El ataque de Trump a la libertad de expresión

y la enérgica reprimenda de un juez federal

Amy Goodman y Denis Moynihan

El juez federal William Young, del Distrito de Massachusetts, fue designado por el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan y se ha desempeñado en ese cargo con sede en la ciudad de Boston durante 47 años. En junio pasado, el magistrado recibió una postal amenazante, escrita a mano y en letras mayúsculas, con el mensaje ”TRUMP TIENE INDULTOS Y TANQUES… ¿USTED QUÉ TIENE?”. La fecha en que Young recibió la postal, el 19 de junio, es significativa, ya que fue solo cinco días después del ostentoso desfile militar que Trump organizó para sí mismo en la ciudad de Washington D.C., en coincidencia con su propio cumpleaños y con el aniversario de la creación del Ejército de Estados Unidos, pagado con fondos públicos. El desfile no fue mucho más que una exhibición de varias horas de duración en la que pasaba un tanque tras otro frente a una tribuna instalada para la ocasión, desde donde Trump presenciaba el acto junto a sus colaboradores más cercanos.

En el encabezado de un dictamen que emitió esta semana, el juez Young incluyó una imagen de esa postal, junto con un mensaje para la persona que la envió:

“Estimado señor o señora anónimo:

Yo solo, cuento únicamente con mi sentido del deber. Pero juntos, el pueblo de Estados Unidos —usted y yo— contamos con nuestra magnífica Constitución. Y así es como se aplica en un caso concreto”.

Lo que le sigue a este mensaje es una dura y demoledora reprimenda de 161 páginas al ataque del Gobierno de Trump contra la libertad de expresión.

En la demanda —interpuesta por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones académicas— se afirma que el Gobierno ha criminalizado “cualquier expresión en apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino o que critique las acciones militares de Israel en Gaza” y que ha estado persiguiendo a estudiantes y académicos extranjeros propalestinos con el fin de deportarlos.

Al dictaminar a favor de los demandantes, Young escribió:

“Este caso —quizás el más relevante que haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— plantea de manera clara la cuestión de si las personas no ciudadanas que residen legalmente aquí, en Estados Unidos, tienen, de hecho, los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El tribunal responde a este planteo de orden constitucional de manera inequívoca: ‘Sí, los tienen’”.

Las personas no ciudadanas a las cuales se hace referencia son Mahmoud Khalil, Yunseo Chung, Rümeysa Öztürk, Mohsen Mahdawi y Badar Khan Suri. Todos ellos tenían residencia legal en Estados Unidos y se habían manifestado en defensa de los derechos del pueblo palestino. Durante el juicio de nueve días a cargo del juez Young, se acumuló abundante evidencia de que funcionarios del Gobierno de Trump —en particular el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y sus subordinados— habían seleccionado a estas personas para su deportación en gran medida como castigo por sus expresiones.

Alex Abdo, uno de los principales abogados del caso y director de litigios del Instituto Knight para la Primera Enmienda, de la Universidad de Columbia, dijo a Democracy Now!: “Si la libertad de expresión significa algo en este país, eso es que agentes gubernamentales enmascarados no pueden apresar a una persona en la calle y encarcelarla por algo que ha dicho”.

Mahmoud Khalil, un estudiante palestino egresado de la Universidad de Columbia, pasó 104 días en varias cárceles para inmigrantes, la mayor parte de ellos en el centro de detención de la ciudad de Jena, una apartada localidad situada en el estado de Luisiana. El Gobierno de Trump continúa intentando deportarlo. Luego del fallo emitido por el juez Young, Khalil dijo a Democracy Now!:

“Es muy importante seguir alzando la voz, porque el tribunal ha confirmado que la intención de este Gobierno era coartar nuestro derecho a la libertad de expresión. Por eso, quiero seguir expresándome en contra de este Gobierno, para demostrar que nunca lograrán silenciar nuestra voz, nunca lograrán silenciarnos ante todas las atrocidades que se están cometiendo contra nuestro pueblo en Palestina”.

Al comentar sobre los casos de Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, el abogado Alex Abdo agregó: “Ambos estuvieron ayer en el tribunal, porque el Gobierno ha planteado que no tienen derecho a impugnar su detención, aun cuando el Gobierno los envió a la cárcel específicamente con el fin de silenciar su voz y coartar el derecho de otros a expresarse. La esperanza es que un fallo como el de ayer rompa con esta dinámica, porque el objetivo de este Gobierno en todos estos casos en los que está reprimiendo la expresión política es acallar toda forma de disenso”.

El fallo del juez William Young se sustenta en hechos, está ampliamente documentado y cuenta con notas al pie que resaltan precedentes históricos, luchas anteriores por la defensa de derechos fundamentales, y otras violaciones claras del Gobierno de Trump. El magistrado fustigó con dureza la práctica actual en la que agentes federales del orden actúan con el rostro cubierto, una práctica a la que calificó de “fraudulenta, sórdida y deshonrosa”. Al respecto, Young agregó: “El Servicio de Inmigración usa agentes enmascarados por una sola razón: aterrorizar a los estadounidenses para que se mantengan quietos”.

Young finalizó su dictamen como lo comenzó, dirigiéndose al autor anónimo de la postal amenazante, cuyo sello del correo pertenece al área de Filadelfia:

“La próxima vez que usted esté en Boston pase por el tribunal y observe cómo sus conciudadanos, actuando como jurados, imparten justicia. Es aquí, y en otros tribunales como este, tanto estatales como federales, repartidos por todo el país, donde nuestra Constitución late con mayor fuerza y vigor”.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org