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Danny Vargas Serrano
Y me duele por que es un discurso que confunde a la población, que quieren normalizar un discurso de justicia relativa, que es buena la justicia solo cuando me beneficia y no cuando se me cuestiona.
Y acá no puedo dejar que la ignorancia se siga esparciendo:
- La acción penal llevada a cabo por el ministerio público en el caso de la CCSS es validada por un juez de la República, por ende, es una acción que goza de garantías procesales y por lo tanto decir que lo realizado es una acción abusiva de la fiscalía, es desconocer el sistema jurídico costarricense.
- Al atacar las actuaciones se esta atacando al sistema de justicia como un todo, lo cual es gravísimo, ya que pone en duda a la justicia misma.
Como abogado me quedo perplejo de ver como se ataca al ministerio público, señalando que las acciones de la fiscalía son absurdas y que se ve persecución y abuso de poder, imagino en todo caso que quisieron decir abuso de autoridad.
“Lo cierto es que el ejercicio de la acción penal publica en nuestro país es resorte del ministerio publico y lo hecho hoy, validado por un juez de la República, no es un abuso de poder como alegremente se ha dicho, es una facultad de ley. No es cierto además que el delito principal que se investiga sea prevaricato. Claramente dijo el ministerio público y el OIJ, trafico de influencias (2-5 años de prisión) e influencia en la hacienda publica (2-8 años de prisión). Tampoco es cierto que para prevaricar se requiera que la resolución administrativa dictada, haya sido declarada de forma previa, ilegal. La norma, 357 del código penal, establece el dictado de una resolución, contraria a la ley o fundada en hechos falsos. Punto. el análisis ampliado que circula y que ha sido validado por el comunicado de prensa, pretende hacer creer otra cosa. Lo cierto es que una vez más el poder ejecutivo interfiere, cuestiona, ataca y estorba la función del poder judicial, una gravísima intromisión de poderes que no ha tenido límite en los últimos dos años”.
En épocas donde el crimen organizado, el sicariato, el narcotráfico se impone, flaco favor hace la ministra de la presidencia socavando la credibilidad del ministerio público, y por ende del poder judicial en general.
Ahora vemos algunos comentarios ayunos de contenido jurídico, y que elevan el principio de inocencia a su máxima expresión. pero recordemos que tan valido e importante es ese principio, como también lo es el principio de independencia del ministerio publico y de independencia del juez.
En el debido proceso constitucional no hay principios que estén por encima de otros todos los principios, todos conforman una sola unidad que se convierten en garantía sagrada para todos los ciudadanos. Pero discursos incendiarios pareciera que pretenden desmembrar ese debido proceso y solo resaltar el principio de inocencia.
Reitero que hoy es un día triste, cuando uno ve autoridades políticas haciendo mofa de procedimientos constitucionalmente validos, es triste ver que esas autoridades no desmienten los hechos investigados, lo que hacen es recurrir a archivo histórico de casos de corrupción.
Como si eso solucionara algo.
Es doloroso ver la estrategia de comunicación del ejecutivo, ante un caso de corrupción en lugar de ponerse a las ordenes del ministerio público, y denunciar la corrupción, lo que hacen es hacerse la víctima y decir que el ministerio público los persigue y que no los dejan gobernar.
De verdad que es un discurso perverso y cínico:
- Ante la ineficiencia atacan, que el poder legislativo de no dejan gobernar.
- >Ante la inoperancia atacan a la Contraloría General de la República.
- Y ahora ante la presunta corrupción en la CCSS atacan al ministerio publico, se hacen la victimas.
Un dato histórico y curioso, en las ultimas 5 administraciones hubo investigaciones de casos de corrupción. pero lo relevante es que, en todos, en absolutamente todos el gobierno respeto la actuación del ministerio público, y se puso a la orden y al servicio de la justicia.
Y mas allá de esto, en todos esos casos los implicados afrontaron con hidalguía, valentía y honor las acusaciones, creyendo en el sistema de justicia nunca atacándolo. Y defendiéndose como en derecho les asistía.
Estamos en presencia del primer caso de corrupción que un gobierno acuerpa públicamente y se victimiza. A este momento no he visto una sola declaración por parte del ejecutivo desmintiendo las acusaciones, o al menos cuestionándolas, han invertido todas sus energías en golpear al ministerio público, no he escuchado a ninguna autoridad del ejecutivo poniéndose a disposición para ampliar los hechos.
– Diputado
