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Marielos Aguilar
En principio, este artículo despertó en mí gran interés, dada la estatura profesional y la experiencia académica de su autor, pero la insatisfacción me embargó muy pronto por lo que líneas abajo comento.
Recordemos que este tema tiene casi cincuenta años de estar en la mesa de las grandes discusiones nacionales. Es más, no solo el modelo de la educación superior pública ha sido cuestionado, también el modelo mismo del Estado que heredamos de las luchas sociales de los años cuarenta. Los intereses de las élites empresariales se han ido imponiendo cada vez con más éxito y la amenaza de acabar con aquellas reformas sociales actualmente es un hecho que no admite discusión. Desde 1975, con la creación de la primera universidad privada del país (la UACA) hasta el día de hoy, cuando existe medio centenar de ellas, se mantiene vivo ese debate y no es por casualidad, pues aquel fue el primer paso para la privatización de los servicios públicos y, con ello, el paulatino debilitamiento de las instituciones autónomas, pilares sobre los cuales se ha levantado nuestra democracia social y política.
A decir verdad, el contenido de este artículo me ha sorprendido pues el Dr. Denton se limita a citar “rumores” que se escuchan por ahí sobre la situación de la población estudiantil universitaria. Por ejemplo: 1) que los estudiantes de las universidades privadas provienen de familias de mucho dinero, 2) que esos estudiantes se matriculan en tales instituciones porque no aprueban los exámenes de admisión en las universidades públicas y, 3) que en las universidades privadas nadie se queda en los cursos que matricula. Estos rumores constituyen su punto de partida para argumentar algunas aseveraciones en contra de las universidades estatales, pero lamentablemente, sin los fundamentos mínimos a los que debe recurrir un maestro de la Estadística.
En realidad, estos podrían dejar de ser simples rumores para convertirse en supuestos de investigación que, formalizados debidamente, darían para constataciones de gran interés, como algunas de las que han realizado los equipos interdisciplinarios de investigación de CONARE las cuales, de seguro, habrán sido de conocimiento obligado de este autor.
Otra suposición que expone el Dr. Denton en su artículo es que en las universidades estatales no se entiende el concepto de “coste de oportunidad” que sufren los estudiantes, mientras se preparan en las aulas sin incorporarse al mundo del trabajo. O sea, el estudiante no puede tener ingresos propios y eso, en principio, es un gran perjuicio. El autor agrega a su argumentación, la supuesta ventaja de cursar carreras universitarias de tres años, como en algunas universidades privadas, a diferencia de las carreras de las instituciones públicas que duran al menos cinco años. Así, sumas y restas de hipotéticos salarios no percibidos por los jóvenes estudiantes arrojan probables datos, definitivamente favorables para quienes optan por las universidades privadas.
Cabe preguntarse, ¿y la calidad de la formación profesional recibida por esos estudiantes? ¿Y el nivel de cultura general adquirido que les permita una comprensión más vasta de la dinámica cultural, nacional e internacional, indispensable en la elaboración de las grandes soluciones a los problemas que su desempeño profesional les demande?
Es aquí donde se percibe la ausencia en el argumento del autor de un concepto indispensable. ¿Cuál es la relación coste – beneficio al invertir en un tipo u otro de instituciones de educación superior? Este es otro tema relevante cuyo análisis evitaría recurrir a rumores de corrillos.
Es erróneo enfocar los retos de la enseñanza superior con argumentos tan simples. Sin duda, en un país pluralista como el nuestro, las universidades privadas tienen su razón de ser como alternativas de enseñanza superior. Las condiciones materiales y las inteligencias múltiples que caracterizan a la población que aspira a recibir formación universitaria, pueden también llenar sus aspiraciones profesionales en este otro tipo de instituciones y esto es positivo y legítimo. Ese no es el problema. Lo que sí resulta problemático es ignorar datos relacionados con las universidades públicas como los siguientes. Por ejemplo, en 2019, estas universidades tenían matriculados 106.940 estudiantes, de los cuales el 48.6 % disfrutaba de una beca, en otras palabras, prácticamente casi la mitad de ellos recibieron apoyo económico de su universidad. Hablamos de alrededor de 50.000 futuros profesionales subsidiados con recursos de las universidades estatales provenientes del FEES. Por otro lado, el 46.5% de los estudiantes fue financiado por sus padres y madres y solo un 4% recurrieron a un préstamo o se financiaron con ingresos propios. Otra cifra relevante, el 75% de esos estudiantes provienen de colegios públicos y sólo el 16.2% de colegios privados (Semanario UNIVERSIDAD, 30 de setiembre de 2020).
Otras afirmaciones del Dr. Denton simplemente nos producen asombro. Afirma que no en todas las universidades estatales la excelencia académica es el criterio principal para seleccionar a los estudiantes admitidos pues en algunas “se capta alumnos de toda capacidad o incapacidad académica”. Es más, afirma que en las universidades estatales ocurre una “inflación de las notas” obtenidas por los estudiantes.
Extrañamente, siendo el Dr. Denton la cabeza de una importante empresa encuestadora, cuyos principales instrumentos de análisis son variables y parámetros cuantitativos para fundamentar sus conclusiones, recurre únicamente a rumores, juicios de valor y afirmaciones que, en criterio nuestro, son inexactas hasta que él no demuestre lo contrario. Olvidaba señalar, además, que este autor ha sido profesor en la Universidad Nacional, una de las que más desprestigio recibe en el artículo que aquí comentamos.
Los comentarios suscitados en las redes sociales, a favor o en contra de los argumentos de este artículo, llaman mucho la atención porque muestran con claridad el poder de estas redes para construir, o destruir, nuestro sistema político y social. El gran reto consiste, entonces, en seguir fortaleciendo el espíritu crítico de la ciudadanía costarricense para que refuerce su capacidad de sopesar los logros y las debilidades de nuestro sistema de educación superior con fundamentos claros y constatables.
– Catedrática jubilada UCR
