Apuntes sobre la ley de no pago de arrendamientos

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Progresemos

Carlos Manuel Echeverría E.

Carlos Manuel Echeverría

Me voy a referir a una iniciativa enviada recientemente por el Gobierno de la República al Congreso para su aprobación. Me refiero al proyecto de ley: “LEY ESPECIAL DE MORATORIA TOTAL EXCEPCIONAL DE PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMENTOS DE VIVIENDA, POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19”.

Dicho proyecto plantea que durante tres meses partir de la fecha en que la ley entre en vigencia, los inquilinos dejen de pagar su mensualidad contractual de arrendamiento y que empiecen a pagar mensualmente y sin intereses, un 5% de lo adeudado a los seis meses de vigencia, lo que significa 20 meses y si abandonan la vivienda antes de terminar el contrato que paguen la totalidad de lo adeudado antes de irse.

El proyecto está mal pensado y parece partir de la absurda noción de que los que tienen una o algunas viviendas para alquilar son gente adinerada. Se deja decir además en la exposición de motivos que muchos empleados públicos tendrán durante tres meses más plata para estimular el mercado. Dice además que no atenta contra el patrimonio de los arrendatarios y que es un proyecto que promueve la justicia social.
A continuación rebatiré esos argumentos y reforzaré la posición con otros para demostrar que es una idea que podría ser confiscatoria y quizás anticonstitucional:

1) Hay miles de personas, la mayor parte adultos mayores, que no tienen pensión de lujo y que para salvaguardar sus ingresos a futuro, han invertido en viviendas de alquiler de diferente dimensión, según sus posibilidades y de ello viven. Injustamente se le castiga al pequeño ahorrante como si fuera un pecado invertir en el mercado inmobiliario, lo que contribuye a resolver el problema de quien no puede adquirir vivienda propia. Además, si hay volumen de inversión, se mantienen los precios bajos, se estimula la construcción y con el ello el empleo en las clases menos acomodadas de nuestra sociedad y en el sector comercio.

2) El proyecto no hace diferencia entre vivienda popular y mansiones que se alquilan hasta por 15 mil US$ al mes.

3) Al crear condiciones de inseguridad jurídica pues se abre un portillo a futuro por más que se afirme lo contrario, si se afecta el patrimonio y la inversión futura en el rubro. Así mismo, por la inseguridad generada, los bancos harán las hipotecas más costosas.

4) Omiten el hecho de que la deuda perderá su valor real en el tiempo y que si el inquilino se va antes de 20 meses, será difícil cobrarle lo que debe. Por la pérdida de valor, podría estarse dando un efecto confiscatorio.

5) Ignora que el arrendatario tiene que seguir pagando impuestos municipales y seguir haciendo arreglos en las viviendas de alquiler, lo que le pueda afectar seriamente su flujo de caja. Muchos estarán pagando hipotecas.

6) Esa idea de que los empleados públicos tendrán más recursos para gastar en la economía es cínica y tendenciosa, cuando sabemos que una parte importantísima de los empleados públicos gana más de 3 millones de colones al mes. No parece justo.

7) El sector inmobiliario ha sido demasiado golpeado con la reciente creación de impuestos.

8) Podría ser que durante los mencionados 20 meses, al sumar el 5% al pago mensual en rigor, se pase el tope del no pago de IVA, lo que perjudicaría al inquilino o podría poner al arrendatario en una posición desventajosa. En el corto plazo nadie en su sano juicio alquilará a quien no le paga de inmediato.

Llego hasta aquí: a buenos entendedores pocas razones. Confío en que sobre este tema, prevalecerá el buen juicio.

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Ex diplomático y ex viceministro de planificación


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