Banca con propósito

Límites éticos para proteger la República

Welmer Ramos González

El “gota a gota” no nació ayer ni es una consecuencia mágica de una ley reciente. La usura es tan vieja como la humanidad y desde hace siglos los códigos éticos la condenan porque se aprovecha de la calamidad para extraer lo último que le queda a la gente. Lo verdaderamente peligroso no es solo el préstamo ilegal que amenaza con violencia, sino el préstamo abusivo que opera bajo apariencia de legalidad. Cuando el crédito deja de ser instrumento de progreso y se convierte en mecanismo de extracción, estamos ante un fracaso moral y económico.

Hoy en Costa Rica más de un tercio del crédito al sector privado se concentra en consumo, desplazando el crédito productivo y de vivienda. No es casualidad: las tasas en tarjetas y préstamos personales pueden ser hasta cinco veces más altas que en créditos productivos. Se persigue al ciudadano con ofertas de tarjetas, electrodomésticos y viajes porque ahí está la rentabilidad extraordinaria. Cuando el negocio se centra en el consumo caro y no en la producción, lo que se infla no es la economía, es la burbuja.

Surge entonces la pregunta incómoda: ¿se está prestando el dinero de la sociedad a personas sin capacidad de pago? Los propios datos del Banco Central revelan que con tasas promedio cercanas al 12% las entidades financieras ya obtienen ganancias récord. Entonces, ¿por qué la presión para permitir tasas del 51%, 70% o hasta 90%? La justificación es que existen segmentos con “pérdidas esperadas” del 10%, 20%, 30% o más. Traducido al castellano: de cada 100 personas, 30 no podrán pagar y terminarán en cobro judicial, con su récord crediticio destruido. Eso no es inclusión financiera; es planificar la exclusión desde el diseño del negocio.

Una entidad financiera administra recursos que en más de un 90% pertenecen a los ahorrantes. ¿Puede moral y técnicamente prestar con una pérdida esperada superior al 10%? Hacerlo significa arriesgar dinero ajeno y, además, provocar un daño social masivo: récords manchados, familias embargadas y un Poder Judicial saturado. Antes de la ley contra la usura existían alrededor de 860.000 procesos de cobro judicial. Si de cada 100 préstamos se condena a 30 personas al fracaso, el problema no es el deudor: es el modelo.

Para sostener un negocio con alta morosidad se eleva la tasa a todos los clientes, trasladando el costo del riesgo a quienes sí pagan. Así, el buen pagador subsidia la irresponsabilidad del prestamista que decidió colocar crédito donde sabía que habría incumplimiento masivo. Cuando el riesgo se socializa y la ganancia se privatiza, estamos ante una perversión del sistema financiero.

Nadie resuelve un problema permanente de ingresos con crédito de consumo caro. Un préstamo puede aliviar unos días, pero durante años reducirá el ingreso disponible por el peso de intereses desproporcionados. El resultado es menos capacidad de ahorro, menos patrimonio y más vulnerabilidad. El crédito de consumo caro no combate la pobreza: la vuelve crónica.
Existen préstamos abusivos legales e ilegales. Los ilegales cobran con amenazas; los legales ejecutan embargos, salarios y quitan viviendas con respaldo judicial. La diferencia es el método, no siempre el efecto. La violencia puede cambiar de rostro, pero el despojo sigue siendo despojo.

La historia costarricense lo demuestra. En 1948, la nacionalización bancaria buscó frenar la voracidad financiera que drenaba la riqueza nacional mediante tasas abusivas. Décadas después, la desregulación de los años ochenta desembocó en la crisis de las financieras, donde miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida. Cada vez que se deja el crédito sin límites razonables, la factura la paga la sociedad.

El mundo también ofrece lecciones. La crisis financiera internacional provocó millones de ejecuciones hipotecarias; solo en Estados Unidos cerca de ocho millones de personas perdieron sus hogares. Todo comenzó con crédito fácil, mal evaluado y orientado a maximizar ganancias en el corto plazo. Desregular el crédito puede generar euforia momentánea, pero termina sembrando ruina estructural.

Si el “gota a gota” fuera consecuencia inevitable de topes a las tasas, ¿por qué no es un fenómeno dominante en países con límites claros? Japón mantiene topes cercanos al 20%; Corea del Sur también ronda el 20%; España opera alrededor del 22%. Incluso en Estados Unidos, el presidente Trump se ha calificado de estafa tasas del 20% o 30% en tarjetas de crédito y ha propuesto límites del 10%. La evidencia internacional demuestra que la racionalidad financiera no exige tasas confiscatorias.

El verdadero debate no es si legalizamos el “gota a gota” ampliando techos hasta el 70% o 90%. El debate es si defendemos un sistema financiero al servicio del desarrollo o uno dedicado a explotar la fragilidad. En ciencia económica y en ética pública no existe justificación sólida para tasas muy superiores a las de economías avanzadas. No se trata de abrir la puerta a la usura sofisticada; se trata de cerrar el paso a la ruina institucionalizada.

– Economista.