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Por Cecilia Vergara Mattei* – CLAE
La pobreza alcanzó a 191 millones de personas, el 31 por ciento de la población en América Latina y el Caribe este año, y 26 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, 11,5% más que en 2014, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe Panorama Social de América Latina 2019.
A final de 2019 habrá 27 millones más de latinoamericanos pobres que en 2014, cuando la pobreza y la pobreza extrema llegaron a su mínimo en la última década (27,8% y 7,8%, respectivamente). La Cepal advirtió que pese a los avances logrados durante la primera década y media del siglo XXI, desde 2015 se ha registrado un retroceso.
Esto es muy preocupante y enciende fuertes señales de alerta, en una región que ha subestimado la desigualdad, destacó la Cepal, que apuntó que la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad deben ser el centro del debate y los esfuerzos de los países de la región.
Y para ello son necesarias las políticas públicas de protección social y las referentes al mercado de trabajo, abarcando medidas de inclusión social y laboral, y políticas redistributivas en materia de ingresos, añadió el organismo de Naciones Unidas.
La desigualdad de ingresos en América latina, medida por el coeficiente de Gini -en el que 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima-, ha registrado una desaceleración en su reducción. Entre 2002 y 2014 disminuyó de manera significativa (al uno por ciento anual), pero a partir de 2015 esa tendencia se ralentizó, al 0,6% anual.
El informe señala que, actualmente, América latina registra un índice de 0,465, con países como Argentina, Uruguay y El Salvador con menores desigualdades y Brasil y Colombia con la mayor brecha, por encima de la media regional.
“Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional.
El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad, añadió, tras señala que la disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030.
“Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, señala el estudio cepalino, que destaca el crecimiento de los estratos de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos.
Entre 2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a 55,9%, porcentaje que incluye a las personas en situación de pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres. A su vez, la participación de los estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos) creció del 26,9% al 41,1%.
De esta forma, el 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya la Cepal, en el informe que destaca que las personas pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 3,0%.
Educación, trabajo, gasto social
Del total de la población adulta perteneciente a los estratos de ingresos medios, más de la mitad no había completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad (trabajadores por cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales en la microempresa y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas económicamente activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones.
El perceptor principal de ingresos laborales de estos estratos medios percibe en promedio 664 dólares mensuales. En los estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares. Una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres.
Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentan a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la Cepal.
Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66 millones de personas estaban en la pobreza extrema. En 2019, el número de personas en la pobreza aumentaría a 191 millones, 72 millones de ellos en la pobreza extrema. Prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema, afirma el informe cepalino.
La pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.
Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en cuenta la información tributaria.
En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más rico en el ingreso total, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos).
Por otra parte, el Panorama Social de América Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total. América del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de 9,1%.
En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.
Migración
El documento llama a atender las causas estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para asegurar la protección social y la inclusión social y laboral de las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio.
Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.
Las remesas de dinero de los migrantes a sus naciones de origen desempeñan un papel importante en el alivio de la pobreza en varios países. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de dinero.
Basta de ajustes
En el informe, la Cepal enfatiza que para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión social y laboral, lo que significa dejar de aplicar las políticas de ajuste exigidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
También se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de protección social en el marco de Estados de Bienestar centrados en los derechos y la igualdad, concluye el informe cepalino.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Artículo divulgado por SURySUR.
