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Septiembre 17, 2025
Oritro Karim
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NACIONES UNIDAS – El 16 de septiembre, el ejército israelí inició su ofensiva terrestre total en la ciudad de Gaza, acompañada de un intensificado bombardeo de zonas residenciales y un aumento del desplazamiento de civiles.
En paralelo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluidos Jerusalén Este e Israel, publicó un demoledor informe en el que concluía que Israel es responsable de cometer genocidio en Gaza, citando esfuerzos deliberados para destruir la vida palestina, llevados a cabo con casi total impunidad.
«La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de más alto rango, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza», afirmó Navi Pillay, presidenta de la Comisión.
«La Comisión también considera que Israel no ha impedido ni castigado la comisión de genocidio al no investigar los actos genocidas y no enjuiciar a los presuntos autores», añadió.
La Comisión constató que las fuerzas israelíes han ignorado repetidamente las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como las advertencias de los Estados miembros de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Los funcionarios israelíes han desestimado las conclusiones de la Comisión, acusándola de parcialidad y negándose a cooperar con sus investigaciones.
En respuesta a la Comisión, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo el mismo martes 16: «Mientras Israel defiende a su pueblo y busca el regreso de los rehenes, esta Comisión moralmente corrupta se obsesiona con culpar al Estado judío, encubrir las atrocidades de Hamás y convertir a las víctimas de una de las peores masacres de la era moderna en acusados».
La Comisión describió su informe como «el hallazgo más contundente y autoritario de la ONU hasta la fecha», al tiempo que señaló que opera de forma independiente de la ONU y no habla en su nombre».
Actualmente, la ONU no califica las acciones de Israel en Gaza como genocidio, pero ha recibido una presión cada vez mayor por parte de sus agencias para que lo haga.
En agosto, más de 500 empleados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) instaron al jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a reconocer explícitamente la situación como genocidio.
«Acnudh tiene la firme responsabilidad legal y moral de denunciar los actos de genocidio», decía la carta firmada por el Comité del Personal del Acnudh en Ginebra. «No denunciar un genocidio en curso socava la credibilidad de la ONU y del propio sistema de derechos humanos», alertaron.
Expertos humanitarios prevén que los bombardeos intensivos sobre la ciudad de Gaza y otros puntos de la Franja provocarán una inmensa pérdida de vidas humanas y eliminarán las perspectivas de supervivencia que aún quedan para quienes permanecen en el enclave.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que las detonaciones controladas en la ciudad de Gaza han arrasado barrios enteros y están acabando con «el último elemento viable de la infraestructura civil» esencial para la supervivencia.
La Comisión informa de que, desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo armado islamista Hamás realizó un ataque contra Israel, este país ha bombardeado repetidamente zonas residenciales densamente pobladas, a menudo utilizando armas explosivas con un amplio radio de acción.
Un portavoz de las fuerzas de seguridad israelíes declaró a la Comisión que se centraban «en causar el máximo daño posible». La Comisión ha documentado numerosos casos en los que las fuerzas israelíes han atacado edificios de gran altura y bloques de apartamentos residenciales, lo que ha provocado la destrucción de barrios enteros y la muerte de casi todos los civiles afectados.
Además, la Comisión observó que el número de bombas utilizadas por Israel en los últimos dos años no tiene precedentes en comparación con otros conflictos mundiales, y señaló que Israel lanza en menos de una semana el número de bombas que Estados Unidos utilizó en Afganistán durante todo un año, concentradas en una zona mucho más pequeña y densamente poblada.
Los ataques aéreos y los bombardeos contra infraestructuras civiles críticas han perturbado casi todos los aspectos de la vida de los palestinos en Gaza.
Según el demoledor informe, los daños causados a las tierras agrícolas en todo el enclave suponen un riesgo significativo a largo plazo para la producción de alimentos y aceleran la inseguridad alimentaria, lo que conduce a la hambruna.
En febrero de 2025, 403 edificios escolares de Gaza habían sido dañados por los bombardeos israelíes, incluidos 85 que han quedado completamente destruidos y 73 que solo funcionan parcialmente.
La Comisión advierte de que los ataques han colapsado efectivamente el sistema educativo de Gaza, interrumpiendo la escolarización de más de 658 000 niños. Sin una intervención urgente, se prevé que miles de ellos sufran daños psicológicos a largo plazo y un retraso en el desarrollo cognitivo debido a la pérdida de los servicios educativos y de apoyo psicosocial.
Además, la destrucción generalizada de hospitales y el inmenso número de lesiones traumáticas causadas por los ataques israelíes han desbordado los hospitales y centros de salud de toda Gaza, lo que ha provocado el colapso del sistema sanitario.
El asedio ha provocado una grave escasez de combustible y electricidad, al tiempo que ha causado el saqueo y el deterioro de suministros médicos y medicamentos vitales.
Como resultado, los pacientes con enfermedades crónicas e infecciones han dejado de ser prioritarios, lo que ha provocado un fuerte aumento del número de muertes y complicaciones evitables.
Los expertos médicos dijeron a la Comisión que los ataques contra las instalaciones sanitarias han restringido gravemente el acceso a la atención médica de miles de palestinos, siendo los niños los más afectados.
