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Óscar Álvarez
El cierre de 2024 para la economía costarricense presenta resultados mixtos que requieren una evaluación objetiva de sus indicadores más relevantes y de los desafíos que enfrenta el país.
La economía costarricense registró una deflación del -0,26% en 2024, según el Banco Central. El país cierra con la tasa de inflación más baja de la OCDE y posiblemente del mundo. Si bien este fenómeno puede percibirse como preocupante para algunos sectores y positivo para otros, en ciertos contextos puede ser una señal de ajuste en la economía hacia niveles más sostenibles. La caída de los precios refleja una mejora en la eficiencia del mercado y el poder adquisitivo del consumidor, lo cual ha aliviado parcialmente el costo de vida en un entorno de desaceleración en el consumo interno.
Sin embargo, una deflación prolongada podría implicar riesgos como la reducción de la inversión empresarial o una menor creación de empleo. Para contrarrestar este efecto, es fundamental que el país impulse políticas que incentiven la inversión privada y el consumo, sin depender de estímulos artificiales o un aumento excesivo del gasto público. La solución no radica en forzar una inflación artificial, sino en fortalecer los fundamentos de la economía para estimular la actividad productiva de forma orgánica.
El crecimiento del PIB del 4,1% en 2024 es una de las noticias más positivas del año. Este crecimiento se ha visto impulsado por sectores de exportación de alto valor agregado, como la manufactura avanzada y los dispositivos médicos, que continúan posicionando al país como un referente en cadenas globales de valor. No obstante, este crecimiento no se traduce automáticamente en bienestar generalizado si no se abordan los problemas estructurales del mercado laboral y la productividad local.
El país necesita fortalecer la conexión entre los sectores exportadores y las pequeñas y medianas empresas locales, entre el régimen de Zonas Francas y el Régimen definitivo, promoviendo encadenamientos productivos que permitan que más actores participen de los beneficios del comercio exterior. Asimismo, es vital continuar simplificando la normativa para que los empresarios puedan operar sin trabas innecesarias. Una economía dinámica requiere menos restricciones y más incentivos para la innovación y el emprendimiento.
El desempleo, que cerró en 6,6%, (1,5% menor que el del año anterior) sigue siendo un desafío persistente. A pesar de la expansión económica, el mercado laboral no está logrando absorber de manera eficiente a los trabajadores disponibles. Esto se debe, en parte, a regulaciones rígidas que encarecen la contratación formal y desincentivan la creación de empleos en sectores de menor productividad.
Para reducir el desempleo y fomentar la formalización, es esencial flexibilizar las leyes laborales, permitiendo que las empresas puedan adaptarse más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. La reducción de costos no salariales, como cargas sociales excesivas, también sería un paso clave para fomentar la contratación, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial del país.
Adicionalmente, se debe mejorar la capacitación técnica para que los trabajadores puedan responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más globalizado y orientado hacia sectores tecnológicos. Una fuerza laboral más preparada no solo reducirá el desempleo, sino que también elevará la productividad nacional.
La tasa de pobreza también viene hacia abajo y cierra el año con un 18% según la Encuesta Nacional de Hogares. Aún queda mucha tarea por delante.
La deuda pública, que cerró en un 61% del PIB, junto con un déficit fiscal del 2,9%, sigue siendo una de las principales vulnerabilidades de la economía costarricense. Si bien se logró una leve disminución del endeudamiento, el gasto público continúa siendo insostenible y en muchas áreas improductivo. Este nivel de deuda restringe la capacidad del país para destinar recursos a áreas estratégicas como infraestructura, salud y educación.
La solución a este problema no pasa por aumentar los impuestos, ya que esto desincentivaría la inversión y el consumo. En su lugar, se deben optimizar los recursos existentes mediante una reestructuración del gasto público, eliminando programas ineficientes y redirigiendo fondos hacia áreas prioritarias. También es crucial simplificar el sistema tributario para fomentar la formalización y ampliar la base de contribuyentes sin necesidad de imponer más cargas a los sectores productivos.
Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED), gracias a su estabilidad política, su infraestructura relativamente desarrollada y su integración en el comercio global. Sin embargo, para mantener esta ventaja, el país debe continuar reduciendo los costos de hacer negocios. La complejidad burocrática y los altos costos regulatorios siguen siendo barreras significativas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
El entorno competitivo requiere un marco normativo más simple y predecible, que facilite la apertura de empresas y promueva la innovación. Asimismo, es crucial que la inversión extranjera no se limite a sectores específicos, sino que contribuya a la diversificación productiva y a la inclusión de más actores locales en las cadenas de valor.
El tipo de cambio del dólar en Costa Rica se acerca a los 500 colones por dólar, reflejando una tendencia a la apreciación de la moneda local, impulsada por una mayor oferta de divisas y estabilidad en los flujos de inversión. Dicho tipo de cambio ha sido favorable para algunos sectores y desfavorable para otros como el sector exportador. Según economistas críticos puede estar repercutiendo indirectamente en el incremento del déficit fiscal y la deuda pública.
Por su parte, la Tasa de Política Monetaria (TPM) se situó en 4,0%, lo que representa una postura moderadamente expansiva por parte del Banco Central de Costa Rica. Esta reducción en la TPM ha facilitado condiciones crediticias más favorables, incentivando la inversión y el consumo en un contexto de baja inflación, sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, el desafío radica en mantener esta estabilidad a largo plazo, evitando distorsiones en el mercado financiero. En general el Banco Central ha seguido el camino de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por lo menos en este tema.
Organismos internacionales
Organismos internacionales han emitido opiniones variadas sobre la economía costarricense en 2024. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado la importancia de mantener políticas fiscales responsables para garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que recomienda reformas estructurales para mejorar la productividad. Por su parte, el Banco Mundial (BM) subraya la necesidad de continuar invirtiendo en educación e infraestructura, pero advierte sobre los riesgos que implica la dependencia del país en sectores específicos de exportación, sugiriendo una mayor diversificación económica.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elogió las mejoras regulatorias realizadas por el país en los últimos años, pero indicó que persisten desafíos importantes en materia de competitividad, principalmente en áreas relacionadas con costos logísticos y barreras al comercio interno.
En cuanto a las calificadoras de riesgo, como Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, estas han mantenido una perspectiva estable sobre la economía costarricense en 2024, aunque han advertido que el país debe priorizar la reducción de su deuda pública y el fortalecimiento de su institucionalidad fiscal para evitar un deterioro en su calificación crediticia.
Los resultados de la economía costarricense en 2024 reflejan un potencial significativo, pero también muestran que el camino hacia una prosperidad sostenida requiere ajustes profundos.
El crecimiento económico, si bien alentador, debe ir acompañado de reformas que permitan una mayor participación del mercado interno y de los emprendedores locales. La clave está en confiar más en los mercados, reducir las trabas estatales y permitir que los agentes económicos tomen decisiones libres, basadas en incentivos claros y no en intervenciones excesivas y arbitrarias.
Una economía que respeta estas premisas no solo será más resiliente ante las crisis, sino que garantizará más prosperidad y mejores condiciones de vida para todos sus habitantes, consolidándose como un ejemplo en la región.
– Politólogo
