemia del covid-19. Estos cambios preocupan a los costarricenses, mientras incrementa el descontento social y las protestas. Por ejemplo, en relación con los recortes del presupuesto a las universidades.

Otras dos dinámicas que influyen fuertemente a la sociedad costarricense son la migración y los procesos de gentrificación. Los flujos migratorios recientes tienen diferentes características. Están los que transitan por Costa Rica en su ruta hacia el norte, particularmente hacia Estados Unidos. Este flujo incrementó en los últimos años y está compuesto por personas de diferentes nacionalidades, muchas, sudamericanas, pero también asiáticos y de algunos países africanos. Otro flujo es el de los desplazados que llegan al país en busca de refugio. Es el caso de una gran cantidad de venezolanos y, sobre todo, nicaragüenses. De acuerdo con algunos estudios recientes, los migrantes representan cerca del 10% de la población del país y aportan el 6.5 % del PIB.

La gentrificación es la otra dinámica asociada a la migración. Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país de paz, desarrollo, respetuoso del medioambiente, como destino turístico y de inversión. Muchos extranjeros provenientes de países desarrollados como Estados Unidos y Europa encontraron en el país la oportunidad de asentarse. Sobre todo en playas y bosques, dando lugar al surgimiento de zonas de gran desarrollo turístico, pero también de exclusión por el incremento de los precios y porque sus actividades y servicios están fuera del alcance del promedio de la población costarricense.

Aunque la sociedad costarricense goza todavía de amplios derechos y beneficios sociales, es indudable que hay un retroceso importante que genera tensiones entre el estado y los ciudadanos.

La inseguridad toca a la puerta

Durante muchos años, el país mostró indicadores bajos en violencia e inseguridad mientras los países del norte de Centroamérica vivían una verdadera sangría. Sin embargo, al menos desde 2021 hay un incremento sostenido de los homicidios, pasando de 11.6 a 16.6 por cada 100 mil habitantes en 2024. El 2023 es considerado el año con más homicidios en la historia del país y el 2024, el segundo. Algunas localidades tienen índices considerados alarmantes que llegan incluso hasta 45 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con los análisis de especialistas, las causas del incremento de homicidios se asocia al crimen organizado. Particularmente al sicariato y los ajustes de cuenta, uno de los temores más grandes de los costarricenses por la frecuencia y cómo son realizados. Otras formas de violencia como los femicidios y el incremento de las riñas en centros educativos también son motivo de preocupación.

[Lee también: Adam Isacson: “El crimen organizado no busca tomar el poder, sino, mantener sus negocios”]

Las propuestas gubernamentales para atender los problemas de la seguridad han suscitado tensiones con otros poderes del Estado, especialmente el Parlamento. Diferentes sectores sociales demandan acciones y hay críticas desde posiciones en las que se considera que las decisiones implementadas por el Ejecutivo no apuntan a una solución duradera, mientras del lado de la ciudadanía se incrementan las percepciones de inseguridad.

Las alarmas están activas. La situación demanda acciones prontas que apunten tanto al control de los grupos criminales y la reducción de la violencia, como a la prevención en el mediano y largo plazo para evitar que escenarios similares a los de otros países centroamericanos.

Las tensiones de la institucionalidad

Las tensiones en el ámbito político se han convertido en el nudo gordiano de Costa Rica. Se remontan en el tiempo y se han acentuado durante la presidencia de Rodrigo Cháves, quien ha tenido roces públicos con otros poderes del Estado. Particularmente con la Asamblea Legislativa, pero también con algunos de sus antecesores y los medios de comunicación.

El sistema político costarricense ha destacado por ser uno de los más democráticos y estables de la región centroamericana. Pero está cambiando y no es casual, porque el tradicional bipartidismo entró en crisis. En cada proceso electoral, la ciudadanía busca nuevas alternativas políticas que respondan a sus demandas y necesidades. Durante los últimos procesos electorales generales y de gobiernos locales han surgido numerosos partidos, algunos de ellos posicionados de manera favorable sobre todo en el ámbito local.

Sin embargo, los gobiernos anteriores de tendencia progresista ni el actual, han respondido de manera eficiente a las demandas de la población ni a los desafíos de mediano y largo plazo del país. La confianza de la ciudadanía en un sistema democrático se mantiene, igual que la base de principios y valores democráticos que durante tanto tiempo han sustentado a la sociedad costarricense. Pero esa democracia que ha causado tanto reconocimiento y admiración para el resto de Centroamérica está asediada por desafíos importantes como los altos niveles de corrupción, la emergencia de tendencias políticas conservadoras y poco democráticas, además de los desafíos actuales del desarrollo.

Indudablemente, Costa Rica entró a una nueva época que requiere dialogar, restablecer los acuerdos fundamentales, atender los desafíos planteados y enrumbar los esfuerzos para preservar la democracia.

– Directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Socióloga.