Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines
SITRAPEQUIA
Reconocemos la existencia de un problema con la estructura de costos de los combustibles y particularmente el impacto que tiene sobre dicho precio el impuesto único creado para cubrir el déficit fiscal del país. Lo que es inadmisible es que se pretenda convertir a RECOPE y a sus trabajadores en el chivo expiatorio de este problema.
Contrario a lo que pregonan algunos, eliminar el monopolio y cerrar RECOPE, dejando en la calle a 1800 trabajadoras y trabajadores, no bajaría significativamente los precios finales de los combustibles.
De los costos totales de RECOPE, se requiere en promedio, un 54,3% para pagar los combustibles en el mercado internacional; un 30% que corresponde al impuesto único que recauda el Estado; un 7,2% de margen de ganancia de las estaciones de servicio y los transportistas, junto con los gastos de operación de RECOPE que representan solamente el 8,5%.
En términos contantes y sonantes, este 8,5% representa apenas 66,4 colones en promedio por cada litro de combustible, de los cuales 14,5 colones corresponden a la retribución de la mano de obra (salarios y cargas sociales).
Los disparadores del precio final de los combustibles están influenciados por el comportamiento de los precios internacionales y el tipo de cambio que están fuera del control de RECOPE.
El impuesto único a los combustibles representa actualmente un ingreso promedio anual para el Estado de 403 mil millones de colones.
Dada la injusta estructura tributaria nacional, junto con la evasión, la elusión y las exoneraciones, el impuesto único al combustible se seguirá cobrando sea quien sea que lo venda, con el agravante de que si se trata de un actor privado, al costo actual habrá que sumarle los costos de operación y las utilidades de dicho actor, lo que engrosará los bolsillos de unos cuantos socios, en detrimento de la población costarricense en general.
Romper el monopolio estatal significaría que el país renuncia a la soberanía energética sobre el aprovisionamiento y distribución cié los combustibles que el Estado costarricense recuperó hace 50 años de las manos de las transnacionales y los grupos criollos asociados, quienes imponían las reglas del mercado de manera arbitraria y especulativa.
El negociazo de quienes pretenden romper el monopolio y cerrar RECOPE consiste en arrebatarle a nuestro pueblo toda la infraestructura petrolera desarrollada por la Empresa y financiada por todas y todos los costarricenses, para su usufructo privado.
Si de verdad se quiere reducir el costo de los combustibles en Costa Rica, hay que entrarle en serio y de una vez por todas, a la injusta estructura tributaria nacional, a la evasión, la elusión y las exoneraciones, para no seguir cargando sobre las espaldas de nuestro pueblo el financiamiento del gasto público, usando a RECOPE como «caja chica del Estado».
Las y los costarricenses deben movilizarse para exigir que los ricos no sigan eludiendo su responsabilidad con el financiamiento del Estado, aprovechando su influencia en partidos políticos, en medios informativos y poderes del Estado, a través de diputados que defienden sus mezquinos intereses.
Alto a la campaña de infamias y mentiras contra RECOPE y sus trabajadores. Llamamos a nuestro pueblo a la reflexión serena y a la movilización para erradicar las verdaderas causas del alto costo de los combustibles en Costa Rica.