Según el informe, entre octubre de 2023 y julio de 2025, aproximadamente 53 000 palestinos de Gaza murieron como consecuencia directa de las operaciones militares israelíes. La Comisión detalla que los palestinos de Gaza también fueron atacados en sus hogares, en hospitales y en refugios, como escuelas y lugares religiosos.
Las fuerzas israelíes también atacaron repetidamente a periodistas, personal sanitario, trabajadores humanitarios y otras personas protegidas, a veces incluso durante los periodos de alto el fuego y sin previo aviso.
El informe también documenta que las fuerzas israelíes atacaron a palestinos en rutas de evacuación y zonas designadas como seguras, y constató que las mujeres y los niños fueron los más atacados y asesinados directamente, a menudo cuando estaban solos y en zonas donde no había hostilidades activas.
En todos los casos examinados, la Comisión constató que las fuerzas israelíes eran conscientes de la presencia de civiles, pero abrieron fuego de todos modos.
Muchas de las víctimas eran niños que llevaban banderas blancas improvisadas, incluidos niños pequeños que, según se informa, fueron disparados en la cabeza por francotiradores.
Además, el informe subraya que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) fue en gran medida ineficaz a la hora de proporcionar ayuda directa a los palestinos en dificultades y se ha relacionado con un aumento de las muertes de civiles.
Hasta el 31 de julio, al menos 1373 palestinos habían muerto mientras intentaban acceder a alimentos, 859 de ellos cerca de las instalaciones de la GHF y 514 a lo largo de las rutas de los convoyes, y la mayoría de las muertes se atribuyen al ejército israelí.
Además, las fuerzas israelíes han obstaculizado eficazmente las operaciones humanitarias mediante bombardeos y disparos rutinarios. Entre octubre de 2023 y julio de 2025, la Comisión registró la muerte de al menos 48 miembros del personal y voluntarios de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.
Además, el personal médico también informó a la Comisión de que las fuerzas israelíes bombardearon deliberadamente ambulancias, y muchos trabajadores afirmaron que creían que habían sido atacados intencionadamente.
La Comisión también descubrió que Israel utilizó como arma la retención de productos de primera necesidad, como alimentos, agua, combustible y ayuda humanitaria, lo que provocó un fuerte aumento de las muertes de civiles que se podrían haber evitado.
Según el informe, las familias de Gaza disponen de menos de un litro de agua por persona y día para beber, cocinar y asearse, lo que está muy por debajo de las normas mínimas internacionales de consumo diario de agua.
Además, la escasez de agua ha provocado un deterioro del sistema de saneamiento, que es especialmente pronunciado en los campamentos de desplazados, donde se acumulan cada día casi 400 000 kilogramos de residuos. Esto ha provocado la propagación descontrolada de enfermedades infecciosas como la hepatitis A.
Igualmente, más de 90 % de la población de Gaza se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria desde octubre de 2023, y los casos más graves se concentran en el norte de Gaza.
Según las cifras de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, en julio de 2025 el consumo de alimentos había caído muy por debajo del umbral de hambruna en la mayoría de las zonas del enclave y la malnutrición había alcanzado el umbral de hambruna en la ciudad de Gaza.
El informe concluye que las fuerzas israelíes son responsables de matar de hambre deliberadamente y privar a la población civil de Gaza de los recursos que son fundamentales para la supervivencia humana, mientras organizaciones asistenciales afirman que Gaza «no puede mantener la vida en su estado actual, ya que la población civil no ve satisfechas sus necesidades básicas».
La Comisión advierte de que la impunidad casi total de las fuerzas y los funcionarios israelíes ha alentado la continuación de las atrocidades en Gaza, con una presión global cada vez mayor por parte de la comunidad internacional, que pide urgentemente una desescalada inmediata de las hostilidades, un acceso humanitario sin obstáculos y mecanismos creíbles para que los responsables rindan cuentas.
«La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad», afirmó Pillay. «Cada día de inacción cuesta vidas y erosiona la credibilidad de la comunidad internacional. Todos los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios razonablemente a su alcance para detener el genocidio en Gaza», añadió.
Tras darse a conocer el informe, los líderes de 20 agencias de ayuda humanitaria que trabajan en Gaza, entre ellas Oxfam International, Care y Médicos Sin Fronteras (MSF), emitieron una declaración conjunta en la que también instaban a los Estados miembros a tomar medidas para «evitar la destrucción de la vida en la Franja de Gaza».
«Todas las partes deben rechazar la violencia contra la población civil, respetar el derecho internacional humanitario y buscar la paz. Los Estados deben utilizar todos los instrumentos políticos, económicos y jurídicos a su alcance para intervenir. La retórica y las medias tintas no son suficientes. Este momento exige una acción decisiva», reza la declaración.
Agrega que «las Naciones Unidas consagraron el derecho internacional como piedra angular de la paz y la seguridad mundiales. Si los Estados miembros siguen tratando estas obligaciones legales como opcionales, no solo son cómplices, sino que están sentando un peligroso precedente para el futuro».
«Sin duda, la historia juzgará este momento como una prueba para la humanidad. Y estamos fallando. Fallando al pueblo de Gaza, fallando a los rehenes y fallando a nuestro propio imperativo moral colectivo», concluye.
T: MF / ED: EG
