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Pedro Alberto Soto Sánchez
Cuesta creerlo, pero no es sorprendente. Esto es el resultado de la débil cultura política del país: una ciudadanía que, en general, lee poco, rara vez contrasta fuentes, suele ser “criticona” pero poco crítica, con frecuencia ingenua y proclive a dejarse deslumbrar por cualquier brillo superficial.
Hablamos de la administración de las rotondas cuadradas; la del mini tren y de los andenes sin tren en Paraíso. La misma que permitió la destrucción de humedales porque “no le vamos a dejar todo a los monitos”. La que afirmó que la CCSS estaba quebrada y destituyó ilegalmente, de su Junta Directiva, a los representantes laborales. La que frenó la construcción del hospital de Cartago y congeló la cartera de proyectos de infraestructura sanitaria; la que se ha negado a reconocer -y mucho menos a saldar- la deuda histórica del Estado con la CCSS.
La que no ha logrado concluir obras de infraestructura vial heredadas por la administración anterior; la que, lejos de eliminar las pensiones de lujo, aportó un nuevo pensionado en esa categoría. La que prometió erradicar la corrupción, pero ni siquiera ha podido contener sus propias vergüenzas. Son muchas las denuncias acumuladas en su contra por actos cuestionables y de corrupción.
Si, hablamos de esa administración. De la que financió su campaña con una estructura irregular de recaudación. La que solicitó “cariñitos” al BCIE. La que permitió que PUBLIEX utilizara infraestructura pública para difundir supuestos mensajes “cívicos y educativos”. Hablamos también de la que incrementó de forma abrupta los contratos con Datasys (empresa propiedad del tesorero del “pueblo soberano”) y con CISCO, aun cuando existían ofertas más convenientes para el Estado.
La misma que eliminó los impuestos a la importación de arroz; la que incumplió su promesa de bajar el costo de la vida y reducir el precio de los medicamentos. La que tuvo una ministra de Educación a la que “no le dio la gana” definir la ruta estratégica del sistema educativo. La que ha beneficiado con lucrativos negocios a los principales financistas de campaña. La que lídera una persona que se burla e insulta a quienes califica de adversarios: periodistas, académicos y profesores universitarios, políticos de otros partidos, intelectuales, obispos, agricultores y activistas sociales y culturales.
La que trasladó la Escuela de Guardacostas a un sitio sin acceso al mar y retiró a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos. La que incluso amenazó con decomisar los vehículos y tractores de los agricultores que se atrevan a protestar.
Hablamos, además, de una administración que ha estado en campaña desde su primer día, utilizando recursos públicos para implorar por 40 diputados que le permitan nombrar un fiscal afín, una contralora complaciente y jueces que no cuestionen ni controlen. Que los dejen trabajar «por la gran puta”.
La misma administración que afirmó que “los malos se mataban entre ellos” y que no había motivo de preocupación. Hoy enfrentamos niveles inéditos de inseguridad. La que primero propuso una cárcel de carpas, luego una mega cárcel y finalmente solo logra una ampliación de la Reforma (aunque ellos le llamen “mega cárcel”).
Esa es la administración Chaves Robles. La “mejor de la historia”. La que exhibe como logro la estabilidad de los indicadores macroeconómicos -crecimiento del PIB, inflación controlada, disciplina fiscal, inversión extranjera- indicadores que, aunque muestran un desempeño aceptable y no muy distinto al de gobiernos anteriores, son incapaces de reflejar cómo se distribuyen los beneficios ni cómo viven las personas. Las cifras pueden verse bien, pero para la mayoría social persisten el estancamiento, la pobreza, la informalidad y la precariedad.
Y lo peor podría estar por venir. Laura Fernández anuncia la continuidad de ese estilo de gobernar: destruyendo puentes, descalificando adversarios, hablando con estridencia a los indignados mientras hace poco por las mayorías; avanzando por rutas inciertas o diseñadas a la medida de poderosos intereses corporativos; gobernando para los ticos “con corona”, con las excepciones establecidas por los caprichos del mesías de Monterán.
Costa Rica no puede darse el lujo de normalizar un modelo político que desprecia el diálogo, debilita la institucionalidad, concentra beneficios en pocos grupos y reduce la acción pública a propaganda y confrontación. El país necesita un liderazgo que recupere la confianza y la sensatez democrática, que construya acuerdos amplios y que ponga en el centro el bienestar de la mayoría social y no el ego de unos cuantos. Ese es el desafío que tenemos por delante.
