Cambio Político Opinión, análisis y noticias
La vida de los nicaragüenses en Costa Rica
El asesinato en Costa Rica de Roberto Samcam, ex-oficial sandinista y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, puso en evidencia algo que muchos intuían: el exilio en el país vecino dejó de ser un lugar seguro. Hoy, quienes huyeron viven atentos a lo que pasa a su alrededor y a lo que pueda pasarles. La certeza que se impone es simple y dura: el brazo del régimen nicaragüense es bastante largo.
Wilfredo Miranda Aburto
El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez trata de evitar cualquier tipo de rutina en el exilio. Tanto en actividades presenciales como digitales, sin importar que eso resulte tedioso: evita los espacios públicos, nunca toma las mismas rutas, pocos conocen su dirección en San José, cambia constantemente las contraseñas de sus dispositivos –todos con varias autenticaciones de seguridad– y, de manera constante, revisa las cámaras que instaló hace pocos meses en el departamento donde vive con su esposa. «El asesinato de Roberto Samcam, un militar crítico exiliado, rompió nuestra sensación de seguridad», me dice este hombre metódico en sus quehaceres, con esa alma de catedrático de la confiscada y clausurada Universidad Centroamericana (UCA) que todavía se le nota.
«Hay que recordar casos como el de Letelier o Trotski: los tentáculos del poder cruzan fronteras»1, ejemplifica de forma rotunda, de un modo que alguien no habituado a la represión superlativa de la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo podría considerar exagerado. Pero no lo es. Miles de exiliados en Costa Rica –entre quienes me incluyo– sentimos lo mismo que Juan Carlos Gutiérrez: que el refugio ya no es seguro.
«Todos los que hacemos algo por la democracia en el exilio estamos afectados. Volvieron los temores de persecución, la incertidumbre y la sensación de encierro», resalta Gutiérrez, quien integró la comisión negociadora entre la oposición y el régimen de Ortega en 2018, cuando la Iglesia católica sentó a las partes en una mesa de diálogo nacional que, de manera fallida, intentó poner fin a la brutal represión policial y paramilitar de aquel año.
Desde entonces, la pareja presidencial comenzó a perseguir sin descanso a todo aquel considerado opositor, lo que provocó un éxodo sin precedentes: casi 850.000 nicaragüenses huyeron del país, en especial hacia Costa Rica, la frontera más cercana, porosa y amable para los perseguidos políticos.
Como muchos otros, Gutiérrez llegó a Costa Rica en junio de 2021 con la idea de encontrar un lugar seguro donde refugiarse. Pero esa sensación de seguridad comenzó a resquebrajarse con el tiempo. Organizaciones de derechos humanos y figuras opositoras empezaron a advertir movimientos de vigilancia atribuidos al gobierno nicaragüense, un rumor persistente que inquietaba a todo el exilio. Una de esas voces fue la de Zoilamérica Ortega Murillo, hija de Rosario Murillo, proscrita en Nicaragua por su propia madre, quien nunca le perdonó haber denunciado a su padrastro, Daniel Ortega, por haberla violado sistemáticamente desde que era adolescente.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más empezó a advertir varios patrones sospechosos alrededor de su oficina, ubicada cerca del centro de San José. Hombres en moto vigilaban el lugar y, en ocasiones, revisaban incluso la basura del local, al que centenares de víctimas llegaban en busca de asistencia legal y humanitaria. Lo que terminó de detonar las alarmas dentro del organismo de derechos humanos fueron las amenazas de muerte que recibió Gonzalo Carrión, su director y fundador.
Aparte de Carrión, otros prominentes opositores fueron amenazados de muerte, incluido el asesinado Roberto Samcam. El primer intento de asesinato contra el opositor Joao Maldonado, ocurrido en septiembre de 2021, puso de manifiesto que las amenazas no eran inocuas. En enero de 2024, Maldonado volvió a ser baleado por sicarios que descargaron sobre él al menos ocho disparos, que le provocaron lesiones irreversibles.
Si bien hubo alerta, esta se difuminó cuando comenzaron a circular teorías conspirativas que vinculaban a Maldonado con el narcotráfico, una hipótesis nunca probada y finalmente descartada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En junio de 2025, el expediente del caso señaló como responsables del ataque al periodista infiltrado Danilo Aguirre Sequeira y a otros dos nicaragüenses, uno de los cuales incluso se hacía pasar por refugiado en Costa Rica. Aunque la motivación política quedó clara y Aguirre Sequeira fue requerido por las autoridades costarricenses, este último sigue moviéndose con total impunidad en Nicaragua.
