Costa Rica: transformación democrática o explosión social

Ágora*

Por Guido Mora

Guido Mora

Los acontecimientos mundiales, la turbulencia de los tiempos que vivimos y las manifestaciones de cientos de miles de personas en diversos países del Orbe, nos permiten afirmar que cada día estamos más lejos de la paz, la tranquilidad y la estabilidad social, política y económica que requiere la humanidad.

La crisis del postcapitalismo golpea de manera abrumadora las economías de millones de ciudadanos, a lo largo y ancho del planeta Tierra.

Discusiones sobre lo superfluo e intrascendente

Mientras en Costa Rica continuamos discutiendo sobre la norma que regula la aplicación de una Ley, vigente desde hace 50 años; sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo o respecto de cualquier otro tema banal, bizarro o bizantino.

Mientras la Iglesia Católica continúa su vergonzante camino defendiéndose u ocultando las acusaciones de pederastia que enfrentan algunos de sus sacerdotes; se alía con los sectores neopentecostales, en torno a posiciones conservadoras que atentan incluso contra los Derechos Humanos, actuando y pactando con quienes todos los días erosionan sus filas.

Mientras como sociedad perdemos el tiempo discutiendo sobre temas superficiales; la realidad socio-económica de los costarricenses se deteriora, producto de la aplicación de las medidas propias de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza que, conducido por los grupos financieros -nacionales e internacionales-, sólo beneficia a los sectores más privilegiados de la sociedad; el mismo sistema económico que nos ha llevado a convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo.

Había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto…

Esta es la frase expresada por el locutor del Canal 13 de Chile, Polo Ramírez, refiriéndose a la explosión social que se suscitó en ese país recientemente.

El mismo país, catalogado como el más rico de Latinoamérica, en donde la “aplicación exitosa del neoliberalismo” permitió tasas de crecimiento económico por encima del 4% del PIB para el 2018, para caer en la primera mitad de 2019 al 1.8%; el país en que la reducción de la pobreza, según datos del Fondo Monetario Internacional paso del 30% en el año 2,000 al 6.4% en el 2017 y un PIB per cápita que aumentó, según los datos de la CEPAL, dos veces y media entre 1990 y 2017, llegando a USD $22,767 dólares y una expectativa de vida por cercana a los 80 años.

Ese es el mismo país que, junto con los exitosos resultados macroeconómicos, esconde una realidad deplorable en el ámbito de la microeconomía y el deterioro de los índices sociales, en donde se presenta un constante incremento de tarifas, jornadas laborales extensas y empobrecedoras jubilaciones.

Dónde prácticamente todos los servicios públicos están privatizados -constituyéndose en el único país del mundo en que el suministro de agua potable es privado-. En el que cuentan con uno de los sistemas educativos más caros y de menor calidad de América del Sur; con una pésima calidad del sistema de salud pública, así reconocido incluso por el Colegio de Médicos de ese país; con un sistema de pensiones en crisis; con salarios mínimos de 400 dólares; jornadas de trabajo de hasta 45 horas semanales y con una de las poblaciones más endeudadas del continente.

Esta realidad, es la de un país rico, en que el grueso de la población sufre de las mayores desigualdades del mundo, ocupando el sétimo puesto, de acuerdo con la valoración que hace el Banco Mundial mediante el Coeficiente de Gini: que es del 0,46%.

Este es el mismo país en donde el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Al fin de cuenta, tal como lo señala Kathya Araujo analista chilena, socióloga y doctora en estudios americanos: con el crecimiento de la economía, Chile mejoró las condiciones de vida, pero no la calidad de vida de los chilenos.

La lectura de indicadores socioeconómicos y la situación costarricense

La situación que enfrenta Chile es preocupante, tanto por el deterioro de las condiciones de desigualdad que sufren sus ciudadanos, como por la represión ejecutada por el ejército contra la población civil.

Más preocupante, sin embargo, constituye la similitud de esta crisis, con la realidad costarricense.

