Cambio Político Opinión, análisis y noticias
El desafío de la seguridad democrática
El reconocimiento de la represión transnacional por parte del Estado costarricense es un avance histórico, pero insuficiente si no se traduce en protocolos de protección real. La seguridad democrática del país se pone a prueba cuando la violencia política cruza fronteras.
Claudia Vargas
Cuando la violencia política cruza fronteras, se deben activar responsabilidades. En ese momento, la seguridad deja de ser un asunto externo para convertirse en un desafío interno, urgente y profundamente democrático.
Costa Rica no enfrenta este debate en abstracto. La represión transnacional ya ocurrió en su territorio. No es un debate teórico ni una advertencia a futuro: es un hecho que vulneró la soberanía, puso en cuestión los sistemas de protección y dejó una marca profunda en la comunidad exiliada. El asesinato de Roberto Samcam, un refugiado político en suelo costarricense, no es solo un crimen grave; es una señal de alerta institucional.
Por eso, el paso que hoy da el Estado costarricense al nombrar esta realidad abre una nueva etapa. No cierra una discusión; al contrario, marca el punto de partida. El desafío ahora es cómo esa posición política puede traducirse en protección real y efectiva dentro del país y en garantías concretas de no impunidad.
La seguridad democrática del siglo XXI, en Costa Rica, se sostiene en el Estado de Derecho y en prácticas democráticas que colocan en el centro la protección de las personas refugiadas y defensoras, como una obligación jurídica y ética del Estado. Esto implica ir más allá de la reacción posterior a los hechos y asumir una lógica de prevención, anticipación y protección frente a formas de violencia política que ya no reconocen límites territoriales.
En este escenario, las personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil no pueden seguir siendo vistas únicamente como sujetos a proteger. Son productoras de información temprana, redes de alerta comunitaria y portadoras de conocimiento territorial clave. La seguridad democrática se fortalece cuando el Estado dialoga de manera sostenida, escucha e incorpora estas miradas en sus análisis de riesgo y en sus respuestas institucionales.
Hoy, muchas personas refugiadas perseguidas por razones políticas continúan siendo abordadas desde esquemas generales de seguridad ciudadana que no responden adecuadamente a amenazas transnacionales. Avanzar hacia protocolos interinstitucionales específicos —con evaluación diferenciada de riesgo, medidas preventivas adaptadas y coordinación efectiva entre seguridad, refugio, fiscalía y mecanismos de derechos humanos— es una oportunidad democrática para fortalecer la prevención y la protección.
Nombrar la represión transnacional implica también garantizar que no quede sin consecuencias y reafirmar nuestra confianza en la justicia, en los mecanismos multilaterales de derechos humanos —como la OEA y las Naciones Unidas— y en la colaboración entre los Estados. La impunidad no es solo una falla del sistema de justicia: es un incentivo para la repetición de la violencia.
Para quienes vivimos en el exilio, nombrar la violencia política no es un ejercicio simbólico. Es una necesidad vital. Es la única forma de impedir que el miedo y la impunidad se normalicen cuando la represión cruza fronteras. Hablar de estos crímenes es recuperar el sentido; es responsabilidad política. Y también es una forma de prevención para quienes seguimos aquí.
Costa Rica ha dado un paso importante al romper el silencio. El siguiente paso es convertir la palabra en política pública, en protocolos y en protección concreta; y, sobre todo, en Verdad y Justicia.
Porque cuando la represión cruza fronteras, la justicia también debe encontrar mecanismos para romper con la impunidad.
