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Diciembre 24, 2024
Por Corresponsal de IPS
MÉXICO – Más de 83 000 personas han sido detenidas en El Salvador durante un estado de excepción que mes tras mes se ha prorrogado 33 veces y acaba de cumplir 1000 días, convirtiéndose en una política de Estado sin evaluación adecuada ni contrapesos internos, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).
Ana Piquer, directora para América en AI, dijo que “detener a personas sin pruebas y enjuiciarlas de forma masiva no es justicia, y tampoco es una solución efectiva y sostenible a los retos históricos en materia de seguridad”.
“Más bien, es un abuso que ignora la dignidad humana y perpetúa el sufrimiento de quienes ya han sido históricamente marginados por las políticas estatales”, agregó.
Su política de seguridad contra las pandillas, y la megacárcel de máxima seguridad para 40 000 reclusos denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), han funcionado en los últimos tres años como una suerte de carta de presentación de la autoridad que ejerce el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, AI ha realizado cinco misiones al país para documentar patrones de graves violaciones de derechos humanos, y “tras cada visita la organización ha constatado el deterioro progresivo de la situación de las víctimas y sus familiares”.
Según AI, el gobierno salvadoreño ha respondido a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, movimientos de víctimas, los señalamientos de los mecanismos regionales y los llamados de la comunidad internacional, “con silencio, indiferencia y opacidad, consolidando un modelo de represión e impunidad”.
Considera que el incremento de la militarización de la seguridad pública, especialmente en comunidades marginadas y empobrecidas, evoca horrores del pasado, cuando las fuerzas armadas ejercían un control represivo sobre la población.
Ese enfoque, combinado con la estigmatización de agentes del Estado en contra de las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente y la obstrucción de su labor, ha creado un clima de miedo e intimidación que sofoca el espacio cívico y fomenta la autocensura, expone la organización.
“Lo que el gobierno llama ‘paz’ en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder y descarta los derechos de quienes ya habían sido invisibilizados, las personas que viven en pobreza bajo el estigma estatal y la marginación”, opinó Piquer.
AI informa que documentó más de 60 casos, mediante entrevistas con miembros de la policía, víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, que muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios.
Entre estos últimos, tener tatuajes en el cuerpo o residir en comunidades estigmatizadas por la pobreza y la violencia de pandillas. En los casos estudiados, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones.
En cambio, AI “constató un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, en los arrestos realizados, y una política de detenciones masivas que ignora estándares internacionales de derechos humanos”, como el principio de legalidad, el derecho a un juicio justo y la prohibición absoluta de la tortura y la discriminación.
Como resultado, 1,8 % de la población salvadoreña está privada de libertad, la tasa más alta del continente, según reportes de medios. De acuerdo con datos del último censo poblacional, tres de cada 100 hombres están en prisión.
Esto ha generado una crisis de hacinamiento extremo en la mayoría de los centros penales, cuya capacidad, en algunos casos, supera el 300 % desde el inicio del régimen de excepción, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil.
Las víctimas describen esta situación como un “infierno”, caracterizado por la falta de atención médica, servicios básicos deficientes como alimentación y agua, y frecuentes tratos crueles, degradantes, inhumanos, e incluso tortura.
Según organizaciones locales, se registran más de 300 muertes bajo custodia estatal. AI dice haber documentado y tenido acceso a información sobre casos de personas fallecidas debido a golpizas, torturas y la falta de atención médica oportuna.
“Cada muerte bajo custodia es una tragedia humana y un fracaso del Estado salvadoreño para garantizar la vida de las personas bajo su cuidado”, subrayó Piquer.
La responsable de AI insistió, como en anteriores reportes sobre la situación de El Salvador, que “la comunidad internacional debe actuar de manera decidida para exigir al Estado salvadoreño que rinda cuentas y ponga fin a estas violaciones generalizadas de derechos humanos”.
A-E/HM