Costa Rica: puente migratorio en medio de la crisis

Marco Badilla Ch.
marcobadilla@costarricense.cr

Costa Rica destaca como destino, corredor de paso y en menor medida como expulsor de inmigrantes. Estados Unidos y Canadá son los destinos migratorios preferidos en América, y nuestro país tiene la mayor tasa de población extranjera legal en Latinoamérica (9%), seguido de Argentina (4.5%) y Venezuela (4.2%).

Nicaragüenses y colombianos, entre otros, han sido la constante básica de nuestra migración intrarregional, con leve incidencia de visitantes extracontinentales. Pero, con el éxodo masivo cubano hacia Estados Unidos, vía Ecuador, y las restricciones a asiáticos y africanos en Europa, devinieron escollos en nuestras fronteras. Con la llegada de más de 8,000 cubanos en 2015, previo paso furtivo de otros 5000 en 2014, junto al arribo de más de 800 africanos, estalló un problema migratorio y regional nunca visto. El Gobierno se obligó a permitir el libre tránsito temporal. Parte de esa masa salió este año por vía aérea y otra siguió su ruta al Norte con apoyo de “coyotes”, mas aún existe un remanente, y continúa el arribo de inmigrantes por la Zona Sur.

El fenómeno conlleva varios ángulos: seguridad, derechos humanos, crimen organizado, relaciones internacionales, entre otros. Así, la Cancillería costarricense atendió el problema con la búsqueda regional e internacional de soluciones, donde comparten responsabilidad no solo los países expulsores, sino los de paso y destino; reclamó a Estados Unidos por su responsabilidad ante políticas de recepción a los cubanos, quienes utilizan rutas indirectas por el Istmo, y solicitó a terceros países desestimular la inmigración irregular.

Empero, la crisis nos estalló en Costa Rica. Esto en razón de la vulnerabilidad migratoria y por las debilidades de la institución encargada. Quien redacta ya había adelantado su preocupación, en mi condición de Director migratorio, cuando indiqué al Semanario Universidad en su edición del 31 de marzo de 2005: “con el ritmo actual de migración, si el país no hace algo pronto, en unos cinco años entrará en una ingobernabilidad grande”.

Pese a la entrada de nuevas leyes migratorias en 2006 y 2010, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), responsable del control migratorio decayó. Aumentaron los flujos migratorios, los aranceles y el volumen de trabajo, pero el Estado no actualizó ni dotó adecuadamente al aparato migratorio con los recursos necesarios. La DGME continuó siendo la “Cenicienta” de la Administración Pública, proveyendo de dinero al Estado por altos cobros a nacionales y extranjeros, pero en su modernización se invirtió poco o nada.

La población extranjera legal se duplicó en los últimos 10 años (medio millón aproximado), sin contar la población extranjera ilegal. Pero la DGME no actualizó ni capacitó a su personal en la misma proporción. Los extranjeros enfrentan engorrosos procesos migratorios con prolongados lapsos para obtener un estatus (14 meses en promedio). La Policía Profesional de Migración, si acaso supera los 50 efectivos, quienes se encuentran desincentivados, con sobretrabajo y pocos vehículos. Solo existe un Albergue con capacidad para 50 extranjeros en Hatillo, y centros improvisados se están abriendo en Golfito y Buenos Aires, Paso Canoas y la Zona Norte.

Además, la excesiva burocracia no permite la ejecución de fondos por casi ¢14,000 millones, siendo inaceptable que existan necesidades apremiantes y fondos sin ejecutar simultáneamente.

¿Puede un país sin ejército garantizar el control migratorio básico en estas condiciones? Los esfuerzos de la Cancillería para aplacar las corrientes irregulares migratorias son atinados, por ahora, pero sin un aparato migratorio que garantice el control básico y efectivo en su territorio, la labor integral de seguridad será cada vez más frágil en los próximos años. Se agrega la necesidad de producir inteligencia para anticipar oportunamente crisis como la enfrentada.

Urge la revisión de tareas y recursos en la DGME, para que ejerza su misión de control, además de una gestión migratoria efectiva, pronta y cumplida. También apremia sacar a luz, identificar y legalizar a la población extranjera irregular (200,000 extranjeros aproximadamente), para ponerla a tributar y producir en condiciones de derecho y equidad, por medio de un Régimen de Excepción integral (amnistía). No a través de mini procesos “transitorios”, dirigidos a pocos sectores, y que no tuvieron éxito.

El Estado debe reformular la política migratoria, desatascar la ejecución de fondos e invertir en las necesidades del aparato migratorio. Corregidas las necesidades, con instalación de albergues acondicionados y estratégicamente ubicados en varias partes del país, y con personal migratorio preparado y ajustado a los volúmenes reales de trabajo, entonces, se podrá procurar una migración ordenada y segura. Con el ejercicio del control migratorio básico, ahora ausente, podrán enfrentarse oportunamente otros focos externos de amenaza a lo largo y ancho de nuestras fronteras, en nuestra condición de puente migratorio en las Américas.”

– Abogado y Ex director de Migración y Extranjería