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Dorian Camilo Valladares
Durante tres décadas, Otto Guevara fue el rostro de una derecha libertaria que muchos consideraban radical. Sus propuestas de vender activos estatales, flexibilizar derechos laborales y reducir el Estado a su mínima expresión eran vistas como ataques frontales a la paz social costarricense. Sin embargo, lo que antes era anatema, hoy es el plan de gobierno oficial.
La conexión entre Guevara y el actual proyecto de poder no es meramente ideológica; es orgánica y funcional. El propio Guevara ha actuado como asesor ad honorem del gobierno de Chaves, participando activamente en la elaboración de la controvertida «Ley Jaguar» junto a Laura Fernández, quien entonces ocupaba la titularidad del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). Esta colaboración revela la continuidad estructural entre el pensamiento libertario de Guevara y la práctica gubernamental del oficialismo: ambos comparten la obsesión por debilitar la Contraloría General de la República, reducir las trabas que regulan al capital y abrir espacios para la acumulación privada a costa del patrimonio estatal.
La victoria de Fernández representa la superación de contradicciones que Guevara no logró resolver. El Movimiento Libertario, a pesar de cuatro candidaturas presidenciales, nunca superó el 20% de respaldo, evidenciando los límites de una propuesta que explicitaba demasiado pronto sus intenciones de desmantelar el Estado Social. Fernández ha logrado disfrazar de «continuidad del cambio» lo que es esencialmente la profundización del ajuste estructural: su «Plan de la Continuidad» es la hoja de ruta para transformar a Costa Rica en una economía de libre mercado sin protección social.
El equipo económico de Fernández —con figuras como Nogui Acosta y Francisco Gamboa, exministros de Chaves— confirma que estamos ante la realización del sueño de Guevara. Acosta, quien propuso la venta del Banco de Costa Rica y la explotación minera en Crucitas, encarna la fusión entre el aparato estatal y los intereses del gran capital. La apertura del mercado eléctrico y las alianzas público-privadas son eufemismos para la entrega de sectores estratégicos a la iniciativa privada.
Lo que Guevara no logró mediante el voto directo —su proyecto de sociedad individualista sometida al mercado— lo ha conseguido mediante la infiltración en el aparato estatal. La trayectoria de Fernández, desde el MIDEPLAN hasta su candidatura por Pueblo Soberano, demuestra cómo el neoliberalismo se reproduce institucionalmente sin etiquetas libertarias. El «rodriguismo» ha absorbido la agenda de Guevara, presentándola como gestión técnica.
La dimensión de clase es innegable. Mientras Guevara representó a sectores oligárquicos frustrados con el bipartidismo, Fernández encarna al capital financiero transnacional. Su victoria con el 48,30% de los votos y la mayoría legislativa —31 escaños— proporciona las condiciones para reformar la Constitución y eliminar obstáculos a la privatización de salud, educación y pensiones. El proyecto de Guevara, aparentemente fracasado tras el colapso del Movimiento Libertario en 2018 y 2022, resucita como gobierno hegemónico con capacidad real de transformar las relaciones sociales.
Así, la extrema derecha costarricense ha tomado el poder por la vía institucional que Guevara preparó. La sociedad que emerge —atomizada, desprovista de solidaridad colectiva y entregada al empresariado— es exactamente la que el fundador del Movimiento Libertario soñó. La destrucción del Estado Social es el objetivo programático que hoy se consuma con la bendición electoral de una mayoría que será su primera víctima. Esto confirma que, en el capitalismo tardío, la democracia formal se convierte en el vehículo más eficaz para la dictadura real del capital.
