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Carlos Revilla Maroto
En los años 40, el bloque liderado por Calderón Guardia y Teodoro Picado sucumbió a la tentación del “continuismo”. No fue solo una aspiración personal; fue el uso del aparato estatal para torcer la voluntad popular, buscando un retorno al poder, en este caso de Calderón Guardia a toda costa. Hoy, el panorama es inquietantemente similar: una narrativa oficialista que no busca simplemente ganar una elección, sino “cimentar un régimen”, igual a como se intentó en los años 40.
El peligro actual reside en la búsqueda de una mayoría legislativa absoluta. En los 40, un Congreso servil fue el que anuló las elecciones de 1948. Hoy, la intención es clara: obtener los diputados necesarios para reformar la Constitución para habilitar la reelección consecutiva y remover los controles democráticos. Cuando un político pide poder para cambiar las reglas de juego que limitan su permanencia, no está buscando fortalecer la República; está buscando demoler los frenos de emergencia que evitan el autoritarismo.
Hay que ser justos con la historia para entender la gravedad del presente. A pesar del desastre institucional que provocó el continuismo de los 40, aquel régimen dejó un legado tangible que hoy disfrutamos: las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social. Hubo un costo democrático altísimo, pero hubo una obra que moldeó el bienestar nacional.
En contraste, el continuismo que se asoma hoy parece alimentarse exclusivamente de la retórica, el conflicto y el populismo. Se busca el poder absoluto y la reforma constitucional, pero sin una obra de Estado que lo respalde. Mientras que en los 40 se construían pilares sociales, hoy vemos un ejercicio del poder centrado en la demolición de la institucionalidad sin que aparezcan hitos que garanticen el futuro. Es un continuismo de ruido, no de obra.
La Revolución del 48 no solo nos trajo la Segunda República; nos dejó las bases ideológicas que sostuvieron nuestra paz durante ocho décadas. En este contexto, la Socialdemocracia fue la construyó las columnas que moldearon el Estado de bienestar, eliminaron el ejército y apostaron por la educación y la salud como motores de movilidad social.
El populismo actual desprecia estas bases. Al atacar sistemáticamente al “tripartidismo” (PLN-PUSC-PAC), no solo ataca estructuras políticas, sino que intenta borrar la memoria ideológica que le dio coherencia al país. Al sustituir las ideas por el culto a la personalidad, nos dejan a merced de un caudillismo «líquido», sin principios rectores más allá de la voluntad del líder de turno.
En 1948, el continuismo nos llevó a las armas porque se cerraron las salidas institucionales y se violentó la voluntad popular. En 2026, el peligro rima con el pasado: el paralelismo no está en las formas, sino en el fondo. Es la búsqueda del poder total para implantar un autoritarismo que hoy descalifica a los órganos de control (como el TSE, la Sala IV o la Contraloría) porque le resultan incómodos. Es, de nuevo, la obsesión por modificar la Carta Magna para perpetuarse y socavar los cimientos que tanto nos costó levantar tras la guerra.
No se trata de defender colores, sino de proteger la arquitectura de nuestra libertad. Si permitimos que el Congreso se convierta en una oficina de trámites para el Ejecutivo con el fin de demoler la Constitución, el carrusel de la historia nos devolverá a los días más oscuros del siglo pasado. El primero de febrero elegimos si conservamos nuestro Estado Social de Derecho y su Estado de bienestar o si entregamos las llaves de la casa a un régimen que confunde el mandato popular con un cheque en blanco para el autoritarismo.
