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Reforma legislativa permite al oficialismo modificar artículos clave de la Constitución y habilitar mandatos presidenciales sin límite
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 31 de julio de 2025 una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. La iniciativa fue votada sin estudio legislativo previo y obtuvo 57 votos del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, eliminando restricciones que hasta entonces impedían esa posibilidad.
Esta reforma incluyó cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña. Estos ajustes establecen un nuevo período presidencial de seis años, eliminan la segunda vuelta electoral y adelantan el fin del actual mandato presidencial a 2027 para hacerlo coincidir con elecciones legislativas y municipales.
Según el texto aprobado, «es impostergable e ineludible, sincronizar los tiempos electorales elevando el ejercicio de la presidencia hasta seis años, combinado con una reelección sin reservas». Esta reforma fue rechazada por los partidos de oposición, cuyos representantes cuestionaron la legalidad y el procedimiento utilizado.
En el artículo 152, la nueva redacción suprime el inciso que impedía ser candidato presidencial a quien hubiera ejercido la Presidencia durante el período anterior o en los seis meses previos. Asimismo, en el artículo 80 se elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial.
La voz de la oposición no se hizo esperar, acusando a la nueva legislación de ser la última puñalada para acabar con el proceso democrático. La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirmó: «han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad, han matado la Constitución». Claudia Ortiz, del partido VAMOS, declaró: «es evidente que estas reformas que están promoviendo es un plan que tenían trazado desde hace tiempo».
Si bien esta reforma reafirma la reelección, este proceso se remonta a 2021, cuando una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sentó el primer precedente. La resolución del 3 de septiembre de ese año se basó en polémicas interpretaciones, permitiendo que «una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».
Dicha Sala fue nombrada tras la destitución de magistrados realizada por la primera legislatura controlada por Bukele en mayo de 2021. La decisión fue criticada por organizaciones nacionales e internacionales que señalaron la falta de independencia judicial.
Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, quien inició su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, había afirmado en febrero de ese año que no era necesaria una reforma constitucional para permitir la reelección. Sin embargo, el proceso continuó y culminó con la aprobación formal de los cambios constitucionales por parte del Congreso.
Los argumentos presentados por los legisladores oficialistas incluyeron la necesidad de reducir costos asociados a elecciones frecuentes y de evitar campañas permanentes. No obstante, sectores opositores sostienen que el cambio busca asegurar la continuidad del partido en el poder.
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