Desestimación de causa San José-San Ramón

Pedro Castro Fernández

Luego de una exhaustiva investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, que conllevó múltiples diligencias probatorias (allanamientos, entrevistas, secuestro de documentos, requerimientos de informes, etc.), durante dos largos años, dicho Organo Fiscal no encontró el más mínimo indicio sobre la comisión de una falta, irregularidad o delito por mi persona como temerariamente lo denunció Guillermo Alberto Rodriguez Baldí, ensañado en desprestigiarme ante la opinión pública cuando me desempeñaba en el cargo de Ministro del MOPT.

Por Esta razón y mediante un Dictamen debidamente motivado y refrendado por el Superior Jerárquico, la Fiscalía de Probidad solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y a la Función Pública del II Circuito Judicial de San José la desestimación de todos los hechos denunciados contra mi persona y otros funcionarios. El Juzgado Penal los desestimó el 10 de febrero del año 2016.

Se acredita de manera fehaciente que la supuesta gran estafa multimillonaria cometida en perjuicio del Estado Costarricense por mi persona y otros ilustres funcionarios en la cesión del contrato de Concesión de San José – San Ramón de 2012, sólo fue un temerario y vilipendioso intento del señor Guillermo Alberto Rodríguez por manchar mi buen nombre, mi decoro y mi reputación, formada por muchos años en el ejercicio de mi profesión y en el servicio público.

Durante toda la investigación diligenciada por el órgano fiscal nunca puse un pie en algún cubículo fiscal. Nunca se me convocó como imputado ni se me tomó declaración alguna, como tampoco lo hicieron los demás funcionarios injustamente denunciados por don Guillermo Rodríguez, quien en todo momento denunció a sabiendas que no había delito. Nunca aportó prueba alguna al operador fiscal. Tampoco señaló lugares donde se encontraban ni aportó testigos ni informe alguno. Todo lo denunciado y difamatoriamente publicado en su página de Facebook fue una vil infamia dirigida a causarme un gravísimo daño junto a otras personas.

Don Guillermo, tal y como lo faculta la ley —como abogado lo sabe— pudo gestionar ante mi Despacho una rendición de cuentas y no lo hizo. Tampoco gestionó un solo documento sobre esa concesión ante las autoridades e Instituciones Públicas. Simplemente y empoderado en si mismo, salió a lucirse a costa de atribuirme la comisión de conductas criminales. Esto no es posible en un Estado de Derecho como lo es Costa Rica.

Nuestra Constitución Política en su numeral 29 faculta a todos a comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero categóricamente señala que serán responsables de los abusos que comentan en el ejercicio de este derecho.

Por esta razón interpuse querella ante los Tribunales y reclamo resarcitorio contra don Guillermo Alberto Rodríguez Baldi por delitos contra el honor en mi perjuicio. Para este mes es el juicio oral y público de mi demanda contra calumnia y difamación. Nuevamente el Sr. Rodríguez Baldí estará en la silla como imputado. Serán los Jueces de la República, y luego de realizado el debate, quienes decidirán sobre su reprochable comportamiento.

Los ciudadanos honestos con afán de servicio que temporalmente pasamos por la función pública no perdemos un legítimo y sagrado derecho al honor, a nuestro decoro, a nuestro buen nombre y reputación por el solo hecho de servir en la función pública.

– Ex Ministro de Obras Públicas y Transportes