Crisis fiscal: Propuesta del ministro Rodrigo Chaves, de lo excelso a lo grotesco (I)

Luis Paulino Vargas Solís

La reorientación en las políticas en materia fiscal, propuesta por el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, tiene elementos audaces y de avanzada; en algunas partes ofrece gotas de honesto realismo que, sin embargo, luego deja olvidadas para dar lugar a ideas bastante delirantes, como asimismo lanza apuestas que ya otros países se han jugado, con un recuento final doloroso.

Y, en efecto, el ministro entra en un territorio minado cuando saca a relucir, al parecer con mucha convicción, el tema del fraude fiscal. Y, al hacerlo, no solo solicita apoyo financiero para fortalecer tecnológicamente la administración tributaria, sino que se atreve con algo que para el capitalismo tico es un tótem sagrado: el secreto bancario. Lo cual posiblemente refleja que en nuestro medio el fraude fiscal, es en cierto modo idiosincrásico: en la sociedad en general, y, especialmente, entre los más ricos. En el mundo, sin embargo, ha ganado amplia aceptación la idea de que no puede haber combate efectivo al fraude fiscal, si no se levanta el secreto bancario y, en todo caso, ya hay diversos convenios, de alcances aún insuficientes, que posibilitan el intercambio de esa información entre países.

No olvidemos que ni la exministra Rocío Aguilar, ni toda esa barra brava que hoy ensucia las curules legislativas, jamás han querido decir nada al respecto. Sus poses de matones a sueldo, y toda su histérica estridencia, han estado enfocadas exclusivamente en las instituciones públicas y, sobre todo, en el funcionariado público. A los grandes defraudadores los mantienen cubiertos por el manto protector de su silencio, como asimismo las grandes fortunas –las de los ricos-verdaderamente-ricos– siguen ocultas e invisibles: sabemos que existen, pero no sabemos dónde ni cuánto, y por ello mismo tampoco sabemos si tributan lo que les corresponde.

El ministro Chaves hace entonces una apuesta arriesgada, a la que, de momento, arrastra al gobierno de Alvarado y al PAC. Veremos si aguantan la presión. Una cosa es indudable: las fuerzas que ya, en este preciso momento, se están moviendo contra el ministro, son formidables, realmente morrocotudas. Si el ministro cae –y no es descabellado que ocurra– será señal clara de que Alvarado y su partido se quebraron…lo cual no habría de extrañar a nadie.

El ministro, por otra parte, se desmarca de las versiones en color pastel y los cuentos de hadas que oficialmente se nos ofrecía acerca de lo resultados esperables del plan fiscal aprobado (ley 9635). Eran las historias que la furibunda Rocío Aguilar ofrecía cada vez que se ponía en modo sicodélico, y, en especial, los cantos de cuna que el Banco Central ofrecía para adormecer conciencias poco despabiladas, haciéndolos pasar por estimaciones técnicas acerca de los resultados esperables de la reforma.

Hoy el ministro Chaves aporta su cucharada de realismo, que, sin que sea ese su propósito, da razón a quienes sostuvimos que ese plan fiscal era tremendamente insuficiente. Y, al hacerlo, el hombre se gana nuevas enemistades, puesto que con ello deja al desnudo la impericia, en el mejor de los casos, o acaso más bien la falsedad, de quienes afirmaban otra cosa. El ministro habla que la deuda pública podría llegar al 72% como proporción del valor de la producción medida por medio del Producto Interno Bruto (PIB). Curiosamente, en un artículo que publiqué en mi blog el 4 de noviembre del año pasado, yo planteaba la hipótesis de que la deuda podría superar el 70% hacia 2025.

Así pues, el ministro Chaves suma dos a su favor: atreverse a plantear el tema el fraude fiscal y dejar en claro las fatales insuficiencias del plan fiscal aprobado. De ahí en adelante, su planteamiento se resquebraja, y eventualmente naufraga.

Su objetivo declarado es darle un “guamazo” (sic) a la deuda pública. Pero a la hora de explicar cómo lo haría, plantea hipótesis sumamente optimistas, que arriesgan ser falacias de un tamaño comparable a las del plan fiscal. Con el agravante de que, en cierto momento, le pone a la cuestión un subido tinte ideológico.

Propone recurrir a los superávits presupuestarios de once instituciones y empresas públicas, así como la privatización de BICSA y FANAL. Todo esto sumado daría para cancelar un 1% de la deuda total o, en el mejor de los casos, un poquitito más. Bastaría un trimestre, quizá menos, para que esa amortización quede compensada y superada por el crecimiento inercial de la deuda.

De manera que esta parte de la propuesta de Chaves tiene un contenido estrictamente ideológico. No resuelve absolutamente nada, cuando, en realidad, es una especie de globito de prueba, como diciéndose: “si logramos privatizar estos activos estatales, seguiremos con el resto”. El cálculo posiblemente se basa en la creencia de que son los dos casos menos polémicos, pero que, de lograrse, el camino quedaría desbrozado para meter en la danza a RECOPE, y luego INS, ICE y vaya a usted a saber qué más. No olvidemos que alrededor de todo esto acechan depredadores hambrientos y feroces.

En la segunda parte de este artículo ampliaré mi análisis sobre las métricas –es decir los datos y proyecciones cuantitativas– que la propuesta del ministro Chaves ofrece.

– Economista, director CICDE-UNED

Fuente: Soñar con los pies en la tierra