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Luis Alejandro Álvarez Mora
El Presidente afirma que quienes no le apoyan están desesperados porque su Administración no ha enfrentado a hoy día ningún escándalo de corrupción, pero muchos nos cuestionamos el manejo dado al tema de la prohibición pagada a tres viceministras.
En campaña el Presidente fue muy claro que en Costa Rica no hay una cultura política como en Europa, donde el mínimo escándalo provocaría la renuncia en pleno de un Gobierno.
Acá no podemos esperar lo mismo, nos rige un sistema presidencialista, pero para ser congruente con su proclama es casi obligatorio esperar que los funcionarios que incurran en faltas graves deben de renunciar.
La función pública hoy se rige no solo por la Ley General de la Administración Pública, pues también está el peso de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública #8422, que impone el Deber de Probidad (art. 3), y de violentarse éste, dicta que debe haber una separación del cargo (art. 4), sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales del funcionario.
La Adm. Solís Rivera ha justificado lo injustificable: la prohibición pagada a las tres funcionarias, fue para que no ejercieran una profesión de forma liberal, con el agravante que aunque no se les hubiese pagado la prohibición no hubieran podido ejecerla. Una no es abogada, otra no es microbióloga, y otra ni siquiera ha concluido los estudios de secundaria.
Esta última, Carmen Muñoz, saca pecho y reta a dos diputados de su propio partido a que comprueben que ella pidió el pago y la denuncien. Errónea su postura, pues no es ese el quid del asunto. ¿Cómo sabiendo que no contaba con las calificaciones académicas para tal pago nunca solicitó que éste se detuviera?
La normativa es clara, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, menos ella ex diputada. Poco valen las excusas o justificaciones.
El pago efectuado por Ana C. Trejos no es excluyente de responsabilidad, ya la falta fue cometida.
Las tres sin excepción, con el primer pago irregular recibido, debieron haber hecho las respectivas gestiones para señalar el error, reembolsar en el acto lo pagado y solicitado que se investigara por que razón se les efectuó dicho pago.
El “favor” presidencial de los “pagos de polaco” riñe con lo dipuesto por la normativa vigente y que hoy se mantengan en sus cargos, contraviene lo pregonado por el Presidente en campaña y la normativa vigente. Existen hechos menos graves que le han costado el puesto a funcionarios.
Deben los diferentes departamentos de Recursos Humanos y Direcciones Jurídicas de toda la Administración, tal y como se ha instruido, investigar los pagos de prohiciones, y otros incentivos pagados. Verificar el cumplimiento de requisitos. Sin obviar las investigaciones del por qué, y el cómo, se aprobaron estos pagos hoy cuestionados.
Los entes de control de los respectivos colegios profesionales, Colegio de Abogados y el Colegio de Microbiólogos, deben de oficio establecer sendas investigaciones, pues personas no colegiadas han sido pagadas para que no ejerzan.
No queda exento el Fiscal General, por muchos cuestionado en su actuar con funcionarios relacionados al PLN, pues con estos pagos estamos ante un posible ejercicio ilegal de la profesión. De ser necesario debe trasladar el tema a la Judicatura para que se establezcan las responsabilidades y sanciones que correspondan.
El país espera el pregonado cambio que se prometió, con hechos y no solamente proclamado a viva voz.
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