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Ronald Solís Bolaños
El Colegio de Abogados ha pegado el grito al cielo, por lo cual estamos agradecidos, sobre el impacto de esta propuesta, pero se queda corto pues afecta también potencialmente a todos los costarricenses, que incluye no solo a los trabajadores independientes profesionales sino también a PYMES familiares informales, pensionados o asegurados asalariados que cotizan pero pueden tener otro ingreso no salarial ocasional o permanente, como alquileres, trabajo extra-patrono, participación en sociedades u otros emprendimientos etc. Aunque tributemos renta por esos ingresos entre un 15% a 30% debemos pagar adicionalmente un 18.5% a la CCSS y si no lo sabíamos porque no fuimos informados y tampoco nos cobraron, ni advirtieron del pago, hoy están cobrando retroactivamente hasta 16 años atrás sobre una reforma aprobada en el 2004 que no fue informada oportunamente. Hace unos 3 años empezaron los cobros retroactivos.
Hoy ante la crisis por la pandemia de la CCSS y la resistencia de los afectados a pagar este abuso “legal” en vez de reducir costos, evaluar y reducir sus gastos, socar la faja como nos hemos visto obligados los costarricenses que no estamos en el sector público, pretenden con este nuevo reglamento legitimar este abuso y confiscación de los ingresos de los trabajadores por iniciativa propia.
El argumento del Colegio de Abogados de que el cobro del 18.8% de los ingresos es desproporcional al que se les cobra a trabajadores asalariados como aporte del 10.66%, ya está programado subirlo al 14.5% del salario y además el patrono sobre ese salario debe pagar adicional un 26% de la planilla a la CCSS y riesgos del trabajo en donde si es agrícola agregarle un 5% mínimo, que también van orientados al tema de salud.
Con la pretensión de la CCSS de cobra sobre todo ingreso no salarial, los pensionados morirán cotizando si tienen algún otro ingreso producto del trabajo y ahorro como puede ser participación en una sociedad un alquiler o seguir trabajando para redondear la pensión. Al final no importa los años cotizados y el monto, en la CCSS tiene que hacer la misma fila de espera (aunque la enfermad no espere) o pagar privado. El servicio de salud y el momento oportuno en múltiples ocasiones no van de la mano.
Esta situación ahuyenta al ciudadano a no cotizar a la CCSS, sea por alto costo o porque no puede pagar, pero la CCSS en vez de ser más eficiente y transparente trata de crear una camisa de fuerza legal para exprimir a los costarricenses, al mejor estilo de un monopolio, como un país autónomo dentro de otro que se llama Costa Rica. Además, castra la libertad del trabajador independiente y de toda persona física porque pretende la obligatoriedad a afiliarse independientemente de que pueda pagar, de la calidad, oportunidad y costo del servicio.
Lo paradójico es que el anteproyecto lo hace una junta directiva donde 6 de los 9 directores dicen representar a trabajadores y patrones (los paganinis) pero parece que fueron absorbidos por la inercia de la estructura burocrática que por supuesto tiene vida propia. Primero los intereses de la organización, luego los del país y de los supuestos beneficiaros. Puede cobrar lo que se le ocurra, pero no está obligado a dar un servicio a costo razonable y oportuno. Así como pretenden cobrar, de boca de la Caja deberíamos estar informados, con palabras simples como están gastando ese gigantesco presupuesto, funciones, como están distribuidos esos 60 mil empleados, inversión futura, etc., ¿Qué se hace por mejorar la eficiencia y reducir costos? Hace unos años la UCR nos informó que el presupuesto de la CCSS era similar al de gobierno de Nicaragua con todo y ejecito más el de Belice juntos.
La Constitución dicta que debemos contribuir a la seguridad social, en lo cual todos estamos de acuerdo. Pero debemos hilar más delgado, porque parece que la Caja lo ha interpretado como un país dentro de otro sin límites. De donde sale la autoridad para poner una base mínima contributiva de 297.044 colones, más alta que el salario mínimo legal del país y no acepta jornadas parciales de trabajo (solo para servicio doméstico). Hasta al Estado le subió la cuota de aporte, aunque no podía pagar ni la anterior.