Fue en ese momento cuando todos entendimos que había que redoblar los esfuerzos por protegernos en Costa Rica, un país atrapado en su propia crisis de inseguridad, con una creciente penetración del narcotráfico. Ese caldo de cultivo generó una legión de sicarios que, aprovechando la lluvia de balas que solo en 2024 dejó 880 asesinatos en el otrora considerado remanso de paz de Centroamérica, ha permitido que las células de represión sandinista se infiltren para apuntar a sus blancos políticos.
Al asesinato de Roberto Samcam le antecedieron los de Rodolfo Rojas, capturado en Costa Rica y asesinado en Honduras, y el campesino Jaime Ortega Chavarría, ultimado en la localidad costarricense de Upala. Pero el de Samcam fue el que más sacudió al epicentro del exilio nicaragüense, por el nivel de detalle e inteligencia implicado en la ejecución. El 19 de junio de 2025, unos sicarios bien organizados y con una minuciosa inteligencia previa –según el expediente judicial– planificaron y ejecutaron el asesinato del mayor retirado. A pesar de las múltiples medidas de seguridad que Samcam tomaba por su experiencia militar –como cambiarse de camisa mientras se desplazaba por las calles de San José–, fue asesinado en la puerta de su apartamento. Un joven de 20 años, de apellido Carvajal, entró al condominio en Moravia, tocó la puerta del opositor y le disparó ocho veces, dejándolo sin vida casi al instante, tendido en un espeso charco de sangre.
Los asesinos huyeron y, en septiembre de 2025, fueron capturados por el OIJ. Hasta ahora, tanto ese cuerpo policial como la Fiscalía General de Costa Rica mantienen como línea de investigación la motivación política del asesinato.
La viuda de Samcam, Claudia Vargas, no tiene dudas de que la muerte de su marido se debió a motivos políticos, y todas sus sospechas apuntan a la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua, un cuerpo que veía en él a su principal crítico.
Tras este asesinato, han recaído numerosas críticas sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica. Fuentes del OIJ aseguran que «no han querido colaborar con la investigación en curso». De hecho, a principios de octubre, el jefe de operaciones de la DIS, Gilbert Villegas, declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que la institución perdió contacto con el ex-militar nicaragüense a mediados de 2023. Pero esta es una afirmación que Claudia Vargas pone en entredicho. Según ella, su esposo siempre mantuvo comunicación con la DIS sobre su situación y su percepción de seguridad, especialmente después de recibir amenazas de muerte, poco antes de su asesinato.
«Yo voy a seguir manteniendo esa verdad y, por supuesto, ellos –la DIS– están evadiendo algún tipo de responsabilidad. No sé qué implicancia política pueda tener para ellos asumir públicamente que tenían una relación con Roberto [Samcam]… pero lo importante es la relación que tienen con el exilio nicaragüense amenazado. Si bien es cierto que con Roberto había una mayor cercanía por los temas de seguridad que trabajaba, también hay otros exiliados que se están reuniendo con la DIS desde 2018», dijo.
Fuentes de la DIS, ajenas a Villegas, me confiaron que, dentro de la agencia encargada de la seguridad nacional costarricense existen visiones divergentes sobre los riesgos que enfrentan algunos exiliados especialmente expuestos por su visibilidad pública. «Unos creen que no hay mayor peligro y hasta recomiendan relajarse, pero la verdad es que deberían redoblar sus medidas de seguridad», sostuvo una de las fuentes.
La espiral del miedo
Cuando asesinaron a Samcam, yo iba camino a Washington, DC, para un evento laboral. Al aterrizar, mi celular estaba desbordado de mensajes y llamadas, sobre todo de mi familia, que me exigía abandonar Costa Rica. Su miedo era comprensible. Yo también tuve temor y, por un momento, pensé en no regresar a San José.
Pero después de casi cinco años de destierro, es difícil volver a plantearse empezar de cero en otro país. Es una decisión que ronda en mi entorno y en el de todos los exiliados que se sienten en riesgo. Aun así, regresé y sentí un temor que hacía mucho no experimentaba desde que dejé Nicaragua: el de conducir mirando una y otra vez los retrovisores, con un sobresalto que nace en la base de la espalda cada vez que una motocicleta rebasa mi auto. Ese ejercicio mental de imaginar a un sicario disparando desde su moto una ametralladora semiautomática se volvía insoportable. Al igual que la simple aprensión de ir a la feria, al supermercado, a un bar, a un parque, a cualquier espacio público.
