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Francisco José Aguilar Urbina
La noticia de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) «aconseja» tomar una serie de medidas en relación con el agro nacional, para acelerar la puesta en práctica de los compromisos establecidos en varios tratados de libre comercio no sorprende. Lo que sí desconcierta es que la misma OCDE hace otra recomendación, que deja ver que profetiza la pauperización de grandes estratos de la población que dependen de la agricultura para su supervivencia.
Una medida que se «sugiere» tomar, para lograr una supuesta eficiencia, pero que profetiza que muchas personas deberán pasar de ser productores a ser pordioseros, no es más que un plan disparatado e incluso perverso. El presagio de que mucha gente terminarán como indigentes haciendo fila para obtener dádivas del IMAS no es menos que apocalíptico.
La OCDE se transforma, en el caso de Costa Rica, en una especie de hado que vaticina un aumento en el desempleo y, en consecuencia, de la miseria de muchas familias costarricenses. Predice mayores tasas de desempleo, para el país latinoamericano con la segunda mayor tasa de parados en la actualidad (CEPAL). La OCDE hace su recomendación en el momento menos propicio; uno en el que los índices del paro en la región no solo no han cesado de aumentar en dos años, sino que también, por primera vez, América Latina supera al África subsahariana en índices de subempleo y de empleo informal.
La «sugerencia» de la OCDE más que descabellada, es una fórmula para acabar con Costa Rica. Adolece de contrasentidos graves, que hacen sospechar de que no ha habido, por parte de los burócratas parisinos, un análisis concienzudo de la situación por la que atraviesan Costa Rica y el área geográfica en la que se sitúa. También denota incompatibilidades notables con las exigencias de otros organismos internacionales (sobre todo los financieros).
Puedo pensar al vuelo en infinidad de problemas con la propuesta de la OCDE, pero me concentraré solo en dos. Por un lado, los funcionarios de la OCDE manifiestan que los afectados por el desempleo y la pobreza que causará la implementación de su «sugerencia», pasarían a ser atendidos por el IMAS. ¡Qué disparate! Mientras que los organismos financieros advierten de la crítica situación del país por el déficit fiscal desmedido, la OCDE pretende que el Estado tome a su cargo la población que se verá afectada.
Los pequeños y medianos agricultores dejarán de producir. En consecuencia, dejarán también de pagar impuestos. Con ello la recaudación disminuirá. La mengua en los ingresos hará que el déficit en los gastos del Estado se incremente. Pero como además se «sugiere» que una institución estatal acoja a los indigentes que se crearán, el quebranto a las finanzas públicas será aún mayor.
El otro problema al que quiero referirme es la seguridad. Sin duda las consecuencias sociales de esa medida no solo las pagarán los afectados directos. En un momento en que nos debatimos por el aumento desmedido en los crímenes violentos, proponer una receta que se sabe pauperizará a un estrato entero de la sociedad es irresponsable. No logro explicarme la ceguera (¿o quizá el desconocimiento?) de la OCDE.
Es indudable que el incremento en el crimen violento se debe, en mucho, a insatisfacción social. Costa Rica es el país de Latinoamérica en donde más se ha acrecentado la brecha social en la última década. No solo eso, sino que el desempleo se ha disparado y hoy solo Venezuela nos supera en la región.
Las presiones sociales (el constante bombardeo de propaganda, el consumismo, el deterioro en educación, lo caro que es Costa Rica, etc.) hacen que mucha gente encuentre respuesta en actividades criminales. A eso debemos sumarle que hay una decadencia moral evidente. El «vivazo» es el tico común; ese a quien no le importa nada, con tal de obtener una recompensa pírrica. El corrupto ya no es visto como un marginado, sino que se le premia socialmente; se ha tornado en el señorón en la sociedad costarricense de inicios del siglo XXI.
Así las cosas, la medida de seguro engendrará mayor delincuencia. Es la primera conclusión a la que debe llegarse, dado que Costa Rica está en la mira de grupos mafiosos. Estamos en el centro de la ruta por donde se transporta la droga, de los centros de producción en Sudamérica a los de consumo en los Estados Unidos. Veremos entonces como habrá más ajusticiamientos, más niños a los que les llamará “daño colateral” (como hizo en periodista televisivo al referirse al infante herido en Escazú recientemente). Me desconcierta y me sulfura que los funcionarios de la OCDE no sean capaces de sopesar la peculiar situación por la que atraviesa Costa Rica en la actualidad.
– Presidente emérito del Comité de Derechos Humanos de la ONU