Debemos analizar cuál fue el espíritu del legislador, debe tener límites y exigencias de costo, calidad y servicio oportuno y acorde al entorno país. Es solo la CCSS seguridad social o debemos tomar en cuenta otros aportes como asignaciones familiares, IMAS, Riesgos del trabajo del INS, Ministerio de Salud. Debemos sumar al costo y aporte de la seguridad social, otros impuestos y cargas parafiscales. Tenemos que ver todo el entorno país tributario que pesa sobre el contribuyente. Cuanto vía impuestos se dirige hacia el Ministerio de Salud, que se supone es el ente rector del sector salud y que no se percibe cuál es su posición sobre estas pretensiones de la Caja en función de las políticas de salud pública. Hay un archipiélago de instituciones con ingresos directos vía cargas tributarias relacionados dentro del sector salud.
Puede seguir la CCSS aumentado el cobro y gastos sin dar cuentas claras a todos los costarricenses, vemos que la conformación de la junta directiva, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa por sus resultados no ha sido suficiente. De boca de la CCSS deberíamos estar informados de palabras claras y transparentes sobre ingresos, costos, resultados, procesos de mejora y satisfacción de los asegurados.
Tratando de integrar esta pretensión de la CCSS la situación puede ser el siguiente ejemplo: si un asalariado aporta el 10.66% que va en aumento hasta el 14.5% del salario en el 2029, mas el aporte patronal, este debe paga impuesto de renta de un 10% a un 25% de salario dependiendo del ingreso. Si tiene un ingreso adicional por ejemplo por un alquiler de ₡500.000 colones pagan el 12.75% de impuesto de renta que equivalen a ₡63.750, quedan ₡432.650, monto sobre el cual la CCSS asume que es un ingreso no salarial al cual le podría cobrar hasta el 18.8% que representa ₡82.015 quedando del alquiler la suma ₡354.235 como ingreso real, monto con el que debe cubrir los gastos de amortización, mantenimiento e impuestos municipales etc.
Debemos agregar que con el proyecto de ley de Renta que globaliza todos los ingresos del contribuyente como persona física dentro del país; se suma todo lo percibido por salario, pensión, ingreso no salarial, alquiler, dividendo etc, sobre esta base tendríamos que pagar más impuesto de renta que antes y los mismo sucedería con la Caja este cambio ya significa por si solo un aumento importante en los ingresos de Hacienda y la CCSS y una disminución de los ingresos del contribuyente.
Se debe analizar y sumar la carga tributaria de los costarricenses y a esto debemos agregar que el mencionado proyecto de renta global sobre todos los ingresos obtenidos en el país, terminaría en generar un tsunami de impuestos y desestimulo a los sectores productivos deprimidos, que son la mayoría en nuestro país. Estamos ante un aumento significativo por doble vía del impuesto de renta al globalizar los ingresos y en nuevo cobro de la Caja.
Están convirtiendo a los costarricenses en potenciales delincuentes, criminalizándolos al no poder pagar esta carga tributaria y parafiscal terminado en el mejor de los casos en la informalidad para sobrevivir. Cuando una persona recibe un dividendo por ganancias ya la empresa pago el 30% de impuesto de renta y el beneficiaron un 15% adicional y sobre el saldo deberá pagar hasta el 18.8% a la Caja. Así un millón se convierten 480.005 colones. Recordemos q ganancias tributarias incluye lo que usted amortizo a las deudas, compra de equipo y maquinaria, mejora de instalaciones, cuentas por cobrar etc y lo que queda es lo que puede distribuir entre socios o reservarlo para futuras emergencias, imprevistos o crecer y generar empleo.
Según el Banco Mundial Costa Rica tiene una carga tributaria en las ganancias del 58.3%, la Unión Europea 39%, USA 39.6%, Singapur 21% etc., a esto debemos sumar otros impuestos o cargos parafiscales como 10.66% del salario del trabajador, 26% aporte patronal a la CCSS, IVA, Impuestos de importación, impuestos con destino específico como vehículos, combustibles, traspasos, marchamos, sociedades, IMAS, Bomberos, asignaciones familiares, IAFA, INDER, Municipalidades etc. Todo esto ocurre en un país con un desempleo cercano al 19% y un empleo informal rondando el 50%. Y todavía nos preguntamos porque somos un país tan caro y porque estamos perdiendo competitividad en casi todos los productos y como consecuencia es más barato importarlo que producirlo, lo que significa perder empleos.
La Asamblea Legislativa tiene trabajo, evaluar la ley de la CCSS, convenios internacionales vinculantes, la maraña de impuestos específicos que además resulta un dolor de cabeza administrativo para los costarricenses e información transparente para la ciudadanía.
– Ex Diputado, Agricultor
