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Un análisis del proceso y su impacto en la ciudadanía
Guillermo Carvajal Alvarado
En Costa Rica, el ejercicio del poder no es absoluto. La Constitución Política establece mecanismos claros para mantener un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado, particularmente en momentos de crisis política. Uno de esos mecanismos es la posibilidad de destitución del presidente, un proceso que, aunque legal, puede generar tensiones y conflictos entre los poderes públicos y, más importante aún, con los ciudadanos a quienes representan.
El artículo 121 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para admitir o no acusaciones contra el presidente de la República, la vicepresidencia, y otros altos funcionarios. Para que una acusación prospere, se requiere el voto de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Si se admite la acusación, el caso se remite a la Corte Suprema de Justicia para su juicio. Este proceso pone de manifiesto la separación de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia, pero también revela desafíos significativos en la práctica.
En un país como Costa Rica, donde la participación ciudadana es valorada, el proceso de destitución del presidente puede ser visto como un mecanismo de control. Sin embargo, es crucial preguntarse: ¿realmente se considera la voz del ciudadano en este proceso? La respuesta es compleja. Si bien los ciudadanos eligen a sus representantes, el proceso de destitución es un asunto que se maneja en las esferas políticas, muchas veces alejado de la opinión pública. Esto puede dar lugar a un sentimiento de desconexión entre los ciudadanos y sus representantes.
Cuando la Asamblea Legislativa decide si admite o no una acusación, se enfrenta al dilema de actuar en interés del país o en función de intereses partidarios. En momentos de crisis, como escándalos de corrupción o abusos de poder, la presión sobre los legisladores puede ser inmensa. Esta presión puede llevar a decisiones que no reflejan necesariamente el deseo del electorado. Así, el proceso se convierte en un escenario donde la política se mezcla con la justicia, y la voluntad popular puede quedar relegada a un segundo plano.
Además, la capacidad de la Asamblea para destituir al presidente puede ser vista como un arma de doble filo. En un contexto donde la polarización política es evidente, la destitución puede ser utilizada por partidos opositores como una herramienta para debilitar al gobierno, incluso si las acusaciones no son del todo fundamentadas. Esto no solo socava la estabilidad política, sino que también puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones.
El juicio crítico que emerge de esta situación es la necesidad de una mayor inclusión de la ciudadanía en el proceso político. Aunque la Constitución proporciona un marco legal para la destitución del presidente, es fundamental que los ciudadanos se sientan partícipes de las decisiones que les afectan. Esto podría lograrse a través de mecanismos de participación ciudadana más efectivos, donde la voz de la gente se escuche y se considere antes de que se tomen decisiones trascendentales.
En conclusión, aunque el proceso de destitución del presidente en Costa Rica está diseñado para asegurar la responsabilidad de los líderes, se corre el riesgo de que se convierta en un espectáculo político que ignora la voluntad del ciudadano. Es imperativo que tanto la Asamblea Legislativa como los ciudadanos trabajen juntos para fortalecer la democracia, asegurando que el poder no solo sea una cuestión de instituciones, sino también de participación y representación genuina. La verdadera democracia se construye desde la base, y es fundamental que los ciudadanos sean escuchados y considerados en cada paso del camino.