El temor –que es compartido entre los numerosos refugiados nicaragüenses– está respaldado por una de las últimas actualizaciones del trabajo del Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe documenta que el régimen sandinista mantiene una red de vigilancia que persigue a nicaragüenses en el exilio, además de espionaje digital, negativa a entregar documentos personales, confiscación de bienes y un patrón de proxy punishment –castigo por asociación– que golpea a familiares y condena a miles a la muerte civil, la pobreza y una sensación de amenaza permanente. Los expertos lo resumen como el «brazo largo» de los Ortega-Murillo. Así lo denunció también la Fundación Sin Límites.
«El primer estudio sobre el tema, publicado en marzo de 2024 y titulado ‘Situación de seguridad de personas activistas en Nicaragua y el exilio en Costa Rica’, mostró que, aun fuera del país, las personas activistas reportaban intimidación, hostigamiento, vigilancia en Costa Rica y obstáculos consulares deliberados –como la negativa de pasaportes o la imputación de delitos comunes– usados para dificultar su inserción laboral y financiera en el país de acogida», me explica Lea Bolt, directora de la fundación.
Para ella, estas señales tempranas explicaban el clima de autocensura, los cambios de residencia, la clandestinización de rutinas y la percepción de que el exilio ya no ofrecía protección real. Muchos exiliados con los que conversé para este artículo han pasado por lo mismo y sienten lo mismo. Han instalado cámaras en sus casas y, peor aún, algunos decidieron abandonar Costa Rica, el refugio al que habían llegado. No querían volver a vivir con ese temor diario y persistente. Esta nueva etapa del destierro está marcada por balazos, miedo y despedidas.
Mientras escribo este artículo, mis padres vuelan desde San José a Madrid en un chárter repleto de exiliados, en el marco de un programa de reasentamiento auspiciado por España, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Huyeron de ese refugio porque tenían miedo por un episodio que, por primera vez, hago público ahora que ya están seguros.
El 1 de junio de 2024, mi padre fue víctima de un intento de asesinato en Tamarindo, una playa de Guanacaste donde vivía y completaba su ingreso mensual como chofer de Uber. Una madrugada, como era habitual, salió a recoger a unos pasajeros y un hombre se le plantó en medio de la calle y abrió fuego contra él. El auto de mi padre se estrelló a un lado de la vía y, por fortuna, cuando el agresor lo encañonó, logró arrebatarle la pistola y huyó corriendo. Solo sufrió una leve herida en el brazo izquierdo por el roce de un proyectil. El atacante no le robó nada. Se denunció el caso ante el OIJ, pero mis padres quedaron profundamente aterrorizados.
Desde que Donald Trump regresó al poder, la administración estadounidense suspendió el programa de movilidad segura y los procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos, lo que dejó a miles de nicaragüenses en el limbo migratorio. El nuevo gobierno republicano también canceló los fondos destinados a ese programa y frenó así la posibilidad de acceder a un traslado humanitario al territorio estadounidense.
Sin embargo, países como España y Canadá han mantenido abiertas sus rutas de reasentamiento, con apoyo de ACNUR y la OIM. Eso explica que hoy cientos de exiliados sigan saliendo desde Costa Rica rumbo a Europa o Canadá.
Esta nueva etapa del exilio está marcada por despedidas, porque centenares de familias han comenzado a marcharse –por miedo y asfixiadas por el alto costo de la vida en Costa Rica–. Se han exiliado del refugio al que habían llegado huyendo.
Ese es el nuevo sino que nos toca enfrentar a los desterrados en Costa Rica. Y, por si fuera poco, para agravar aún más las preocupaciones, el excarcelado político Kevin Solís denunció a inicios de noviembre de 2025 haber sufrido un atentado en Madrid, presuntamente a manos de un pistolero vinculado al régimen nicaragüense. Es el primero denunciado en España, donde centenares –como mis padres y algunos amigos– buscan mayor seguridad.
¿Qué tan largo es el brazo de la represión transnacional de la dupla Ortega-Murillo? Parece que bastante. Y podría cruzar el Atlántico.
1. El ex-ministro chileno Orlando Letelier fue asesinado en Washington, en 1976, por un agente de la inteligencia chilena por orden del dictador Augusto Pinochet. León Trotski fue asesinado en México, en 1940, por un sicario de Stalin.
Fuente: nuso.org