El endeudamiento de las familias costarricenses; las largas jornadas laborales; un salario mínimo, acompañado de una pésima formación financiera; el deterioro y encarecimiento de los servicios públicos; la inseguridad; los altos salarios y pensiones prevalecientes en grupos privilegiados del sector público y, por sobre todo, la alta concentración de la riqueza en manos de pocas familias, han conducido a que Costa Rica integre la penosa lista de los países más desiguales del mundo, ubicándose en la novena posición de este vergonzoso elenco.

De esta manera, desde el año 2000, Costa Rica ha sufrido un constante deterioro del Coeficiente de Gini, pasando de 0,435 a 0.514 para 2019.

La desigualdad ha crecido sistemáticamente, la pobreza no logra ser reducida y el ingreso de los sectores más vulnerables del país está prácticamente estancado. Los niveles de desigualdad en 2019 son similares a los de hace 40 años.

Mientras que en los años 90 nuestro país tenía niveles de desigualdad menores que los de Estados Unidos, a partir de 2006 esos índices comenzaron a deteriorarse, alcanzando niveles preocupantes con la crisis económica del 2008.

Para el 2015, el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre y mientras que, según datos del Banco Mundial, en Latinoamérica la desigualdad tiene una tendencia a la baja, en Costa Rica se ha mantenido en ascenso.

La ubicación de Costa Rica en la valoración del Índice de Desarrollo Humano ha sufrido también un deterioro paulatino, pasando del lugar 42 en al año 2000, al puesto 63 en el 2017.

Ya para el 2018, según datos del INEC, el 20% de hogares del país con mayores ingresos concentra el 50,7% de los ingresos totales mientras que el 20% más pobre reúne apenas el 3,9%.

Tal como sucede en Chile, los ricos se hacen cada vez más ricos.

Este deterioro sostenido, se produce ante el silencio cómplice de una Conferencia Episcopal, cuyas preocupaciones han estado siempre divorciadas de los más pobres.

De partidos y políticos que, sin importar la ideología que presumen representar, sólo han beneficiado a los más favorecidos de la sociedad costarricense. Tal como ha sucedido en Chile.

En donde el divorcio de la clase política con los sectores populares y los grupos más desfavorecidos, sólo ha generado el espacio del cual se han aprovechado los sectores religiosos conservadores, para ejecutar el ejercicio utilitario de la fe, convirtiendo a los grupos más desposeídos en soldados fundamentalistas, dispuestos a elegir a apóstoles y pastores para que dirijan el país, a pesar de la estafa y la desesperanza de la cual han sido responsables en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, en que la corrupción, la desigualdad, la pobreza y el narcotráfico han convertido estas naciones en productoras de zombis miserables, que caminan hacia el norte, en busca de un bienestar que difícilmente alcanzarán.

Tal como afirma Kathya Araujo: en su afán de seguirse enriqueciendo, “las élites empresariales y políticas apretaron la tuerca más de lo que tenían que apretar, el estallido era inevitable” y aunque el modelo económico neoliberal, fue omiso en distribuir la riqueza, la democracia debió haberlo descartado tiempo atrás… Sin embargo, la democracia no actuó oportunamente generando, en el caso chileno, una explosión social sin precedentes, con un elevado costo social, político y económico.

Mientras eso ocurre en Chile, en Costa Rica, posiblemente pocos grupos sociales, políticos y religiosos estén pensando seriamente en la posibilidad de que los sectores sociales costarricenses puedan ser víctimas del contagio de ese estallido social, producto de la inequidad que los sectores políticos y económicos impulsan todos los días, incrementando la brecha económica entre los ricos y los menos favorecidos.

Es momento de abrir los ojos y detener el deterioro socio-económico de las grandes masas populares.
Ojalá que, en nuestro caso, la democracia sea la que descarte el modelo económico predominante, porque de lo contrario, los costos podrían conducirnos incluso, al rompimiento del orden constitucional, en manos de grupos anarquistas, de populistas demagogos, de fundamentalistas religiosos, que impulsan masas sociales, que no aguantan más, los niveles de explotación y el deterioro de las condiciones de vida, a los que se han visto sometidos, por más de 20 años.

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* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.


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