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Diciembre 01, 2023
Carolina Alcalde
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela y Guyana abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la disputa por el territorio Esequibo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que será celebrado este domingo.
CARACAS — La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el viernes a Venezuela y Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que Venezuela celebrará este domingo.
La CIJ dictó medidas provisionales al concluir que existe un “riesgo de perjuicio irreparable” al derecho «plausible» de Guyana antes de que dicte su decisión final sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia.
En la sentencia, la CIJ aseguró que Guyana «administra y controla» el territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe “abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación” hasta tanto se produzca una decisión final sobre la controversia.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro promueve un referendo para consultar a los venezolanos si están de acuerdo en no reconocer la CIJ para resolver la controversia territorial y si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa de territorio venezolano.
A finales de octubre Guyana presentó la solicitud de medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido.
El Estado venezolano solicitó rechazar la solicitud y advirtió que “nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”. Guyana argumentó que el referendo busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza.
La jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, reiteró, al leer la sentencia, que las órdenes con medidas provisionales “tienen efecto vinculante” y por lo tanto “crean obligaciones jurídicas internacionales”.
Tras el veredicto, la vicepresidenta de Venezuela, Delsy Rodríguez, aseguró que triunfó la verdad de Venezuela, pero ratificó que el gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de esa instancia para dirimir el diferendo.
“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la CIJ en relación con las insólitas e intervencionistas medidas provisionales requeridas por Guyana contra el referendo consultivo (…) la Corte desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela”, dijo en una declaración transmitida por el canal del Estado.
Especialistas han reiterado que el Estado venezolano también pudo haber presentado una petición de medidas provisionales para solicitar que Guyana deje de explotar recursos en el Esequibo.
Venezuela, que tiene hasta abril del 2024 para presentar una contra memoria, no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la histórica controversia y sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido” para resolverlo.
En 1966 se firmó el acuerdo para dirimir el centenario conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela consideró nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899.
En 2018, Guyana acudió unilateralmente CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo que, en 2020, se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza, lo que ha sido objetado por Venezuela.
Voz de América
