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La horca para los palestinos
Carlos Revilla Maroto
El texto legislativo aprobado —conocido como «Ley de Pena de Muerte para Terroristas»— no disimula su naturaleza discriminatoria. Crea dos sistemas judiciales paralelos. Para los palestinos de Cisjordania juzgados en tribunales militares, la horca es la pena obligatoria en un plazo de 90 días, prorrogable hasta 180, sin posibilidad de indulto. Para los ciudadanos israelíes, en cambio, la cadena perpetua sigue siendo una opción, y la aplicación de la pena capital está sometida a condiciones adicionales que la hacen casi inaplicable. La misma acción, dos consecuencias radicalmente distintas. El mismo crimen, distinta pena, como lo resumió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
La ley establece que los tribunales militares —con una tasa de condena que supera el 99% para acusados palestinos y un historial de desprecio sistemático por las garantías procesales— quedan autorizados para imponer la ejecución. No hay garantías de indulto. No hay salvaguardas reales. Hay una cuenta atrás hacia la soga.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, arquitecto de esta reforma desde su partido de ultraderecha, celebró el resultado con un mensaje en redes sociales que no necesita interpretación: «¡Hicimos historia! Lo prometimos. Lo cumplimos». Las imágenes que acompañan la noticia muestran al diputado Ben-Gvir, descorchando una botella de champán y brindando en el hemiciclo mientras se anunciaba la aprobación. La sangre fría con la que se celebra la posibilidad de ejecutar a prisioneros debería bastar para entender qué tipo de proyecto político se ha instalado en Jerusalén.
Pero no son solo los extremistas. Benjamín Netanyahu, primer ministro y hombre buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, acudió al pleno para votar a favor. No se ausentó. No se abstuvo. Puso su firma simbólica en esta ley, consolidando una promesa de su coalición de gobierno que entierra décadas de contención estatal en materia de pena capital. Porque conviene recordarlo: Israel no ejecutaba a nadie desde 1962, cuando ahorcó al nazi Adolf Eichmann.
La reacción de las organizaciones de derechos humanos ha sido inmediata. Amnistía Internacional calificó la ley como «una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los derechos humanos». Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación de la organización, recordó que esta ley se aprueba «el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros». El patrón es evidente: impunidad para los verdugos, cadena perpetua o muerte para las víctimas.
Human Rights Watch, por su parte, señaló que aunque los responsables israelíes argumentan que se trata de una cuestión de seguridad, en realidad «afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid». Adam Coogle, subdirector para Oriente Próximo de HRW, fue directo: «La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio».
La ONU tampoco se anduvo con rodeos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la revocación inmediata de la ley y advirtió que «plantea serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatoria y viola el derecho internacional humanitario». La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina fue más allá: alertó que la ley «afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos».
La condena ha sido casi unánime (con una excepción muy significativa). La Unión Europea expresó su preocupación y advirtió que la ley supone «un claro paso atrás». Francia, Alemania, Reino Unido e Italia —los cuatro países europeos con mayor peso diplomático— emitieron un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación». Irlanda, a través de su ministra de Exteriores Helen McEntee, condenó «el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley en lo que respecta a los palestinos». El Vaticano, a través del patriarca latino de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, lamentó que la reforma cambie «la idea de Estado que existe en Israel».
La Liga Árabe coordinará una respuesta unificada en una reunión extraordinaria en El Cairo. La Autoridad Palestina calificó la ley como «crimen de guerra» y pidió sanciones contra Israel. Hamás, Fatah y otras facciones palestinas condenaron el texto con dureza, advirtiendo que amenaza la vida de todos los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.
Solo un país ha defendido abiertamente la ley, Estados Unidos. La administración de Donald Trump, a través de un portavoz del Departamento de Estado, declaró que «respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas» y expresó su confianza en que las medidas se llevarán a cabo «con un juicio justo». Es la misma administración que, durante décadas, ha blindado a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU y que ahora respalda una ley que las principales democracias europeas consideran incompatible con los valores que dicen defender.
Cinco organizaciones israelíes de derechos humanos —entre ellas Adalah, HaMoked y Médicos por los Derechos Humanos Israel— ya han recurrido la ley ante el Tribunal Supremo de Israel. Adalah calificó la norma como «ejecución con base explícitamente racista» y advirtió que su aplicación podría constituir un crimen de guerra. El Supremo tendrá ahora que decidir si admite a trámite el recurso, pero la sola existencia de esta ley ya ha hecho su daño.
Porque más allá de si alguna vez se ejecuta —o de si los recursos legales consiguen frenarla—, esta ley ya ha cumplido su objetivo. Ha mostrado hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Israel. Ha enviado un mensaje claro a los palestinos: para este Estado, ustedes no son personas con derechos. Son una categoría jurídica inferior. Son aquellos a quienes se puede ahorcar sin que eso altere la conciencia de quienes votan la ley y celebran con champán.
Mientras el mundo observa, Israel se convierte en un país que no solo mantiene la pena de muerte (en una región que la ha abolido mayoritariamente), sino que la agrava y la aplica de forma explícitamente discriminatoria. Y lo hace con la bendición de Estados Unidos y la condena de casi todos los demás. En medio, decenas de prisioneros palestinos que ahora saben que, si son condenados, la soga les espera.
El diputado de la oposición Yair Golan lo resumió con una frase que debería resonar: «La ley de pena de muerte para terroristas es una legislación innecesaria diseñada para que Ben-Gvir consiga más ‘me gusta’. No aporta ni una onza a la seguridad de Israel». No aporta seguridad. Solo aporta sangre. Solo institucionaliza la venganza. Solo normaliza lo que hasta ahora era impensable: que un Estado del siglo XXI legisle para ejecutar a un pueblo al que mantiene bajo ocupación.
El mundo no puede callar, dijo Pedro Sánchez. El mundo no calla. Pero hasta ahora, salvo por los comunicados de condena y las peticiones de derogación, la maquinaria sigue funcionando. La ley está aprobada. El champán está abierto. Y en las cárceles israelíes, los presos palestinos esperan.
