Aportes de las Juntas de Educación y Administrativas

Desde mi perspectiva

José Francisco Bolaños Arquín

El 10 de agosto, tuve la oportunidad de participar en la Asamblea Legislativa en el conversatorio: Impacto de las Juntas de Educación y juntas Administrativas en el Rol de la Educación Costarricense, actividad organizada por el despacho del Diputado Juan Luis Jiménez Succar. Un tema del que tenía poco conocimiento y me llenó de inquietudes al escuchar las diferentes exposiciones en relación con un tema que es vital para el mejoramiento de la educación.

“Las Juntas son órganos auxiliares de la Administración Pública y constituyen la base para el funcionamiento de los centros de educación pública. Son utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar de la población estudiantil de conformidad con las prioridades nacionales, regionales e institucionales.”

En la actualidad operan unas 3.761 Juntas de Educación y unas 681 Juntas Administrativas en todo el País, compuestas por alrededor de unos 24.000 miembros participantes en forma voluntaria. El propósito es que a través de ellas se fomente las inversiones en infraestructura, transporte, alimentos para el comedor estudiantil, pago de cocineras y otras necesidades de los centros educativos. Es un trabajo necesario e importante, sin embargo no es de fácil ejecución, lo que se manifiesta en la poca inversión en infraestructura, problema que se viene arrastrando por décadas.

Los colaboradores realizan sus labores en los centros educativos sin recibir ninguna remuneración y además, son un enlace con sus respectivas comunidades como conocedores de las necesidades de los centros educativos. Las labores deben realizarse en coordinación con el Director y el cuerpo docente de las instituciones.

Los requisitos para ser miembros de esta Juntas es: ser costarricense o extranjero con cédula de residencia, saber leer, no contar con antecedentes penales. El nombramiento y remoción de los participantes recae en los concejos municipales. En la actualidad no existe un perfil establecido por el Ministerio de Educación, en coordinación con las municipalidades en relación con los requisitos para ser nombrados como miembros de las Juntas.

Así las cosas, una gran cantidad de miembros con cuentan con una preparación adecuada para visualizar los requerimientos actuales y futuros del sistema educativo. Lo anterior, se refleja en una alta rotación de sus integrantes y además, con poco apoyo del Ministerio de Educación Pública y un limitado sistema de información que facilite los trámites administrativos.

Las fuentes de financiamiento de las Juntas vienen del presupuesto ordinario y extraordinario, FODESAP, INA, municipales y por créditos aprobados por la Asamblea Legislativa. En la actualidad se tienen a disposición para infraestructura educativa, alrededor de 259 mil millones de colones para ser invertidos en 1.420 proyectos.

El desglose es el siguiente: A) Fideicomiso BID – BNCR para infraestructura (Ley N. 9124 del 21 de marzo de 2013 por 90 mil millones de colones. B) Fondos DIE por 100 mil millones de colones y C) Presupuesto Extraordinario, Programa 554-00 infraestructura y equipamiento MEP, Expediente 19.980 – 2016 por 69 mil millones de colones. Una suma muy significativa para invertir en la necesaria y urgente infraestructura de los centros educativos.

Sin embargo, se demuestra una muy pobre ejecución en infraestructura ante una limitada gestión administrativa y gerencial. Situación que se refleja ante una realidad ya que solamente se ha inaugurado un Centro Educativo, en el Liceo Mata de Plátano en el Carmen de Guadalupe, Goicoechea. Y lo más preocupante es que se pagan intereses por préstamos no utilizados.

Nuestro país está entrabado, la mayoría de las Instituciones requieren de una restructuración y modernización, con el propósito de crear un estado ágil y eficiente. No podemos continuar con un Estado lento y con trámites engorrosos y una marcada duplicidad de funciones.

– Administrador de Negocios