Anarquía social y marco legal

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Los costarricenses mantenemos un reclamo generalizado por muchas razones: asesinatos en las calles, accidentes viales, exceso de velocidad, calles congestionadas, taxis sin taxímetro o con máquinas alteradas, pago de impuestos y ausencia de obras de infraestructura, corrupción, delitos de cuello blanco, etc, etc, etc y otra gran lista de etcéteras.

Sin embargo, cuando se aprueba una ley y su ejecución castiga, de manera tajante la violación de estos excesos, delitos o faltas, surge el “concepto del pobrecito”, y todos los esfuerzos que se realizan para la redacción, aprobación e implementación de la legislación, se tiran a la basura.

Recuerdo hace unos años, cómo, ante un caso de tráfico de influencias y corrupción, que incluso fue motivo del cierre de un banco estatal, la Asamblea Legislativa recomendó la inhabilitación de por vida para volver a ocupar cargos públicos, para algunos funcionarios involucrados y, de manera complaciente y hasta cómplice, otra instancia estatal declaro inconstitucional la recomendación y dejó abierta la posibilidad de que estos funcionarios cuestionados, volvieran a ocupar posiciones en el Gobierno -por cierto de repente por allí aparecerá alguno de ellos, como parte del comando de campaña de algún partido político nacional.

En otro caso, se aprueba la ley de tránsito que imponía multas importantes a los infractores. Tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Judicial, se llegó a la conclusión de que “las multas eran desproporcionadas” y que por lo tanto había que bajar los montos. O sea, en vez de castigar al infractor que viola los derechos de la sociedad, por cometer un delito o una violación a la ley, afectando a la mayoría de los habitantes, se evita o reduce el castigo, porque a los ojos de algunos actores políticos es “desproporcionado y confiscatorio”.

Lo mismo sucedió con las cámaras de vigilancia para el tránsito vehicular. Resulta que se declara inconstitucional o ilegal, multar a un infractor, cuando la violación a la ley se registra con equipos de vigilancia electrónica. Entonces, se desconectan las cámaras y, como consecuencia, los irresponsables siguen reclamando víctimas inocentes en las calles de nuestro país.

Caso similar ocurre con la Ley de Extinción de Dominio. Algunos legisladores u otros actores sociales y políticos, recurriendo a excesos de la interpretación de la libertad o el derecho de la propiedad privada, pretenden salvaguardar la propiedad de delincuentes, a quienes no les importa nada el bienestar de la sociedad y que, al contrario, atentan contra ella. Se oponen entonces, con discursos floridos y efusivos, a la persecución y el castigo de los infractores.

Recientemente, ante la modificación de las vías y el reordenamiento del tránsito vehicular en el cantón de Tibás, algunos oportunistas y acomodados, salieron a reclamar y exigir que se restablecieran los pasos anteriores, pues generaba congestionamiento de automotores. Ante esta situación y sin ser defensor de muchas de las decisiones de esta Administración, comparto la decisión de los jerarcas del MOPT, que sostienen que la reorganización del tránsito tiende a favorecer a quienes viajan en el transporte remunerado de personas, que son la mayoría, sobre quienes viajan muchas veces solos, en sus vehículos.

Finalmente, ahora tenemos una situación similar con el retiro de placas, por estacionamiento indebido. Los infractores reclaman y exigen la entrega inmediata de sus chapas y señalan a la Administración por la demora en la devolución de estas identificaciones. Sin lugar a dudas, pronto aparecerá algún demagogo aprovechado, que haga eco de esas críticas y que pretenda, incluso, eliminar la posibilidad del retiro de placas de vehículos mal estacionados, para evitarle incomodidades a los infractores.
Cuando analizamos estas situaciones recuerdo las palabras del filósofo griego Isócrates, quien sentenció ya hace bastantes años (350 A.C.), refiriéndose a la democracia griega, que: “La democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de la igualdad y del derecho de la libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad”. Vaya vigencia tiene esta cita, a lo que estamos viviendo en nuestro país.

Somos un Estado de derecho y eso lo celebro y lo defiendo. Pero no podemos seguir permitiendo que infractores y delincuentes, sean los que impongan su criterio en la aplicación de las leyes.
Y es que es muy simple: si usted no quiere pagar multas, si no quiere que le quiten la placa, o sus propiedades, o que lo metan a la cárcel, por favor, entonces: no infrinja la ley. No participe en piques ni exceda los límites de velocidad, no se estacione en un lugar prohibido, no se vincule con delincuentes, el dinero fácil sólo trae problemas, no trate de enriquecerse rápida y cómodamente, porque eso es imposible, declare y pague los impuestos. En pocas palabras: Respete el marco legal que rige la vida en sociedad y cuide con quien se relaciona social y profesionalmente.

En Costa Rica, o nos ponemos de acuerdo con meter a la gente en rigor y que se obligue a cumplir la legislación establecida, o vamos camino a una mayor anarquía política y social, en donde cada cual se siente dueño la verdad, con autoridad de hacer lo que le da la gana. Las expresiones de desobediencia civil, que incluyen agresiones a policías, atropellos a oficiales de tránsito y ataque a las fuerzas del orden, ya se han presentado.

Los costarricenses por otro lado, nos sentimos burlados por la laxitud con que los Tribunales de la República juzgan a delincuentes de todas las especies, convirtiéndose esta situación en una verdadera alcahuetería, que no sabe uno si corresponde a la falta de rigurosidad de algunas leyes o a la complicidad de algunos funcionarios judiciales.

Si realmente queremos ser un país ordenado, organizado y comenzar a generar riqueza para poder redistribuirla; si pretendemos generar crecimiento económico y favorecer a todos los estratos sociales, es indispensable que aprendamos a cumplir las leyes que nos rigen.

Esta máxima alcanza a todos los grupos sociales, políticos y económicos.

Los gobernantes, los líderes sociales, políticos o empresariales, son los que deben asumir con mayor rigurosidad este compromiso: predicar con el ejemplo decían nuestros abuelos.

Estamos en la obligación de corregir el camino, para bienestar de todos los costarricenses. Volvamos a la ruta correcta, que nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.