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Ágora
Guido Mora
Todos sabemos, -no dudo que incluso el Presidente Fernando Cruz -, que el Poder Judicial tiene el deber de transformarse para bien, ser más expedito y procurar cumplir a cabalidad con el Principio Constitucional de procurar “una justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos”.
Pero también tiene la obligación, y así lo establece la legislación vigente, de recibir las denuncias e investigar las posibles violaciones que se presenten a la Ley Electoral, concretamente en lo relacionado con la procedencia de los dineros utilizados en el financiamiento de las campañas políticas: es ya un secreto a voces la compra de conciencias y voluntades por parte de grupos poderosos -lícitos e ilícitos-, que para gozar de influencias y beneficios, están dispuestos a promover y financiar la corrupción de políticos y funcionarios.
El estribillo usado para desacreditar las acciones que debe de realizar el Poder Judicial, calificándolo demagógicamente como “denuncias canallas”, -palabras que algunos de sus acólitos repiten hasta la saciedad- y el argumento que señala el abuso o exceso procesal por parte de algunos ciudadanos, -visto como un intento de imponer su criterio, o como una amenaza, tal como lo expuso el Presidente Rodrigo Chaves-, no tiene cabida.
Señor Presidente, nuestro sistema político se sustenta, en buena parte, en el principio de la división de poderes expuesta por el Barón de Montesquieu. Por otra parte, la legislación construida a lo largo de nuestra vida republicana constituye el esqueleto jurídico que sostiene nuestra institucionalidad: el responsable de velar por la adecuada aplicación de las leyes es el Poder Judicial.
Los demás poderes tienen la obligación de defender, fortalecer y respetar esa competencia exclusiva de los Tribunales de la República.
Aunque a algunos no les agrade y, ante los aparentes deseos de imponer en todas las instancias del Estados sus antojos y voluntades, afortunadamente esta realidad es parte del funcionamiento político, que sustenta y es base de la democracia costarricense.
Debe prevalecer el respeto entre los poderes de la República y ninguno, señor Presidente, puede ni debe pretender imponer sus voluntades, sobre los demás Poderes.
Espero señor Presidente que pueda usted reflexionar sobre este tema e insto, a los Presidentes de los Supremos Poderes, que tomen nota de las acciones ejecutadas por don Rodrigo Chaves, para que, conjuntamente con sus colegas, muestren y acompañen a don Rodrigo por el camino que permita fortalecer el sistema político democrático.
La tentación de debilitar los sistemas políticos ya está presente en muchos países de Centro América: Señores Presidentes de los Supremos Poderes, está en sus manos alejar esa tentación de la realidad política costarricense.
