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Agosto 21, 2025
Por Corresponsal de IPS
LA HAYA – El enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) se intensificó los últimos días, tras el anuncio de nuevas sanciones de Washington contra jueces y fiscales de ese tribunal por su participación en investigaciones que involucran a Estados Unidos e Israel.
El 20 de agosto, el secretario de Estado en Washington, Marco Rubio, anunció medidas de su país contra dos jueces de la corte, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolas Guillou, así como contra dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y la senegalesa Mame Mandiaye Niang.
El despacho de Rubio decidió sancionarles por “su participación directa en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a nacionales de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”.
Las sanciones implican que los magistrados encaran el bloqueo de activos que pudieran tener en Estados Unidos, y la prohibición de transacciones, incluida la recepción de fondos, de parte de ciudadanos o entidades estadounidenses.
La CPI reaccionó con un enérgico comunicado en el que denunció “un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial, establecida por 125 Estados Partes de todas las regiones”.
Dijo la corte que las sanciones no solo constituyen un ataque a sus jueces, sino también “una afrenta a los Estados partes de la Corte, al orden internacional basado en normas y, sobre todo, a los millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.
Las medidas de Washington son parte de la política internacional desplegada por el presidente estadounidense Donald Trump, en la cual destaca su decidido respaldo a las actuaciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la conflictiva situación en el Medio Oriente.
Los jueces sancionados esta semana participan de investigaciones sobre crímenes que habrían cometido militares estadounidenses en Afganistán, y los fiscales han actuado en las indagaciones sobre las responsabilidades de Israel en el conflicto en curso en los territorios palestinos.
Las recientes sanciones se suman a las ya impuestas a otros cuatro jueces de la CPI y a su fiscal, Karim Khan, quien emitió una orden internacional de arresto contra Netanyahu en noviembre de 2024, para que responda acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la palestina Franja de Gaza.
Khan ha estado apartándose de sus funciones, a la espera del resultado de una investigación administrativa en su contra por presunta mala conducta en relación con las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado hacia una empleada, acusaciones que niega el fiscal.
La CPI no se mostró intimidada por las medidas de Washington, y afirmó en su declaración que “seguirá cumpliendo su mandato, sin inmutarse, en estricto cumplimiento de su marco jurídico, tal como lo adoptaron los Estados partes, y sin temor a ninguna restricción, presión o amenaza”.
El texto exhortó a “los gobiernos que comparten los valores de la humanidad y el Estado de derecho” para que brinden “un apoyo firme y constante a la Corte y a su labor, realizada exclusivamente en beneficio de las víctimas de crímenes internacionales”.
Desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, insistió este jueves 21 en que “la incesante escalada de represalias de Estados Unidos contra las instituciones internacionales y su personal debe cesar”.
“Sancionar a jueces y fiscales -ya sea que trabajen a nivel nacional, regional o internacional- por cumplir con sus mandatos de conformidad con las normas del derecho internacional constituye un atentado contra el Estado de derecho y socava la justicia”, afirmó Türk.
Solicitó igualmente el retiro completo de las sanciones contra jueces y fiscales, así como contra la relatora especial de la ONU sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien también fue sancionada por Washington el mes pasado.
La CPI, creada a iniciativa de la Asamblea General de la ONU y en funciones desde 2002, se rige por el Estatuto de Roma y tiene como misión juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Aunque 125 Estados son partes del Estatuto -la mayoría de los de América, Europa, África y Oceanía- no lo son países como Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Iraq.
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