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Luis Paulino Vargas Solís
– Un espectacular incremento de la recaudación por concepto de impuestos, en el orden de más del 3,6% como proporción del PIB, proveniente, no de nuevos impuestos, sino de control del fraude fiscal.
– Una reducción del gasto sin incluir intereses, de cerca del 1,4% del PIB.
– Un recorte de un poco más del 1% del PIB en los pagos por intereses.
– Esto, más los pichuleos derivados de las privatizaciones, mantendría la deuda por debajo del límite fatal del 60% del PIB, y hacerla disminuir al 47,6% en 2024.
Desde luego, es más que deseable reducir el fraude fiscal, pero también es necesario saber a quién se le apretarán las tuercas. Están, por un lado, los patrimonios e ingresos de los muy ricos, escondidos en paraísos fiscales, cuyo aporte a la economía costarricense a menudo es nulo (o casi), y los cuales cuentan a su favor con mecanismos de defraudación sumamente sofisticados. Algo distinto son las pequeñas y medianas empresas y el amplio sector informalizado, que, en medio de grandes penurias, sí generan efectos positivos en el nivel nacional. En este segundo caso, la defraudación tributaria –mucho más “artesanal”– no es necesariamente un acto delincuencial, sino a menudo una estrategia de sobrevivencia, dados sus bajos niveles de productividad en un contexto económico adverso. Y, sin embargo, también este segundo grupo es mucho más vulnerable que el primero, a las posibles medidas de control del fraude fiscal.
Si los nuevos ingresos que el ministro Chaves espera obtener, salen principalmente de ese grupo y no de los evasores más ricos –y esto es algo que el ministro debería aclarar– ello tendrá un efecto contractivo sobre la economía y el empleo, el cual se sumaría al efecto negativo derivado de la restricción del gasto que se anuncia.
O sea, y en resumen, la propuesta tiene un sesgo recesivo que atentaría contra sus propósitos declarados. Y es que en todo esto hay una faceta muy importante, realmente elemental, pero permanentemente silenciada: puesto que lo que interesa es la relación porcentual deuda/PIB, el elemento crucial está entonces en el crecimiento del PIB. Por dos razones igualmente importantes: porque ello influye decisivamente en los ingresos tributarios del gobierno y por lo tanto en la magnitud del déficit fiscal; y porque la relación entre las tasas de interés y la tasa de crecimiento del PIB es clave para que la deuda resulte o no sostenible.
Cierto que el ministro reconoce que uno de los objetivos detrás de su intento de impedir que la deuda sobrepase el 60% del PIB, es mantener flexibilidad sobre el manejo de la inversión pública, ya que ésta también se vería sujeta a la absurda camisa de fuerza que la disparatada regla fiscal impone, en caso de sobrepasarse ese umbral. Pero en el balance general, las metas del ministro hablan, como ya indiqué, de una reducción equivalente al 1,4% del PIB, en el gasto excluyendo intereses. Vale decir: cualquier aumento en la inversión será compensado de sobra por la reducción en pago de salarios y compra de bienes y servicios, lo cual posiblemente anularía el efecto positivo del aumento en la inversión. A corto plazo, el efecto estimulante derivado de ésta última, quedaría cancelado, y, en el balance general, podría darse un efecto contractivo.
Cuando, por otra parte, el ministro maneja hipótesis al parecer sumamente optimistas, en cuanto a las tasas de interés que se obtendrían con la colocación de deuda externa (eurobonos) en sustitución de la deuda interna. Parte de ese optimismo pareciera alimentarse de la manipulación de los datos: sobredimensiona las tasas de interés a las que se coloca deuda hoy en Costa Rica, e imagina tasas excesivamente favorables en las colocaciones externas. Indica una tasa de 7,9% en el primer caso, y de 5,25% en el segundo. En realidad, y según se reporta en la página web del propio Ministerio de Hacienda, la tasa de interés ponderada, según los datos más recientes, anda en los alrededores del 6,5%. Y, por otra parte, la colocación de eurobonos (deuda externa) en noviembre del año pasado, se hizo a una tasa ponderada prácticamente idéntica (6,45%).
Nada de lo cual debería extrañar. Recordemos que las llamadas calificadoras de riesgo advirtieron, desde el puro inicio, acerca de las graves limitaciones del plan fiscal. Contrariaban así los juicios, carentes de toda objetividad, que sustentaban el gobierno, las cámaras empresariales, la prensa y la cofradía ideológica de los economistas del establishment (Academia de Centroamérica, INCAE, UCR, Estado de La Nación y similares). De modo que no cabría esperar que a nivel internacional se mirase la situación fiscal con la misma irresponsable ligereza con que se le veía en Costa Rica, lo cual, a fin de cuentas, quedó reflejado en las tasas de interés a las que se hicieron esas colocaciones de deuda externa.
O sea: si bien las tasas de interés internacionales son mucho más bajas que las internas, a la hora de vender bonos en esos mercados externos, la tasa que se nos solicita está varios puntos por encima del promedio. Lo cual seguramente empeorará, en vista de las calificaciones de la deuda están siendo nuevamente degradadas.
Súmesele un importante agravante: hablamos de tasas de interés que claramente superan el crecimiento nominal (o sea: incluyendo la inflación) del PIB. En este momento, las primeras exceden del segundo por un margen de entre 2,5 y 3 puntos porcentuales. Es altamente improbable desactivar la bomba de la deuda de esa forma.
En resumen: el ministro Chaves, que tan buena impresión no causó al inicio al aportar una dosis de sobrio realismo, luego termina enredado en un planteamiento fantasioso y carente de viabilidad.
– Economista, director CICDE-UNED
Fuente: Soñar con los pies en la tierra
