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Costa Rica es una verdadera democracia. Es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y con una tradición de desarrollo institucional que inició hace más de 200 años. Prestigiosas organizaciones y calificadoras internacionales consideran a Costa Rica, junto con Canadá, Chile y Uruguay, como parte de las únicas democracias plenas en las Américas y nos ubican entre un selecto grupo (tan solo el 14%) de democracias en esa misma categoría en el mundo. Su trayectoria democrática, la solidez de su estado de derecho y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, son internacionalmente reconocidos y es un logro del que las y los costarricenses, desde hace varias décadas, nos sentimos orgullosos.
El 14 de junio de este año, durante un evento en La Fortuna de San Carlos, el Presidente de la República manifestó que Costa Rica lleva 75 años “en la dictadura perfecta”. Es decir, equiparó a Costa Rica con países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros, donde las y los ciudadanos no eligen libremente a sus gobernantes, donde existen presos políticos, donde no hay libertad económica, donde la libertad de expresión se castiga, entre muchas otras condiciones de represión que avergüenzan a la humanidad.
Este tipo de declaraciones deben rechazarse. Por esta razón, publicamos este comunicado. Lo hacemos para defender la verdad histórica, hacer justicia a las luchas republicanas y democráticas de nuestros antepasados, apelar a la conciencia ciudadana sobre el inmenso valor de nuestras instituciones democráticas de toma de decisiones y de control, y proteger el asentado prestigio internacional de la democracia costarricense.
Tenemos claro que las democracias son imperfectas. Que la tarea de mejorarla es permanente y que su consolidación será siempre una tarea inacabada. Al igual que otras democracias del mundo, tanto antiguas como nuevas, la nuestra es imperfecta y, a lo largo de la historia, gobiernos de distintos colores políticos han cometido errores. Pero también es cierto que al apegarse en su accionar a las normas democráticas y al estado de derecho, esos errores han sido debatidos públicamente, se han sometido al escrutinio ciudadano y de los órganos de control, y se han tomado medidas correctivas.
Por supuesto que nuestra democracia arrastra deudas con la ciudadanía. Tal y como hoy sucede con la inseguridad ciudadana y el exponencial crecimiento de la violencia homicida, de los feminicidios y de los asaltos; con la carencia de infraestructura; con las deficiencias en la educación pública; y con el debilitamiento de los programas sociales. También, con las miles de familias a las que hoy se les raciona el agua y que corren el riesgo de sufrir igual suerte con la electricidad.
Pero, a la vez, es mucho lo que hemos avanzado en estos últimos 75 años en la protección y promoción de los de derechos humanos, en la igualdad de género, en la reducción de la mortalidad infantil, en el aumento de la expectativa de vida, en la recuperación de los bosques y protección de la biodiversidad, en la diversificación productiva, en la interconexión con el mundo y en el acceso a la tecnología. En algunas de estas áreas incluso estamos a la vanguardia entre las naciones del mundo.
Somos conscientes de que falta mucho, muchísimo por hacer para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos y seguir fortaleciendo nuestra gobernabilidad. Pero la única vía para seguir construyendo un país más próspero e inclusivo es con apego a nuestros valores democráticos y perfeccionando las instituciones que hasta ahora nos han garantizado la transición ordenada del poder, el ejercicio de la autoridad en beneficio de las mayorías y una convivencia política y social mayormente pacífica. Desconocer lo mejor de nuestra historia y alterar la verdad de los hechos no sólo impedirá resolver los problemas que aún arrastramos, sino que los agravará. Además, nos hace perder tiempo valioso cuando lo que deberíamos estar es tendiendo puentes y buscando acuerdos amplios y efectivos.
Lo que se impone hoy es deponer las banderas partidistas, evitar los ataques y descalificaciones a importantes órganos del Estado y, sobre todo, con la construcción de una peligrosa narrativa que tergiversa burdamente nuestra historia institucional, la que ha sido forjada en los mejores valores por parte de muchas generaciones de costarricenses.
Costa Rica es, y debemos trabajar porque que siga siendo, una verdadera democracia.
San José, 19 e junio de 2024.
