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Laura Chinchilla M.
Don Oscar Arias tiene todo el derecho a decirle al país que está en condiciones de ganar una candidatura en el PLN sin agitarse, tan sólo caminando. Lo que resulta inadmisible es que en la búsqueda de justificaciones para dar ese paso, deba recurrir a las ofensas.
Don Oscar me tilda de cobarde por el hecho de haber discrepado con él en algunos aspectos relativos a la legislación en materia energética. No, don Oscar, no fui cobarde, nunca lo he sido ni nunca lo seré, tan sólo ejercí mi derecho a tener criterio propio como Presidenta que fui de este país, al igual que lo hicieron los Presidentes que me antecedieron en el cargo. Ese derecho lo procuré ejercer con responsabilidad en diversos temas, entre ellos en el tema energético.
El proyecto de Ley General de Electricidad que la administración de don Oscar presentó ante la Asamblea Legislativa en el año 2009, no logró avanzar y conseguir la votación. Es así como, en aras de facilitar la negociación política, nuestra administración hizo adecuaciones a la propuesta original y posteriormente, en un esfuerzo adicional por disminuir las resistencias que persistían, propusimos el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Este proyecto, aunque de alcances más limitados que los anteriores, resultaba útil en lo esencial que era elevar la participación del sector privado en la generación de energías limpias.
Pese a los esfuerzos realizados por mi gobierno y por la fracción legislativa oficialista, ninguno de los proyectos en materia de energía lograron avanzar, debido a la intransigencia de algunos diputados y a la prioridad que debimos asignar a otros temas especialmente álgidos que demandaron ingentes esfuerzos de negociación.
Si bien el tema energético era y sigue siendo un tema importante para el país, me permito recordar que dos graves crisis me recibieron al tomar el gobierno: la crisis fiscal y la crisis de seguridad. Un año después, vinimos a constatar una crisis más que se había gestado antes de nuestra administración, la crisis de la quiebra financiera de la CCSS. Estos problemas demandaron nuestra atención prioritaria y condicionaron los avances de otros temas legislativos, entre ellos el energético.
Frente a esos problemas, logramos la aprobación de las leyes para el financiamiento de la seguridad ciudadana, y también la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera y la Ley de Transparencia Fiscal; pero no logramos concretar la reforma fiscal conocida como Ley de Solidaridad Tributaria. El éxito que obtuvimos con las votaciones legislativas a favor de éste último proyecto, fue frenado por la Sala Constitucional. Pese a ello no quise dar por perdida la batalla y volvimos a retomar el tema mediante un nuevo proceso de consulta y renegociación política, para el cual el período constitucional no nos alcanzó.
La dinámica de la negociación de los temas tributarios se interpusieron una y otra vez en el avance de la legislación energética, haciendo más difícil conseguir su aprobación. Recurrimos así al uso de las facultades ejecutivas e impulsamos medidas beneficiosas en la materia cuyos frutos hoy se perciben. Elevamos la participación privada en el sector agilizando la adjudicación de contratos que las leyes vigentes autorizaban y obligamos al ICE a comprar la energía más barata disponible en el mercado, lo que permitió comprar a los privados sus excedentes o importar energía cuando se ofrecía a menor costo que el ICE, lo que ha producido una economía estimada en cerca de US$75 millones.
Esos son los hechos. Y aunque resultan comprensibles las críticas y las discrepancias políticas en torno a nuestras decisiones de gobierno y prioridades legislativas -para eso ejercitamos la tolerancia a la que nos invita la democracia-, no resulta en absoluto comprensible ni aceptable la ofensa y la descalificación como fundamentos del debate político.
– Expresidenta de la República
Fuente: Facebook
