Contra las políticas recortistas

Rosaura Méndez Gamboa

Educación

Hoy, las calles de Costa Rica han sido testigo de la indignación de miles de costarricenses. Más de 70 organizaciones sociales han salido a marchar para expresar su hartazgo ante las políticas recortistas del Poder Ejecutivo, políticas que restringen cada vez más la inversión social en un contexto de creciente violencia e inseguridad.

Recortar recursos para la educación y los programas sociales no solo es un grave error; es, además, el caldo de cultivo perfecto para que nuestra juventud caiga en las redes de la criminalidad. ¿Es eso lo que busca el señor Presidente? ¿Más delincuencia?

Esta es una lucha por garantizar los recursos para la educación pública costarricense. Esta marcha es un clamor colectivo que le dice al Ejecutivo: ¡Este pueblo está harto de discursos vacíos y llenos de violencia!

Es también una advertencia a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández: al pueblo sí le importa y apoya la moción de censura contra la ministra Müller. La educación de este país está cansada de una ministra que no cumple sus funciones y que sigue con ideas de una «ruta educativa»; que carece de sensatez y criterio científico.

Hoy también se marchó para recordarle al ministro Nogui Acosta que este gobierno ha abandonado la educación y está destruyendo el Estado social de Derecho.

Además, no podemos ignorar que este gobierno ha recortado importantes recursos, como las becas Avancemos, dejando a miles de familias desprotegidas. En el mes de marzo, La presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León, admitió que el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos a escolares y colegiales, lo que representa un 28% menos con respecto a las asignadas en el año 2022.

Mientras algunos siguen apostando por crear legislación punitiva, el camino correcto es invertir en educación, arte y deporte. Como bien lo dice una estrofa de la cantante Nakury: “Gobiernos que recortan la educación, pero multiplican la policía”.

La Defensoría de los Habitantes ha señalado que, según la OCDE, se invierte $9.923 por estudiante en primaria y $11.400 en secundaria. En Costa Rica, para 2022, el MEP invirtió apenas $3.126 por estudiante. Estamos muy por debajo de la media internacional, y esto debe cambiar.

Es momento, de pensar en la educación como un bien público estratégico alrededor del cual debemos, como en muchos otros temas, construir un gran acuerdo nacional, al contario de lo que esta administración busca que es la división, el conflicto y la polarización social en detrimento de nuestro Estado Social de Derecho.

El Estado de la Nación dice que para el periodo 2024-2026 se proyecta una reducción del presupuesto para la Educación Superior del 1.77%, que debe sumarse a los 7,72% disminuido entre los periodos 2019 y 2023, o sea casi un, 10% menos, mientras que durante estos periodos las universidades públicas aumentaron su matrícula total en 11,5%, un promedio de 3.84% por año.

Si no existiera una educación pública como la nuestra, muchas familias, con mujeres como jefas de hogar, amas de casa y con hijos, estarían condenadas a un ciclo perpetuo de pobreza e ignorancia, sus hijos no tendrían la oportunidad de romper con las barreras que los mantienen marginados, perpetuando la desigualdad y negándoles el derecho a un futuro mejor.

Costa Rica merece un gobierno que apueste por su gente, que invierta en su juventud y que comprenda que la educación es la base de la paz y el progreso. ¡Basta ya de recortes y de indiferencia! El pueblo ha hablado, y exige que lo escuchen.

Diputada

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