A mis hijos los educo yo

Desde La Mina 2.0

Mauricio Castro Salazar
mauricio.castro@costarricense.cr

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que Costa Rica pertenece orgullosamente y además hospeda, ante una consulta del Gobierno de Costa Rica dijo, palabras más palabras menos, que los Estados deben «reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo»

En Costa Rica ha sido una bomba, ha incidido en las elecciones (el candidato puntero de los cristianos ha subido unos cuantos puntos, el candidato del Gobierno algunos pocos, y la mayoría de los otros candidatos han dicho que respetan la ley, pero que no están de acuerdo), ha sido motivo de discusiones entre amigos y familias y sobre todo de memes y chistes homofóbicos.

He leído, visto y oído esta famosa frase que dice: “a mis hijos los educo yo” y viendo todos los comentarios que han salido luego de la recomendación de la CIDH me pregunto:

¿Y si los padres no tienen la capacidad de educar a sus hijos, como evidentemente está sucediendo, qué debe hacer el Estado? ¿Cruzarse de brazos y esperar que un rayo los ilumine? ¿Que las cosas sigan como están o sea no hacer nada? ¿Intervenir?

Cuando leo las noticias y veo la cantidad de menores embarazadas, de mujeres violentadas y asesinadas, de ancianos abandonados o agredidos se concluye fácilmente que algo no anda bien y por supuesto que el Estado tienen que meter la mano.

Recuerdo hace unos años que habían papás que no querían vacunar a sus hijos contra el sarampión por motivos religiosos y el Estado simplemente dio la orden de vacunarlos y recuerdo también de familias que maltratan a sus hijos y el Patronato Nacional de la Infancia interviene y hasta se los quita. El Estado tiene esa potestad, guste o no. Debe garantizar el bien común.

Y cuando uno nacido, criado y educado católico ha escuchado desde siempre que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César no deja de sorprenderse que gente nacida, criada y educada como uno siga pretendiendo que sea la Iglesia la que legisle y no el Estado.

Si la Iglesia y las congregaciones cristianas consideran que el Estado no es quien debe legislar la materia relacionada con el matrimonio, la familia y la educación pues simplemente están equivocados. Esa es una labor del Estado.

La Iglesia, a la que pertenezco, y la congregaciones cristianas lo que están llamadas a hacer con sus feligreses es convencerlos que sus tesis y doctrinas sobre matrimonio, familia y educación son las correctas, pero no tratar de imponérselas a todos los demás.

La recomendación dada por la CIDH, vinculante o no, es un gran avance en materia de justicia y respeto de los derechos humanos. No es posible que una sociedad, como la nuestra que se precia de respetuosa tenga en pleno siglo XXI a una parte de su sociedad excluida.

Y yo desde La Mina, en Santa Ana, digo: Sí, a mis hijos los educo yo, más justos, buscadores de igualdad, libres, promoviendo la inclusión, eliminando trabas que impiden que todos los sectores de la sociedad vivan en condiciones similares, respetuosos de las diferencias y sobre todo fieles de la palabra de quien hace más de 2.000 años nos dijo: “AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO”.